España fue el país más demandado en 2015 ante tribunales privados como los del TTIP

MADRID.- Bruselas repite hasta la saciedad que el mecanismo de blindaje de las multinacionales que incluirá el TTIP no pondrá en riesgo el derecho a regular de los estados. Lo hace, a pesar de que aún ni siquiera está claro qué forma adoptará este mecanismo en el tratado que negocia en la sombra con Washington, y de que en 2015 volvió a crecer el número de demandas de empresas inversoras a estados a través de mecanismos ISDS (Investor State Dispute Settlement).

De hecho, el pasado año España fue el país que recibió un mayor número de demandas de corporaciones ante tribunales arbitrales. Fue demanda hasta en 15 ocasiones —de las 29 que recoge en su histórico, con sólo dos procesos cerrados—, el doble que el siguiente estado en la lista, Rusia, y en todos los casos documentados en este periodo las corporaciones esgrimieron el hachazo del PP de Mariano Rajoy a las renovables en 2013 para actuar contra España.

Estas son algunas de las cifras del Navegador de Acuerdos Internacionales de Inversión de la UNCTAD, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, hechas públicas en febrero de este año, en un momento en que el mecanismo de blindaje de los inversores que Bruselas tiene previsto incorporar en el Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) sigue cosechando críticas en distintos países europeos. Así, la UNCTAD advierte de que en 2015 ya tenían constancia de la existencia de 700 demandas presentadas por distintas corporaciones —los estados no pueden recurrir a este mecanismo—, lo que supone que las multinacionales han lanzado más casos en los últimos cinco años que en las primeras tres décadas de funcionamiento del sistema, un estándar en los acuerdos internacionales de inversión, en la década de los sesenta.

"Durante los últimos años se ha multiplicado el empleo de tribunales de arbitraje privados en los litigios entre inversores y Estados", asegura a Público Tom Kucharz, de Ecologistas en Acción. "La inclusión de este tipo de mecanismos en tratados comerciales de gran calado como el TTIP o el CETA, que la UE negocia con Canadá, supondría otorgar un peso aún mayor a este tipo de sistemas en el orden jurídico internacional", apunta.

Kucharz explica que España es ya el cuarto país del mundo con un mayor número de demandas de arbitraje en su contra. La última, interpuesta por Toyota y Tepco ante el CIADI, llegó en marzo de este año. "Es un caso paradigmático de lo que podría ocurrir en el caso de que hubiera gobiernos que trataran de llevar a cabo políticas contrarias a los intereses de las grandes transnacionales, ya que probablemente se encontrarían con un listado de contenciosos de arbitraje internacionales impulsados por estas compañías", añade.

Según el organismo dependiente de Naciones Unidas, las empresas han ganado estos casos en un 31% de las ocasiones, pero en otro 27% de los casos demandante y demandado han llegado a un acuerdo privado, y este tipo de arreglos no suelen salir a la luz, por lo que no se conocen sus condiciones. De hecho, Naciones Unidas reconoce que esta estadística está elaborada en base a datos públicos, por lo que no recoge todas las demandas a los estados.

Como documenta el estudio Cuando la Injusticia es negocio, elaborado por el Observatorio Corporativo Europeo y el Transnational Institute en noviembre de 2012, las cantidades de dinero implicadas se han incrementado espectacularmente, como el número de casos. Sólo entre 2009 y 2010 el informe recoge 151 casos de arbitraje de inversiones en los que las compañías reclamaron al menos 88.5 millones de euros a los estados.

Los precios de esta industria son astronómicos: el coste medio de una disputa se sitúa en torno a los 7 millones de euros, con firmas de élite que facturan hasta 880 euros por hora y por abogado implicado. Apenas un puñado de empresas se reparten la mayoría de estos casos, y sólo 15 árbitros, casi todos europeos, estadounidenses o canadienses, han resuelto el 55% de todas las disputas conocidas. Abogados y árbitros cruzan con frecuencia la delgada línea que les separa, alentando a las multinacionales a emprender nuevos procesos, y retroalimentando este lucrativo sistema.

Las cifras de la Abogacía del Estado facilitadas a Público son ligeramente distintas a las de la ONU: contabilizan 34 procesos en los que España ha sido demandada, de los que sólo uno no está relacionado con la Carta de la Energía. Tanto la institución como la ONU aseguran que hasta la fecha sólo se han saldado dos de estas disputas, en ambos casos con la victoria de España.

La Abogacía reconoce que en dos de los casos referidos el Estado ha contratado asistencia jurídica externa, pero recuerda que en el resto ha afrontado las demandas con sus propios recursos, sin incurrir en gastos extra. No desvela el importe desembolsado para contratar estos servicios, pero sí saca pecho porque en uno de los casos el demandante fuera condenado a pagar a España un importe de 500.000 euros por los gastos de representación legal.

El rechazo de cientos de organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos y ciudadanos europeos ha forzado a la Comisión a replantear su estrategia con el ISDS. En septiembre de 2015, la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, presentó su apuesta de reforma del ISDS, el ICS (Investor Court System). Esta nueva versión, que incorpora la posibilidad de apelar contra los laudos, no convence sin embargo a varios detractores del acuerdo. Recuerdan que los árbitros no son jueces, como vende la Comisión, a pesar de que uno de los requisitos para arbitrar en este nuevo mecanismo es que tengan formación de juristas.

Kucharz: "El nuevo modelo de ISDS de la UE es igual de peligroso para la democracia, para las leyes de interés público y para los presupuestos públicos como su predecesor"

Tampoco prohíbe que vengan directamente de la empresa privada para la que podrían arbitrar posteriormente, o que regresen a ella tras dejar su puesto como árbitros, una tarea en la que además no tienen que adaptarse a las legislaciones de los distintos países, sino que operan en el marco de tratados como el TTIP. "Los jueces del citado tribunal deberán aplicar, fundamentalmente, las normas comerciales y de inversiones que el TTIP contenga; desconocerían que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos es jerárquicamente superior al contenido de cualquier tratado comercial, ya que de lo contrario se vulneran, al menos, el artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas y el artículo 53 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados", explica Kucharz. 

La nueva versión de este mecanismo ya se ha granjeado el rechazo de distintas asociaciones de juristas en distintos países: la Federación de Jueces alemanes ya se ha posicionado en contra de este sistema, como recientemente lo hacía el decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Oriol Rusca, tal y como avanzaba este lunes Eldiario.es.

"En el mes de febrero, la mayor federación de jueces alemanes ha expresado su posición con respecto a la compatibilidad del ICS con el ordenamiento jurídico alemán y europeo", recuerda Kucharz. "Tras analizar la propuesta de la Comisión Europea, la DRB concluye que rechaza la creación de un tribunal de inversiones en el marco del TTIP, pues 'no ve ni la base legal ni la necesidad para un tribunal de este tipo'", apostilla.

"El nuevo modelo de ISDS de la UE es igual de peligroso para la democracia, para las leyes de interés público y para los presupuestos públicos como el “viejo” modelo que aún se mantiene, por ejemplo, en el tratado entre Singapur y la UE". "La propuesta de la Comisión Europea incrementa el riesgo de asumir demandas millonarias contra medidas de interés público al otorgar de manera inmediata una garantía absoluta a las grandes corporaciones, que obtendrían más privilegios que con los acuerdos de inversiones existentes", zanja, recordando que una vez ratificados los tratados como el TTIP o el CETA supondrán una "trampa" de la que sólo será posible salir con el voto unánime del Consejo de la UE. 

Por su parte, EEUU ha echado otro jarro de agua fría sobre el optimismo de la Comisión, ya que hasta la fecha no ha mostrado interés por su nueva versión del ISDS. Desde el arranque de las negociaciones del polémico TTIP, las corporaciones y los propios negociadores americanos han dejado claro que el ISDS debe ser una pieza clave en el acuerdo, a pesar de que un 97% de los 150.000 ciudadanos europeos que participaron en una consulta abierta del Ejecutivo comunitario haya rechazado este mecanismo de blindaje a las multinacionales.

El pasado 10 de marzo, durante un evento para formular preguntas a los jefes negociadores de EEUU —Dan Mullaney— y la UE —Ignacio García Bercero—, el primero rechazaba entrar a valorar el nuevo ISDS de Malmström, a pesar de que la Comisión lo dio a conocer seis meses atrás, y de que deberían llegar a un acuerdo al respecto si realmente quieren cerrar el texto del tratado transatlántico antes de finales de año. Teniendo en cuenta que EEUU está viviendo un intenso año electoral con todos los candidatos a primarias posicionándose en contra de alianzas comerciales como el TPP, que la Comisión ni siquiera ha aclarado si el TTIP también será sometido a la ratificación de los 28, o si será directamente remitido al Parlamento Europeo, y que la oposición al tratado sigue creciendo, parece evidente que la Comisión no podrá ver cumplido su deseo en 2016.