Las excusas del Gobierno de Milei para eliminar las políticas feministas

El secretario de Niñez y Adolescencia, Pablo de la Torre, ha asegurado este jueves que la Ley Micaela "es noble pero no ha dado resultado". Esta norma es la que establece la capacitación obligatoria en temáticas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en Argentina. Ahora, el Gobierno ultraderechista de Javier Milei pretende modificarla mediante el proyecto ley ómnibus.

De la Torre, férreo antiderechos, expresó su opinión sobre el tema este jueves ante la Cámara de Diputados, que está tratando a las prisas el paquete legislativo con el que Milei pretende eliminar cientos de derechos históricos y habilitar el negocio de poderosos grupos de empresarios.

"Con respecto a la Ley Micaela, creemos que es una ley noble, pero no ha dado resultado. Tenemos más muertes que antes. Hemos invertido millones, hemos hecho un Ministerio de la Mujer. Nosotros proponemos que (solo) las personas que tienen competencia sobre esos temas se capaciten en forma obligatoria, y que lo demás sea optativo", contestó De la Torre ante la pregunta que le hicieron algunos diputados sobre las modificaciones que el proyecto del Gobierno plantea para esta norma.

"Necesitamos que en Argentina, que de alguna manera tiene un déficit de pobreza estructural muy grande, se consiga poner el dinero donde corresponde", agregó el secretario de Niñez y Familia, quien también ha justificado que en la ley se cambie el término "violencia contra la mujer" por el de "violencia familiar" ya que, apuntó, "la violencia para nosotros no tiene géneros".

"El resultado no se mide solo en feminicidios"

Cecilia Checha Merchán, portavoz de la corriente política y social La Colectiva y exsecretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (que el Gobierno de Javier Milei eliminó al llegar a la presidencia), señaló que Pablo De La Torre está "muy equivocado".

"Él considera que es una ley que no da resultados porque hay más femicidios que antes, cosa que no es real", afirmó Merchán en diálogo con Página 12. Además, siguió la feminista, "el resultado de la Ley Micaela no se mide en cuántos más o menos femicidios hay, sino que se tiene que medir en cuánta capacidad tiene el Estado de ir frenando ese avance de violencia que tenemos en la sociedad hacia las mujeres y las personas LGTBI+".

Según explicó la especialista, la norma también sirve para lograr "que el Estado no sea violento. ¿Qué pasa cuando una mujer hace una denuncia o cuando llega a cualquier espacio del Estado? De qué manera es recibida esa mujer es fundamental para que no vuelva a vivir otra situación de violencia, en este caso una violencia de género institucional".

"Por lo tanto, la Ley Micaela es fundamental para que todo el Estado, en cualquiera de sus áreas, no reproduzca formas de violencia", porque "si nosotros empezamos a evitar todas las formas de violencia, si empezamos a trabajar desde siempre y en todos los ámbitos, ahí sí vamos a frenar los femicidios", planteó la exsecretaria.

Los femicidios, puntualizó Merchán, "no se frenan de un día para el otro, sino que se frenan cuando cambiamos toda una cultura, toda una sociedad y por supuesto una cultura institucional, todo lo que pasa en el Estado. Por eso es tan grave el modo en el que está actuando este Gobierno, negando que la cultura de violencia que tenemos existe".

"Este Gobierno solo habla de las violencias más extremas como si fuera algo que surge de manera esporádica y no dentro de un contexto. Pero no hay violencia extrema que no surja dentro de esta sociedad que es violenta y desigual. Entonces, lo que hace esta gestión es generar esas violencias negándolas, negando la desigualdad de género lo que crea es una negación de las violencias", concluyó Merchán.

Los cambios de la Ley Micaela

La Ley número 2.749, sancionada en 2018 y promulgada en 2019, lleva el nombre de Ley Micaela en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, militante del Movimiento Evita, que fue asesinada por Sebastián Wagner, un hombre que se encontraba en libertad condicional en el marco de una condena de  nueve años por la violación otras dos mujeres.

Actualmente, la norma establece en su artículo primero "la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación".

El proyecto de ley ómnibus enviado por Milei a fines de diciembre del año pasado pretende, entre otras modificaciones, acotar el rango de acción de la norma para que las capacitaciones obligatorias solo alcancen a "las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia".

Críticas de la Fundación Micaela García

El 29 de diciembre de 2023, solo dos días después de que el Gobierno enviara al Congreso el proyecto de ley ómnibus, la Fundación Micaela García, de la que forman parte Néstor Yuyo García y Andrea Lescano, padre y madre de la joven víctima de femicidio, difundió un comunicado denunciando los cambios que la iniciativa legislativa propone respecto a la ley.

"El proyecto intenta modificar seis artículos de la Ley Micaela, pero lo que a nuestro entender es más grave es la modificación del primer artículo, porque afecta el sentido de la norma", alertó el comunicado de la fundación.

"Esta ley se aprobó como respuesta a decisiones de agentes del Estado sin perspectiva de género, entendiendo que el femicidio de Micaela que, como tantos otros se podría haber evitado, si tuvieran una mirada de género", han expresado desde Fundación Micaela García.

"El Juez Carlos Rossi, que dio la libertad condicional a Sebastián Wagner a pesar de tener informes psicológicos que desaconsejaban su libertad, no se desempeñaba en la función pública en un organismo competente en la materia (como explica la modificación de Milei) y, por lo tanto, no estaría obligado a capacitarse en Ley Micaela", advirtió la fundación en ese sentido.

El grupo ha puntualizado que tampoco queda claro "quiénes diseñarán e implementarán los contenidos de la Ley Micaela, que es una herramienta imprescindible para prevenir situaciones graves de violencia, promover ámbitos de trabajo respetuosos y jerarquizar la función pública".

"Creemos en el rol del Estado en la promoción de derechos y la prevención de las violencias. Creemos en la necesidad de trabajar en ese sentido porque la violencia de género no sólo se explica ni se resuelve desde lo judicial, sino en la prevención y el conocimiento que generan las capacitaciones en la Ley Micaela. Si hay un delito o crimen es porque llegamos tarde. Capacitarnos y trabajar en la erradicación de la discriminación y los prejuicios de género es fundamental para vivir en una sociedad mejor y más libre", concluyó la fundación.