Estados Unidos vive una epidemia de desahucios. Según la base de datos creada por unos investigadores de la Universidad de Princeton, en 2016, un total de 2,3 millones de personas fueron expulsadas de sus viviendas. El epicentro de la epidemia tiene un nombre claro: el estado de Virginia, que tiene el triste honor de ostentar la ratio más elevada de desahucios del país, un 5,12 por ciento, más del doble que la media nacional. Esto es: que cada año, cinco de cada cien viviendas reciben una orden de desalojo. Por este motivo, el senador demócrata de ese estado Tim Kaine, junto con otros dos senadores de Maryland y New Hampshire, han tramitado una propuesta de ley nacional para tratar de taponar este suicidio social en el país.

Los datos de Virginia son escalofriantes: para un estado con una población similar a la de Andalucía (8,5 millones de personas), cada año más de 50.000 personas son expulsadas de sus viviendas. Es decir, casi los mismos que en toda España (59.671, según datos del Consejo General del Poder Judicial). Estas cifras provienen del Laboratorio de Desahucios de la Universidad de Princeton, quienes en mayo del año pasado lanzaron la primera base de datos en Estados Unidos sobre este problema.

“Sabíamos que los desahucios son un problema enorme pero no teníamos una base de datos nacional al respecto. Es como no saber cuántos accidentes automovilísticos o casos de cáncer hay cada año. Es importante saber qué ciudades tienen el mayor y el menor nivel de desahucios y aprender qué está ocurriendo y por qué. Hemos estado diseñando políticas en la oscuridad”, explica en la web del laboratorio su director, Matthew Desmond, quien en 2017 ganó el premio Pulitzer de no-ficción con su libro Desahucio. Desmond no ha podido realizar declaraciones a Público precisamente al estar tramitándose en estos momentos la ley sobre la materia, en la que él está implicado.

Vinculado a este centro de investigación se encuentra el Laboratorio de Desahucios de Richmond, la capital de Virginia. Dicha ciudad ostenta el segundo puesto en Estados Unidos en cuanto a la ratio de desahucios: entre 2000 y 2016, el 11 por ciento de las viviendas de Richmond recibieron una orden de desalojo.

“En general, estamos hablando de desahucios por impago del alquiler, no de hipotecas”, especifica a Público Benjamin Teresa, investigador del centro y autor de un estudio sobre los desahucios en Richmond. “Hay mucha más gente que alquila viviendas ahora que en los últimos 40 o 50 años debido a la crisis y al alza de los precios, de forma que alquilar no sólo es la opción de las familias con pocos ingresos o de la clase trabajadora, sino que viene a ser cada vez más la única opción para todo el espectro de la clase media”, alerta.

La paradoja es que los malos datos en cuanto a desahucios de Richmond (223.000 habitantes, 1,2 millones en el área metropolitana, a unos 120 kilómetros de Washington) contrastan con el hecho de que la capital de Virginia es la sede de nueve de las 500 compañías más grandes del país; sólo cinco áreas metropolitanas albergan más empresas de entre las 500 compañías de mayor tamaño. Sin embargo, algunos barrios en Richmond tienen una tasa de desahucio del 33 por ciento.

Uno de los problemas intrínsecos de Virginia es que “su ley sobre desahucios es muy débil y protege sobre todo al propietario y casi nada al inquilino”, añade la directora del laboratorio, Kathryn Howell. “Entre otros elementos, da un período muy corto para responder a un aviso de desahucio y tiene una redacción que a veces no es clara, lo que hace que, ante cualquier discrepancia, la solución sea ir a juicio y eso tiene unos costes asociados que mucha gente no puede afrontar”, añade Howell.

“Todo esto”, continúa Howell, “combinado con la carencia de vivienda asequible y de financiación pública de este tipo de vivienda, es demoledor para las personas con ingresos bajos o medios”. “Esa escasez de vivienda hace que muchas veces las familias tengan que destinar el 30, el 40 y hasta más del 50 por ciento de sus ingresos al pago de un alquiler y así, al menor contratiempo, como una reparación en la vivienda o una factura médica, no pueden pagar ese mes”, concreta Teresa.

Eso sí, la ley en Virginia es clarísima en cuanto a la rapidez en la ejecución de un desalojo: tras una denuncia del propietario, se ordena en apenas seis semanas y a los inquilinos no se les proporciona una representación legal. Además, al contrario que en capitales cercanas como Washington, no hay ninguna regulación sobre el precio del alquiler.

Pero hay más. En su investigación sobre Richmond, Teresa descubrió, contra toda lógica aparente, que no había un patrón que relacionara siempre los barrios con menos ingresos con los que más desahucios tenían. “Había un esquema de segregación racial y discriminación en prácticas de alquiler que hacen más difícil alquilar a una familia afroamericana, especialmente si se trata de una mujer negra soltera”, explica Teresa.

Una ley nacional para taponar la epidemia

Para tratar de detener de algún modo esta sangría, tres senadores demócratas de Virginia, Maryland y New Hampshire, presentaron en septiembre una propuesta de ley federal sobre desahucios. Uno de sus promotores es, precisamente, el senador de Virginia Tim Kaine: “Richmond, Hampton, Newport News, Norfolk and Chesapeak están entre las ciudades de Estados Unidos con un índice más elevado de desahucios. El desalojo de una familia se puede producir simplemente por la llegada de un coste inesperado, como una reparación del coche o una factura médica, que impide a la familia el pago del alquiler”, denuncia.

“Como abogado de derechos civiles en Richmond, he visto de primera mano lo que un desahucio hace a las familias y todo el esfuerzo que después tienen que hacer para seguir teniendo un futuro. Si podemos dar a las familias otra oportunidad de pagar el alquiler antes de que se vean en la calle, tenemos que hacerlo”, sostiene.

Una portavoz de Kaine sostiene que, “puesto que las causas de los desahucios son muy variadas, la ley propuesta señala la necesidad de aplicar diferentes enfoques y medidas para resolver el problema de los desahucios”. Entre dichas acciones, se encuentran, en primer lugar, el impulso a la construcción de vivienda asequible y la lucha contra la discriminación; en segunda instancia, ya como medidas más concretas, la norma propone la creación de un seguro de alquiler, que podría ser público.

El equipo de Kaine se basa en un estudio de 2014 titulado del Urban Institute de Estados Unidos, titulado Una demostración del subsidio de alquiler para familias con ingresos muy bajos. En este trabajo, se menciona que la idea de un subsidio público para el alquiler no es puramente nueva: “Ya ha sido propuesta en 2011 por Brendan O’Flaherty, un economista de la Universidad de Columbia. [O’Flaherty] defiende un sistema público de seguros para el pago del alquiler, que tendría dos consecuencias: primero, reduciría el número de personas que vive en la calle; segundo, un sistema de seguros público para el pago del alquiler incrementaría la eficiencia del mercado de alquiler de vivienda”.

Manifestantes contra los desahucios en San Francisco./ Reuters

Según la propuesta del economista de Nueva York, el método empleado por los propietarios para analizar si un inquilino será o no buen pagador se basa en establecer un depósito, calcular sus ingresos mínimos o tener avalistas. Sin embargo, todo esto “incrementa los costes del alquiler y no tienen ningún beneficio social. Sólo ayuda a que los inquilinos con más riesgos de no pagar acaben en otro propietario con mayor necesidad de alquilar y además crea una carga enorme al prevenir a muchos propietarios de alquilar o de poner su vivienda en alquiler a un precio de mercado”.

De este modo, la portavoz de Kaine señala que “la norma nacional ordenará al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano estudiar el potencial de dicha medida y realizar un proyecto piloto para evaluar sus resultados reales, a partir de los cuales el Congreso votaría su aplicación”. Sobre cuándo la ley podría ser votada y aprobada, la portavoz de Kaine señala que, puesto que aún está en una fase muy inicial, “es difícil de decir. A veces una propuesta puede lograr ser votada muy pronto, en cuestión de semanas o meses; y otras veces, toma mucho más tiempo para ganar apoyos”.

En cualquier caso, la necesidad apremia. La tasa de desalojos en Estados Unidos, que alcanzó su pico en 2006 (3,13 por ciento), se ha mantenido más o menos estable desde 2000 (siempre por encima del 2,3 por ciento). Desde 2002 cada año más de dos millones de personas son expulsadas de sus casas. En 2006 y 2011 ese dato subió a casi dos millones y medio de ciudadanos. Si hubieran fundado una ciudad, sólo Nueva York, Los Ángeles y Chicago habrían estado más pobladas.