Aurelia García Cruceño, la joven indígena acusada de asesinar a su hijo después de sufrir un aborto involuntario, ha abandonado la prisión de Igualada este martes, en el estado mexicano de Guerrero, tras tres largos años luchando por su inocencia pese a las trabas lingüísticas y las acusaciones insustanciales de las Fiscalías, según informaciones de El País.

La jueza que llevaba el caso de García Cruceño ha considerado que las pruebas presentadas contra ella por la Fiscalía General del Estado no eran decisivas para sentenciar a la joven por "homicidio en razón de parentesco" tras haber abortado involuntariamente a sus 20 años. "La jueza la acaba de liberar. Fue sentencia absolutoria", escribía la abogada de la joven, Verónica Garzón, activista perteneciente al Instituto Mexicano de Derechos Humanos. 

Aurelia vivía en Iguala con su tía después de abandonar su pueblo por las claras sospechas de que el hombre de 50 años que había abusado de ella repetidas veces la había dejado embarazada a los 19 años. La joven, residente en Xochicalco, una comunidad indígena del estado de Guerrero, nunca denunció los abusos ni al agresor, un policía del estado, por miedo a las represalias de su familia y de su comunidad por haber quedado embarazada fuera del matrimonio, según trasladaron al juzgado seis organizaciones internacionales por la defensa de los derechos humanos. 

Sería cuatro meses después, el 2 de octubre del 2019, cuando Aurelia sufriría el aborto que casi le quita la vida y por el que tuvo que ser trasladada al hospital por un "choque hipovolémico" por la gran pérdida de sangre. Cuando despertó, la joven indígena se vería esposada a la cama del hospital, acusada de haber asesinado a su hijo sin siquiera haber dado a luz. "¿Por qué la mataste?", le preguntaba el personal médico a la joven aturdida, sostienen desde El País.

Los abogados que debían defender su inocencia insistieron para que aceptara una pena de 13 años de cárcel con tal de evitar los 50 que le caería por el delito, todo en un idioma que ni siquiera entendía. Porque Aurelia no recibió la ayuda de intérpretes que le tradujesen a su lengua materna, el náhuatl, aceptando términos que nunca entendería y provocando su entrada a prisión como a muchas otras personas de comunidades indígenas que no comprenden el español.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) despenalizó el aborto el pasado año, pero no sería impedimento para que las fiscalías de los estados mexicanos buscaran fórmulas (como la acusación de delitos como la omisión de cuidados, el infanticidio o el ya nombrado homicidio en razón de parentesco) para poder condenar una práctica que ya ha encarcelado a unas 200 mujeres de México, dato que sostiene Verónica Cruz, directora de Las Libres, según informan desde El País.

Tras apelarse su condena, se obligó a repetir el juicio por claras violaciones en el proceso, lo que condujo a que la jueza determinase que la joven fue "forzada a aceptar su responsabilidad" porque nunca se le explicó "en su idioma, de manera clara y sin tecnicismos, las consecuencias", sufriendo en el proceso penal una incomprensión de sus derechos y su situación ante la ley, algo que sucede con la mayoría de los 8.400 presos internados, según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Aurelia ha tenido que aprender español. "En estos tres años en la prisión aprendí a hablar español. Ahora quiero estudiar y lograr mis sueños", sostuvo ante las cámaras de televisión, apuntando: "Muchísimas gracias por vuestro esfuerzo y les deseo lo mejor". La joven, tras su paso por la cárcel, se lanza a estudiar para ser maestra bilingüe y enseñar a los niños indígenas que hablen su lengua.