El derecho al aborto está en peligro en Estados Unidos. Según un informe filtrado al medio Politico esta semana, el Tribunal Supremo está en disposición de revocar la sentencia del caso Roe contra Wade, de 1973: la decisión judicial que hasta ahora ha garantizado este derecho en los 50 estados que conforman el país norteamericano. Las múltiples aristas que tiene este episodio penden de un eje central palmario: se trata de la última victoria de Donald Trump.

El ya expresidente nombró en sus cuatro años de mandato a nada menos que tres jueces, lo que dejó el Alto Tribunal americano bajo una aplastante mayoría republicana de seis magistrados conservadores frente tres demócratas. Esta situación, además, está llamada a durar muchos años puesto que estos nombramientos se realizan de por vida, lo que limitará cualquier presidencia en manos demócratas, como le está sucediendo en este caso a Joe Biden, inquilino de la Casa Blanca desde enero de 2021.

Para mostrar su postura contra el borrador de opinión del Supremo, el pasado viernes, en Washington, Moira Black, de 87 años, y su hija Sheyla, de 61, ambas de San Antonio, Texas, protestaban a media mañana bajo sus paraguas ante el Alto Tribunal, cuya sede fue completamente vallada el día anterior para protegerla de posibles altercados. Madre e hija, junto a una decena de familiares, portaban un cartel con la siguiente consigna: "Mantened el derecho al aborto".

"Es increíble. Yo era pequeña -dice Sheila- cuando sucedió la sentencia del caso Roe contra Wade que garantizó el derecho al aborto en todo el país. Venimos de ahí. Desde entonces no hemos dejado de luchar para mantener ese derecho, pero los republicanos no han dejado de atacarlo por motivos supuestamente morales. Es bochornoso. El pasado martes, cuando se filtró el documento del Supremo, mi madre me miró y me dijo: Tantos años después volvemos a donde veníamos. Esto es El cuento de la criada. Me parece increíble que estemos viviendo esta situación".

Aunque el texto filtrado esta semana es un borrador de opinión del Alto Tribunal (elaborado por el juez conservador Samuel Alito, designado por George W. Bush en 2006) y pese a que la sentencia definitiva del Supremo no llegará hasta finales de junio o en julio, el marco de la batalla ideológica entre republicanos y demócratas ya está servido: los asuntos de la moral privada. Muchos sectores sociales progresistas temen que tras este ataque al aborto lleguen otros centrados en asuntos como el matrimonio homosexual y otros derechos de las personas LGTBI.

Organizaciones como el Centro Nacional de Derechos de la Mujer (NWLC, por sus siglas en inglés) o el Centro de Planificación Familiar de Washington han cargado duramente contra el Tribunal Supremo. Anna Rodriguez, jurista de la NWLC, acusa a Alito de revelar un "amplio desprecio por el derecho al aborto. La eliminación completa de este derecho va al núcleo de la autonomía corporal, la igualdad y la dignidad de las personas capaces de quedar embarazadas. Alito ha comparado este caso con los de Plessy contra Ferguson, un caso que mantuvo la segregación racial en los Estados Unidos y dejó una marca vergonzosa en la jurisprudencia de nuestra nación".

El Centro de Planificación Familiar alertó en un comunicado de que "las consecuencias de revocar la sentencia del caso Roe serán devastadoras. Las generaciones anteriores a la nuestra han luchado incansablemente para obtener y proteger los derechos que tenemos hoy. Seguiremos luchando para asegurar que todas las personas tengan el poder de controlar sus propios cuerpos, vidas y futuros".

Otros derechos en peligro

Aunque el juez Alito insiste en su texto en que toda su argumentación se refiere sólo al derecho al aborto, la profesora de derecho de la Universidad de Nueva York Melissa Murray ya alertó el pasado jueves al medio progresista Vox de que el documento del magistrado conservador está repleto de referencias a otras sentencias del Supremo como los casos Lawrence contra Texas, una decisión de 2003 que despenaliza la sodomía entre personas del mismo sexo; Obergefell contra Hodges, una decisión de 2015 que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo; o Griswold contra Connecticut, una decisión de 1965 que legalizó el uso de anticonceptivos.

Alito ha subrayado, añade Murray, que "el respeto por el juicio del tribunal se aplica incluso cuando las leyes en cuestión se refieren a asuntos de gran importancia social y sustancia moral. No hace falta ser clarividente para entender esto. ¿Qué cuestiones, además del aborto, tienen esa gran importancia social y sustancia moral? El matrimonio, la anticoncepción y la panoplia de derechos del corazón y del hogar que andan por nuestra vida íntima", explica la jurista.

Del mismo modo se pronunció el jueves el senador demócrata por Illinois Dick Durbin, presidente del Comité de Justicia del Senado: "El matrimonio gay, la actividad sexual consentida entre adultos, la planificación familiar, todos forman parte de la palabra privacidad que Alito no puede encontrar en la Constitución, al igual que no puede encontrar la palabra aborto".

El argumento de Alito en su borrador de opinión es, precisamente, ése: que la Constitución norteamericana nada dice explícitamente del aborto. Según alega el magistrado, la sentencia sobre el derecho al aborto de 1973 fue una decisión mal concebida y profundamente defectuosa que, según su opinión, inventó un derecho que no se menciona en ninguna parte de la Constitución y que trató imprudentemente de sustraer la controvertida cuestión a los poderes políticos del Estado.

De este modo, Alito no aboga por prohibir ese derecho en Estados Unidos sino por devolver a los estados la potestad de que puedan prohibirlo. Según un recuento realizado por The New York Times, de confirmarse la sentencia del Supremo, el aborto será ilegal en 22 estados, y el 41% de las mujeres en edad fértil verán cerrar su clínica de aborto más cercana.

A seis meses de un proceso electoral

Según el borrador de opinión del juez Alito, cinco de los nueve jueces del Supremo van a votar la revocación de la sentencia de 1973 sobre el derecho al aborto. En el lado opuesto, se encuentran los tres magistrados demócratas y el jefe del Tribunal, el juez John Roberts, que sería el único voto republicano contra esta decisión. Las probabilidades de que para cuando el Supremo emita su sentencia definitiva estas opiniones puedan cambiar son casi nulas, a tenor de la postura sobre el aborto públicamente expresada por los cinco jueces conservadores.

Toda esta polémica ha estallado cuando Estados Unidos se encuentra a seis meses de las llamadas elecciones de medio mandato, que renovarán los escaños de las dos cámaras del Congreso, el Senado y la Cámara de los Representantes. Unos comicios en los que, a tenor de las encuestas publicadas hasta ahora, el Partido Demócrata del presidente Joe Biden corre el serio riesgo de perder la mayoría del Senado, la cámara de la que dependen la mayoría de las iniciativas legislativas que Biden querría sacar adelante.

Este ataque al derecho al aborto desde el Tribunal Supremo pone también sobre el tapete la clave de la que será la batalla ideológica-cultural que mantendrán en los próximos meses los republicanos y los demócratas, a fin de sacar tajada en las elecciones de medio mandato. Es decir, los asuntos de la moral privada.

No es nada nuevo. Los estados republicanos llevan meses en esta línea y muchos de ellos ya han lanzado o están en trámites de lanzar ataques contundentes contra el derecho al aborto. Texas aprobó una ley tremendamente restrictiva ya en septiembre del año pasado. Como muchas tejanas acudían a abortar al estado vecino de Oklahoma, éste aprobó una ley similar a la de Texas a primeros de abril, una norma que llega a penalizar el aborto con hasta diez años de cárcel. El pasado jueves, Luisiana anunció una propuesta de ley estatal que llegaba a equiparar el aborto al homicidio.

"En Texas los republicanos no han parado de atacar este derecho hasta que en septiembre lograron pasar una nueva legislación", explica Sheyla Black frente a la sede del Supremo. "La clave de toda esta ley es, para empezar, que tenemos un gobernador horrible [Greg Abbott, del Partido Republicano], cuyo gobierno está guiado cada vez más por el fanatismo moral y religioso. Las nuevas normativas, que otros estados están copiando de Texas, son un ataque gravísimo a los derechos de las mujeres. Tengo 61 años y jamás pensé que vería esto".

Debate en el Senado esta semana

Los demócratas, a sabiendas de que los republicanos tienen la sartén por el mango en el Supremo, se han lanzado a la arena en esta batalla legal y cultural. Por un lado, el jueves pasado anunciaron que esta semana presentarán a votación la propuesta de una nueva legislación sobre el aborto en el Senado.

Como no tienen la mayoría necesaria para regular sobre este tema (necesitarían 60 escaños y sólo tienen 50, del total de cien que tiene esta cámara), el objetivo es que, al menos, los senadores republicanos tengan que señalarse públicamente con declaraciones y votando.

"La semana que viene el Senado de EEUU votará una ley para codificar el derecho de la mujer a abortar en la legislación federal", anunció el jueves desde la misma cámara el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer. Éste se encargará de preparar el proyecto de ley el lunes y establecerá la votación inicial para el miércoles, según informó el medio local The Hill.

Por otra parte, el partido de Joe Biden intentará esgrimir este asunto como argumento para acabar con la llamada regla del filibustero, que implica que para aprobar la mayoría de las leyes federales se necesitan precisamente el voto a favor de 60 senadores. Esta norma, de hecho, fue la que, en la segunda parte del mandato de Trump, evitó que el entonces presidente pudiera sacar adelante ninguna legislación en esa cámara.

El problema de los demócratas en este caso es que, aunque para tumbar la regla del filibustero no hace falta aplicar dicha regla y valdría con contar con una mayoría simple de los 50 votos de esos mismos diputados demócratas que hay en el Senado, no todos ellos están a favor de esta operación, especialmente el empresario y diputado demócrata por Virginia Occidental Joe Manchin.

En este caso, el partido de Biden tratará de convencer a Manchin de que este ataque al derecho al aborto es razón de peso suficiente para abolir dicha regla en el Senado, lo que abriría la puerta, de rondón, a que los demócratas puedan aprobar otras leyes federales que están actualmente bloqueadas por dicha regla. Aunque, de nuevo, Manchin no ha dado señal alguna de que vaya a recorrer ese camino.

De hecho, la de esta semana será la segunda votación sobre el aborto que los demócratas han forzado esta legislatura en el Senado. Esta cámara ya rechazó a principios de este año un proyecto de ley similar en una votación que acabó por 46 a 48 y en la que precisamente Manchin votó alineado con los republicanos.

"La semana que viene el pueblo estadounidense verá con claridad que, cuando se le dé la oportunidad de corregir este error, el Partido Republicano se pondrá del lado de los extremistas que quieren prohibir el aborto sin excepciones o se pondrá del lado de las mujeres, de las familias y de la gran mayoría de los estadounidenses", declaró Schumer el pasado jueves.

Investigación en el Supremo

Mientras que el escenario político se moverá en torno a este asunto los próximos días y semanas, el Supremo continuará investigación los detalles de la filtración del borrador de opinión de Alito, una investigación anunciada la semana pasada por el presidente del Tribunal Supremo, el juez conservador John Roberts. Según Politico, medio que filtró el documento, "ningún proyecto de decisión en la historia moderna del tribunal se ha divulgado públicamente mientras un caso estaba pendiente".

La elevada influencia de los jueces norteamericanos en la política y, específicamente, del Tribunal Supremo, no es nueva y, en parte, proviene del hecho de que los magistrados, para garantizar su presunta independencia del poder político, son nombrados a perpetuidad.

Esto ya lo advirtió Alexis de Tocqueville en 1835 en su La democracia en América: "El juez norteamericano", escribió, "se parece efectivamente a los magistrados de las otras naciones. Sin embargo, está revestido de un inmenso poder político. Los norteamericanos han reconocido a los jueces el derecho de fundamentar sus decisiones sobre la Constitución más bien que sobre las leyes. Cuando se invoca ante los tribunales de los Estados Unidos una ley que el juez estime contraria a la constitución, puede rehusarse a aplicarla. Ése es el único poder privativo del magistrado norteamericano y una gran influencia política dimana de él".

Sheyla y Moira Black son conscientes de todo esto. Por eso, afirman: "Tenemos miedo al retroceso que está viviendo Estados Unidos y a que esto sea sólo el principio. Porque no van a parar aquí: otros derechos que consideramos arraigad2os y establecidos en este país van a empezar a ser cuestionados y atacados".