La pantera rosa hizo de macabra e involuntaria presentadora de los horrores. Los terroristas del grupo NSU (Clandestinidad Nacionalsocialista) emplearon este personaje animado para celebrar en un vídeo los atentados cometidos con total impunidad durante casi una década a lo largo y ancho de toda Alemania. Así, los “asesinatos del kebab”, como la prensa los había bautizado, se convirtieron en lo que realmente eran: ataques racistas de una organización de extrema derecha que se mantuvo en la clandestinidad entre 1998 y 2011 gracias al apoyo de confidentes de los servicios de seguridad alemanes.

Poco después de difundir el vídeo, en noviembre de 2011, Beate Zschäpe se entregó a la policía. Cuatro días antes, los otros dos acusados de formar el grupo terrorista, Uwe Böhnhardt y Uwe Mundlos, habían muerto en un aparente suicidio al haber sido descubiertos tras el robo de un banco en Eisenach, una ciudad del Estado federado de Turingia.

La Fiscalía acusa a la NSU del asesinato de ocho personas de origen turco, un griego y una policía alemana. En algunas ocasiones los terroristas dispararon contra sus víctimas, en otras colocaron explosivos. Zschäpe, que antes de entregarse incendió la casa en la que vivió con Böhnhardt y Mundlos en la ciudad de Zwickau, se enfrenta a una pena cadena perpetua, pero no es la única juzgada. El miércoles 11 de julio, la Audiencia Territorial de Múnich dicta sentencia también contra otras cuatro personas. André Eminger, Holger Gerlach, Ralf Wohlleben y Carsten Schulze están acusados de apoyar al grupo terrorista.

En total han sido cinco años de proceso, uno de los juicios más largos y complejos en la historia reciente de Alemania. En la acusación no solo se encuentra la Fiscalía sino también más de 70 familiares de las víctimas, representados por unos 50 abogados. Más de 600 testigos han pasado por la sala y se han presentado informes de todo tipo. Aun así, todavía quedan muchas preguntas sin responder; la principal: “¿Cuánta corresponsabilidad tiene el Estado en estos asesinatos?”.

Sebastian Schamer, abogado de la familia de Mehmet Kubasik, asesinado por la NSU en 2006 en su pequeña tienda de Dortmund, se hace esta pregunta en un encuentro con la prensa extranjera entre la que se encuentra Público. “En todo momento, desde 1998 hasta el final, y en todos los lugares, hubo confidentes que estuvieron en el entorno directo de estas tres personas, Zschäpe, Böhnhardt y Mundlos”.

Una de las mayores incógnitas gira entorno a Andreas Temme, un agente de la inteligencia alemana contratado para espiar los ambientes de la extrema derecha del Estado federado de Hesse. El 6 de abril de 2006 Andreas Temme se encontraba en el cibercafé propiedad de Halit Yozgat, justo cuando el dueño fue asesinado. En un primer momento el agente no informó de haber estado en el lugar del crimen y posteriormente, cuando se descubrió que así había sido, aseguró no haber oído los disparos y que su presencia en el café no fue más que una casualidad.

En el juicio, uno de los testigos de la fiscalía, un policía de la pequeña localidad donde Andreas Temme creció, afirmó que quien después se convertiría en agente encubierto era conocido durante su juventud como “Pequeño Adolf”.

El Parlamento alemán presentó hace un año los resultados de una comisión de investigación respecto a los atentados y la actuación de las autoridades. La conclusión: la agencia federal de inteligencia, la Bundesamt für Verfassungsschutz, había bloqueado sistemáticamente las investigaciones sobre los asesinatos para proteger a los confidentes que tiene en nómina.

Por todo ello, por el caso de Andreas Temme y la relación de otros informantes de las fuerzas de seguridad con los terroristas, los familiares de las víctimas no creen que la sentencia vaya a revelar toda la verdad sobre las conexiones de la NSU.

“Hay otras cuatro personas demandadas, por lo que incluso la Fiscalía cree que el trío tuvo al menos el apoyo de otras cuatro personas. Pero lo que es aún más importante es que hemos visto en el juzgado a 24 individuos que han admitido abiertamente haber tenido contacto con el trío y haberlos apoyado. Estamos hablando de armas, financiación, lugares donde alojarse y documentos de identidad”, declaraba recientemente en una entrevista con la televisión alemana Mehmet Daimagüler, abogado de los hermanos de Abdurrahim Özüdogru (asesinado en 2001 en Núremberg) y de la hija de Ismail Yasar (asesinado también en Núremberg pero en 2005). “Por eso digo que la sentencia de este caso no será capaz de hacer justicia”.

“Familiares estigmatizados”

“Lo más importante para las familias de las víctimas es saber qué ocurrió exactamente”, explica Sebastian Schamer. El abogado recuerda que, “bajo la consigna de que los turcos solo pueden ser atacados por turcos”, las investigaciones de las autoridades pusieron en un primer momento como únicos sospechosos a las propias víctimas y a sus familiares, por unas supuestas e inexistentes conexiones con la mafia turca. Los teléfonos de algunos de ellos estuvieron pinchados por la policía durante meses.

Hasta que Beate Zschäpe no difundió el sádico vídeo de la Pantera Rosa, los “asesinatos del kebab” no fueron considerados más que como algún tipo de ajuste de cuentas entre delincuentes de origen extranjero.

“Las víctimas fueron estigmatizadas”, insiste Schamer, para añadir que en el proceso se han dado muestras de “racismo estructural”.

“No sabemos por qué mi hermano se convirtió en una víctima de la NSU”, declaraba en una entrevista con el diario TAZ el hermano de Süleyman Taskopru, asesinado en Hamburgo en el verano de 2001. “Ninguna familia sabe por qué su padre, su hijo o su hermano fue elegido por la NSU. La sociedad no debe resignarse a vivir con este desconocimiento. Los asesinos nazis no estaban solos”.

Los atentados de la NSU y la posterior investigación han revelado incómodos secretos del funcionamiento del Estado alemán. Escándalo tras escándalo el juicio también se ha convertido en un debate sobre la pervivencia de ideas racistas en la sociedad alemana y la connivencia de ciertas instituciones con elementos neonazis. Diversos colectivos temen que el caso se pueda cerrar en falso y ya hay convocadas protestas, como la de la organización Kein Schlussstrich (Sin punto final), que exige más explicaciones tras el juicio.

El abogado Sebastian Schamer, quien dice no ser partidario de ninguna teoría de la conspiración, sí cree, no obstante, que, tal y como prometió la canciller Angela Merkel, se deberían aclarar todas las incógnitas. El objetivo es lograr una transparencia que evite que algo similar vuelva a ocurrir porque, según Schamer, “una NSU, quizá no con el mismo nombre pero sí con la misma intensidad, es plausible en cualquier momento, si es que no existe ya en estos momentos”.