Informantes y periodistas denuncian ante la Eurocámara su desprotección ante Gobiernos y empresas

BRUSELAS.- Hervé Falciani fue condenado a 5 años de prisión por filtrar una lista de defraudadores; Bradley Manning, a 35 por los documentos diplomáticos y militares de Estados Unidos con los que proveyó a Wikileaks; Raphaël Halet y Antonine Deltour, a un año y nueve meses por el caso Lux Leaks… Quienes revelan información, incluso cuando ésta es de interés público, lo pagan caro. Sobre cómo promover una legislación europea para proteger a los informadores han hablado hoy periodistas, activistas, expertos y los propios afectados en el Parlamento Europeo.

Rudolph Elmer trabajó durante años para una filial del Julius Baer Bank, un banco suizo, en las Islas Caimán. Tras ser despedido en 2002, se dedicó a luchar contra el secreto bancario en el que se amparan actividades ilegales que van desde la evasión de impuestos hasta la financiación del terrorismo, pasando por el blanqueo de dinero. Y desde que comenzó su lucha, su vida se convirtió en un infierno.

Fue acusado de violar el secreto bancario suizo y la fiscalía pidió para él cuatro años de prisión. Sus familiares fueron también perseguidos y acosados. La presión a la que fue sometido fue tal que llegó a ser ingresado en un centro psiquiátrico y pensó incluso en suicidarse. Hoy, recuperado, sigue luchando desde la política y ha denunciado ante la Eurocámara, no solo la persecución que sufrió sino, además, lo solo y desprotegido que se vio durante el proceso: “Cuando alguien trata de sacar esto a la luz, esa persona es sacrificada para evitar que otros se atrevan a informar después”.

El caso de Elmer no es el único, otros como Eric Ben Artzi o Jonathan Sugarman, que destaparon prácticas ilegales de los bancos para los que trabajaban, Deustche Bank en Estados Unidos y Unicredit en Irlanda respectivamente, perdieron su empleo y vieron su carrera arruinada. Sugarman, que lleva nueve años en el paro, explica que el Banco Central Irlandés ignoró su denuncia sobre las irregularidades cometidas por la filial de Unicredit que dirigía, mientras otras entidades irlandesas eran rescatadas y eran los ciudadanos quienes pagan las consecuencias con las duras medidas de austeridad.

Jonathan Sugarman: “Me amenazaron con enviarme a la fiscalía, a mí por denunciarlo y no al banco que cometía el delito”

Sugarman denuncia que quienes tienen el coraje de hacer públicas estas actividades son amenazados verbal y oralmente, pero lo peor, insiste, es el silencio. Éste exbanquero describe la absoluta indefensión y la injusticia de su caso e insiste en que los Estados deberían ser procesados en este tipo de casos: “Me amenazaron con enviarme a la fiscalía, a mí por denunciarlo y no al banco que cometía el delito”. El exdirigente de Unicredit insiste en que no es solo una cuestión de promover nuevas leyes sino hacer que las que existen, se cumplan.

Sin embargo, para Raphaël Halet, uno de los denunciantes del caso LuxLeaks, hasta ahora, “las normas benefician a las multinacionales y no protegen ni a los informantes, ni a los ciudadanos, ni al interés general”. Es por eso que Halet defiende la necesidad de aunar fuerzas y trabajar en una legislación europea que pase de las palabras a los hechos y asegure la protección de los informantes.

En el Estado español, denuncia Carl Donal, director de Transparency International, no existe ningún tipo de legislación que proteja a los informadores. A pesar de las presiones de diversas organizaciones internacionales, España sigue sin trabajar para solventar esta situación. Donal ha querido recordar la actual situación de Ana Garrido, quien destapó la trama Gürtel, y que ha sido perseguida sistemáticamente.

José María Mollinedo (Gestha): "6.000 técnicos han visto frenado el desarrollo de su carrera; casi la mitad del colectivo ha sido advertido de sanción disciplinaria y cerca de 200 personas han recibido una sanción relacionada con estas denuncias"

José María Mollinedo, secretario general del Gestha (Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda) ha expuesto ante la Eurocámara la represión que han sufrido los trabajadores que han denunciado prácticas irregulares del ministerio, como la manipulación de la cifra de déficit en 2012. Según Mollinedo, alrededor de “6.000 técnicos han visto frenado el desarrollo de su carrera; casi la mitad del colectivo ha sido advertido de sanción disciplinaria y cerca de 200 personas han recibido una sanción relacionada con estas denuncias”.

Carlos Enrique Bayo ha relatado el acoso al que tanto él como 'Público' fue sometido tras la publicación de las grabaciones al exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz

También en España la impunidad del acusado y la criminalización del delator es un grave problema. Carlos Enrique Bayo, periodista de este diario, ha relatado ante el Parlamento Europeo el acoso al que tanto él como el propio medio fue sometido, tras la publicación de unas conversaciones entre el ya exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz y el entonces director de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso. “El ministerio nos dijo que nos iba a procesar, a mí personalmente y a todo el periódico, y de hecho envió policías al periódico para intentar conseguir las grabaciones sin orden judicial”, explica Bayo.

El periodista denuncia que tras estudiar el Tribunal Supremo las grabaciones, en las que se demuestra el “uso del poder ejecutivo contra rivales políticos”, no se constató delito alguno. Sin embargo, la investigación para determinar quién filtró las grabaciones sigue abierta. Bayo ha destacado el papel del periodista en la defensa del anonimato de esta fuente que, de otro modo, se abstendría de informar por miedo a poner en riesgo su vida y la de su familia.

Quienes informan sobre casos de corrupción o delitos fiscales, a menudo lo hacen poniendo en riesgo su vida personal y profesional, tal y como explica el eurodiputado de Syriza Stelios Kouloglou. A día de hoy, varias iniciativas europeas trabajan para lograr una legislación que proteja a estos informantes.

El grupo de los Verdes en la Eurocámara, que ha creado un portal de denuncias anónimas (EUleaks), también trabaja en una iniciativa para la defensa de los informadores

Uno de los casos de referencia es la Casa de los Informadores de Países Bajos, una institución creada gracias al impulso de informadores, investigadores y expertos y a la implicación de la cámara baja del país. Gerrit de Wit explica que se trata de una organización completamente independiente que provee a los denunciantes con asesoramiento práctico y legal pero también asistencia psicológica y social, en caso de que sea necesaria. Muchos de los informantes, explica De Wit, se ven obligados a cambiar de trabajo ya que las filtraciones suelen estar relacionadas con su entorno laboral. Además, lidian con problemas psicológicos derivados del estrés al que se ven sometidos.

A pesar de la falta de implicación de la Comisión Europea, poseedora de la iniciativa legislativa, que dice no encontrar base jurídica para legislar sobre el tema, desde el Parlamento Europeo se preparan varias iniciativas. Por un lado, Dennis de Jong ha destacado la capacidad de la UE para actuar dentro de su ámbito de responsabilidad: los casos de corrupción que afecten a fondos y subvenciones comunitarias.

Por otro lado, el grupo de los Verdes en la Eurocámara, que ha creado un portal de denuncias anónimas (EUleaks), también trabaja en una iniciativa para la defensa de los informadores. “Tenemos una propuesta con una base jurídica que no es perfecta pero sí es viable que redunde en el beneficio común y de los denunciantes”, defiende el eurodiputado Sven Giegold que confía en contar tanto con el apoyo de la Comisión como del Consejo. Esta iniciativa incluye una definición de informador y varias medidas para su defensa, como la inversión de la carga de la prueba, la protección frente a la persecución judicial el acoso, multas en caso de violación de la directiva o la creación de un fondo social de apoyo a los informadores.

Los expertos coinciden en que el derecho a la información es básico para la construcción de una democracia sana y fuerte. La Unión Europea debe trabajar para proteger la libertad y la seguridad de quienes trabajan en defensa del interés general.