“¿Cómo puedo comer, cómo puedo dormir cuando mis hijas no tienen comida y no pueden dormir porque sueñan que Daesh vendrá a llevárselas?” Este testimonio de un refugiado que espera la reunificación familiar en Irlanda, recogido por el Consejo de Europa, ilustra la actual situación en la Unión Europea para miles de personas. El Comisario de Derechos Humanos de la institución, Nils Muižnieks, ha presentado un informe que denuncia las malas prácticas y el endurecimiento de la legislación relativa a la reunificación familiar en Europa.

El derecho a disfrutar de la vida familiar, los derechos del niño, a la no discriminación… todos recogidos en diversos textos firmados por los 28 Estados miembros sientan las bases jurídicas en las que se apoya el derecho a la reunificación familiar. En la Unión Europea es la directiva sobre el derecho a la reunificación familiar de 2003 la que establece un acuerdo de mínimos.

El informe que presenta el Consejo de Europa, elaborado por investigadores de varias universidades europeas, y que no solo analiza a los miembros de la UE, toma esta legislación como referencia para analizar en la práctica si la Unión la aplica correctamente. Y según se desprende del análisis, no lo hace. “Los Estados miembros tienen la obligación legal y moral de garantizar la reunificación familiar” insiste Muižnieks que llama a los gobiernos a “levantar los muchos obstáculos a la reunificación familiar y tratar a todas las personas que buscan protección por igual”.

El informe de Nils Muižnieks identifica esencialmente tres problemas: en primer lugar que la legislación europea es extremadamente rígida y a veces resulta casi imposible cumplir con los requerimientos establecidos; en segundo, que esa legislación se ha restringido incluso más durante la llamada crisis de los refugiados que comenzó en 2015 y en tercero, que se aprecia una gran discriminación creciente entre quienes obtienen el estatus de refugiado y quienes son objeto de protección subsidiaria.

Una niña de un año sonríe sentanda con su madre en el campo de refugiados de Souda, en Grecia. "Estoy devastada porque en estos momentos no puedo solicitar reunificación familiar porque tengo que esperar a que mi esposo reciba los papeles de asilo. Me siento deprimida, pero tengo que seguir adelante por mis hijos", explica la madre. REUTERS/Zohra Bensemra

La discriminación en función del tipo de protección

La diferencia entre un refugiado y una persona objeto de protección subsidiaria estriba en que en el primer caso existe una persecución específica –por razones políticas, sociales, religiosas, de orientación sexual…- y en el segundo, la vida de la persona está en peligro en su país debido a un conflicto violento generalizado. Según el informe, países como Hungría, Grecia, Chipre, Suecia o Finlandia han modificado su legislación o introducido cambios temporales que endurecen los criterios exigidos para la reunificación familiar a los refugiados. Esto es especialmente preocupante en las personas que obtienen la protección subsidiaria.

Alemania, por ejemplo, amplió hasta dos años el plazo hasta poder pedir la reunificación. En el momento en que se adoptó la medida, la mayoría de los solicitantes de asilo estaban siendo reconocidos como refugiados. Una vez que la nueva restricción a la reunificación familiar entró en vigor en marzo de 2016, se produjo un fuerte aumento de las concesiones de protección subsidiaria.

Suecia es uno de esos países que introdujo una modificación temporal, que afecta a aquellos que presentaran su solicitud de asilo después de noviembre de 2015, y que estará vigente hasta julio de 2019. Dicha modificación excluye a las personas que han obtenido la protección subsidiaria del derecho a la reunificación familiar. Una decisión que formaba parte de un paquete de medidas para tratar de reducir el número de demandantes de asilo en el país por la crisis pero que no ha desaparecido tras reducirse la presión migratoria.

La situación de los menores y la definición de núcleo familiar

Según cifras de ACNUR, un 50% de los refugiados en el mundo son niños. Muchos de ellos viajan solos en busca de refugio con la esperanza de traer a sus padres una vez estén en un lugar seguro. En general, los países europeos reconocen el derecho a la reunificación familiar a los menores no acompañados pero no sin algunos problemas.

La mayoría de las legislaciones solo reconocen el derecho de esos chavales a reunirse con sus padres, lo que excluye, por ejemplo, a otros hermanos. Esto lleva en muchas ocasiones a la separación traumática de las familias. Además, el informe pone en tela de juicio los análisis médicos para determinar la edad de los demandantes de asilo, que muchas veces son extremadamente violentos y suponen un agravio para quienes sufren el ya de por sí traumático exilio. Por si esto fuera poco, muchas veces el proceso es tan largo que cumplen los 18 sin haber concluido el tratamiento de la solicitud y algunos Estados miembros, los excluyen pues dejan de ser reconocidos como menores.

Aanoud, 47, se sienta frente a su refugio en el campo de refugiados de Souda, en Grecia. Su marido migró a Alemania hace dos años y ella solicitó la reunificación familiar, pero sólo dos de sus cuatro hijos fueron aceptados. "Sigo esperando a la decisión final, pero no quiero dejar al resto de mi familia atrás", dice llorando. REUTERS/Zohra Bensemra

Cuando se trata de refugiados adultos que quieren reunirse con sus padres, la situación se vuelve mucho más complicada. En general, deben demostrar que existe una relación de dependencia, fundamentalmente económica, incluso cuando a veces esa misma relación se ha roto precisamente a causa del conflicto que los mantiene separados. España, por ejemplo, que antes no pedía justificar dependencia alguna, ahora exige lazos económicos, y Hungría, que el refugiado demuestre que puede mantener a sus padres, lo cual es prácticamente imposible en la mayoría de los casos.

En general, cuando se habla de núcleo familiar, la definición es muy limitada y solo tiene en cuenta a los familiares más cercanos –padres, hijos y cónyuges-. Además, en muchos casos solo se reconoce a parejas casadas o producto de una unión civil. Esto excluye, por ejemplo, a parejas LGTBI que huyen de países en los que su situación es ilegal o simplemente no tienen derecho al matrimonio. Croacia, de hecho, no reconoce el derecho a la reunificación familiar a parejas del mismo sexo.
El informe destaca también que la mayor parte de los países distinguen entre las familias formadas antes y después del exilio. Esto, entiende el Consejo de Europa, ignora una realidad creciente: las personas que huyen pueden llegar a tardar años en alcanzar el país de refugio y en el camino establecen relaciones. El texto insiste en que “una familia formada en el país de asilo sigue siendo una familia a efectos de los derechos humanos”.

Por otro lado, ACNUR recomienda que las familias, una vez aceptada la reunificación, tengan el mismo estatus de protección que la persona que introdujo la solicitud, para beneficiar su integración en el país de acogida. Sin embargo, debe evitarse una dependencia entre la relación de los miembros de la familia y su estatus jurídico. Esto es particularmente importante en el caso del matrimonio pues cuando existe dicha dependencia, las mujeres que por ejemplo sufren violencia machista se niegan a denunciar por miedo a perder la protección y ser deportadas.

Barreas económicas y administrativas

Hay varias barreras administrativas que dificultan enormemente el acceso a la reunificación familiar. En primer lugar, que el plazo para presentar la solicitud muchas veces es extremadamente corto desde que se concede el asilo o la protección a esa persona. En Hungría, por ejemplo, es de tres meses. Recopilar los documentos necesarios resulta muy complicado. Además, ya que algunos países exigen que sean oficiales, esto puede llevar a situaciones de peligro si los refugiados o sus familias deben interactuar con las mismas autoridades por las que son perseguidos. ACNUR insiste además en que la sola razón de que no haya suficientes documentos que demuestren la relación no puede ser la única justificación para el rechazo de la solicitud y pide flexibilidad a los países.

Muchos de los documentos que se exigen suponen un alto coste económico que estas personas, en una situación de vulnerabilidad importante, no se pueden permitir. En el caso de Bélgica, por ejemplo, los demandantes de asilo pueden llegar a gastar hasta 500 euros solo en el proceso administrativo. Además, la mayor parte de los países no se hacen cargo de los gastos de traslado y la gestión de los documentos de viaje de las familias, una vez su solicitud es aceptada. Son donaciones u ONG las que en muchos casos acaban sufragando el viaje, si el refugiado no puede pagarlo.

Otra cuestión preocupante para Estrasburgo es el retraso en la decisión que puede suponer meses o incluso años de espera. Esto implica un estrés añadido para la persona en el exilio y un aumento del peligro para la familia, especialmente en zonas de conflicto. Algunos gobiernos, como el de Países Bajos, publicaron comunicaciones insistiendo en la lentitud del proceso de reunificación familiar para tratar de disuadir a los demandantes de asilo.

La importancia de la reunificación para la integración

Tal y como se desprende del texto, “los refugiados y, en particular, los beneficiarios de las formas subsidiarias y otras formas de protección no pueden disfrutar fácilmente de su derecho a la reunificación familiar”. El acceso a este derecho “suele ser limitado” y además, solo es una posibilidad bien para aquellos que no se demoren en presentar la solicitud –lo cual no siempre es posible en una situación de absoluta vulnerabilidad al llegar al país de acogida- o para quienes “están dispuestos a esperar”. El informe denuncia también que muchas veces la barrera de acceso al ejercicio del derecho a la reunificación familiar es económico, pues los costos de la documentación y el viaje son altos.

El Comisario de Derechos Humanos denuncia que el análisis de las políticas europeas ha permitido identificar muchas restricciones introducidas a partir de 2015. Estrasburgo interpreta y critica dichas medidas como un intento de los gobiernos europeos por “disuadir o detener las llegadas”.

El Consejo de Europa urge a los gobiernos a cumplir con sus obligaciones legales y asegurar los derechos de miles de personas refugiadas. Primero porque la separación supone un sufrimiento emocional añadido para personas que han sufrido experiencias traumáticas. Segundo, porque muchas veces la reunificación familiar es la única vía segura y legal de llegada a un país de acogida. Y tercero porque cuando el núcleo familiar está completo, la integración de sus miembros en la sociedad se hace de una manera más fácil y natural. “Para los refugiados que harán de Europa su hogar en el futuro previsible”, concluye el informe, “es urgente una rápida reunificación familiar para permitir su integración y la protección efectiva de sus familias”.