El Ministerio de Salud de Perú confirmó este viernes que hasta la fecha 20 personas han fallecido y 63 se mantienen hospitalizadas tras las protestas producidas en diversos puntos del país que se recrudecieron este domingo y piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso, entre otras exigencias.

El ministerio detalló en Twitter que, del total de fallecidos, ocho murieron en el departamento de Ayacucho, seis en Apurímac, tres en La Libertad, otro en Cusco, otro en Junín y otro en Arequipa.

En cuanto a los hospitalizados, 26 de ellos se encuentran en Ayacucho, donde este jueves protestantes intentaron tomar el aeropuerto, lo que provocó que militares abrieran fuego contra estos, según puede verse en numerosos vídeos difundidos en redes sociales.

Al respecto, la Dirección Regional de Salud (Diresa) señaló este viernes que "los 410 establecimientos de salud y hospitales de apoyo de la región se encuentran en alerta roja, con el fin de garantizar la presencia del personal, la disposición de insumos médicos y la atención oportuna de los pacientes".

El resto de manifestantes que permanecen en hospitales están en Apurímac (6), Lima (8), Arequipa (3), Huancavelica (1), La Libertad (14) y Junín (5).

Hasta el momento, no se han proporcionado las identificaciones de todas las víctimas, pero al menos dos de ellas eran menores de edad.

El Gobierno de Boluarte decretó este miércoles el estado de emergencia a nivel nacional por 30 días para controlar los actos de vandalismo y violencia cometidos en las manifestaciones y este jueves se decretó el toque de queda en 15 provincias de ocho departamentos.

La presidenta convocó a los líderes de la iglesias católica, cristiana y evangélica para instalar una mesa de diálogo en cada una de las regiones que se han movilizado, para así abrir espacios para llamar a los representantes que encabezan las marchas para escuchar sus demandas y canalizarlas.

Por el momento dos ministros del primer gabinete de Boluarte, que se confirmó el sábado pasado, han dimitido por la represión ejercida para frenar las protestas.

La presidenta asumió su cargo en reemplazo de Pedro Castillo, que fue detenido el pasado 7 de diciembre tras ser destituido por el Congreso luego de que dictara la disolución del Parlamento, anunciara la conformación de un ejecutivo de emergencia, que iba a gobernar por decreto, convocar a una asamblea constituyente y a reorganizar el sistema de justicia.

El juez Juan Carlos Checkley dictó el jueves 18 meses de prisión preventiva para el expresidente, mientras es investigado por los delitos de rebelión y conspiración. Castillo permanecerá durante la prisión preventiva en el penal de Barbadillo, instalado en el mismo cuartel policial donde ahora cumple una condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad el exgobernante Alberto Fujimori (1990-2000).

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) señaló, en un comunicado, que la decisión de que Castillo se mantenga en el mismo lugar en el que cumplió arresto preliminar desde el pasado 7 de diciembre, en el distrito limeño de Ate, se ha tomado "por medidas de seguridad, en salvaguarda de su integridad física personal, por su condición de expresidente de la República".

El exgobernante será investigado como presunto coautor de los delitos de rebelión y conspiración, así como presunto autor de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. La investigación ha sido calificada de "compleja" por el Ministerio Público y tendrá una duración de ocho meses.