Dalila ve que en su país de acogida sus antiguos compañeros de guerrilla comparten mesa con el Gobierno colombiano. “El ELN me incorporó a las filas a los diez años. No fue voluntario, fue en contra de la decisión de mi familia”, recuerda en Ecuador, más de veinte años después. Desertó a los 17 años. Tomó la decisión definitiva en mitad de una misión, al encontrarse con sus padres: “Cuando los vi, me quité el equipo, me aflojé el arnés, puse el fusil a un lado… ves a tus papás, después de tanto tiempo”. Dalila busca las palabras. “Toda tu niñez, toda tu alma vuelve. Esa mujercita ruda, valiente, ya no lo eres. Tu niñez vuelve automáticamente”.

Decidir escapar del conflicto es sólo el primer paso del proceso que ha llevado a más del 12% de la población a buscar una nueva vida fuera de Colombia. Sólo Siria tiene más desplazados. Para aquellos que huyen, Ecuador es el destino preferente. En 2016, había 56.840 colombianos refugiados en este país vecino, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Entre 150.000 y 200.000 personas, además, esperan aún una respuesta a su solicitud de asilo.

El acuerdo de paz con las FARC no ha supuesto el fin de los desplazamientos internos y externos. El conflicto en el país enfrenta a las guerrillas, Ejército y paramilitares. “La violencia en Colombia no se sabe de quién viene”, reflexiona Carmelo, un refugiado que ha rehecho su vida en Ecuador y que está muy dispuesto a impulsar el proceso de participación y que éste incluya a las víctimas en el extranjero. “Desde hace muchos años, al Estado colombiano no le importan las personas que hemos salido por este conflicto”, explica Venus, que comparte con Carmelo la necesidad de que sus voces sean tenidas en cuenta en las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). “Tenemos que coger fuerza ahora que se está dando este proceso en Ecuador”. La participación ciudadana abarca tres de los seis puntos principales de la agenda del ELN.

Los otros actores de la violencia

Pedro y su esposa Gladys llegaron a Ecuador hace medio año porque les aseguraron que así salvarían a su hija. Ellos son parte de los cerca de 400 colombianos que siguen llegando al país cada mes. Pedro cuenta su historia con entereza, aunque no pueda evitar las lágrimas: “Venimos de la ciudad de Medellín. Recibimos amenazas de muerte. Tuvimos un problema con una niña de 19 años que nos la secuestraron y estuvo años pasando lo que nunca tenía que haber sido”. Su hija fue violada, torturada y obligada a trabajar con “ellos”.

Ellos son la Oficina de Envigado, un viejo cártel que, tras la muerte de Pablo Escobar, comenzó a funcionar como parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). “Estas organizaciones son las que antes eran los paramilitares, lo que pasa es que mutan, van cambiando de nombre. No les llaman organizaciones porque si no estarían dentro del conflicto. Les llaman bandas para que quede más invisibilizado”, cuenta Venus.

Para Simón, la violencia ha venido desde las guerrillas, los paramilitares y el Ejército. Lleva mucho tiempo huyendo, pero apenas un mes en Ecuador. “Vivía en un sector en el que uno no podía pasear más allá de dos cuadras porque lo mataban. No podía a veces tampoco salir a trabajar”. Simón tuvo que escapar de la Comuna 13, en Medellín, cuando el Gobierno lanzó la Operación Orión. El 16 de octubre de 2002, este operativo militar incluyó 1.000 uniformados de la fuerza pública y, según la Corporación para la paz y el Desarrollo Social (Corpades), casi 3.000 paramilitares. El saldo fue de 88 muertos, 80 civiles heridos, 370 detenciones arbitrarias y 95 desapariciones forzadas. “Sacaron a los milicianos, pero ya todo el que vivía allí... no podía salir. Y, si no salías, entonces eras miliciano”, asegura Simón. “Personas que no tenían nada que ver fueron asesinadas”.

Una guerrillera del ELN en el departamento de Choco, en Colombia. - AFP

Participar de verdad

Entre estas personas, el proceso de paz despierta esperanza pero también rechazo y, sobre todo, muchas preguntas. El acuerdo con las FARC abrió la puerta a que los desplazados puedan volver a su tierra. El Gobierno ha habilitado leyes e instituciones para facilitar su retorno. Las negociaciones con el ELN aumentan esas dudas. “El diálogo es una mentira”, descarta Dalila, que cree que ya dedicó demasiados años de su vida a la guerrilla. Para ella o para Simón, implicarse en los mecanismos de participación puede entrañar riesgos. “Nunca sabes quién es el guerrillero o quién es el paraco (paramilitar). No sabes con quién estás hablando”.

El miedo y la falta de respuestas llevaron a algunos refugiados a votar No en el plebiscito del pasado octubre. El suyo no fue un No a la paz, fue un No a un acuerdo que temen que pueda ser interpretado como el final de sus problemas y, por tanto, que les obligue a volver. Desde ACNUR se lanza un mensaje de tranquilidad: “Ecuador se ha comprometido a no devolver a las personas que huyan por el conflicto colombiano”.

Carmelo y Venus ven una gran oportunidad en las negociaciones entre el ELN y el Gobierno de Colombia. A contrarreloj, junto a asociaciones de refugiados y organizaciones como la Misión Scalabriniana, preparan en Ecuador las propuestas que enviarán a la Mesa Social para la Paz y articular así la “tercera pata de la mesa” que pide el ELN: la participación ciudadana. Una declaración de intenciones que, esperan, tenga más protagonismo que en los Acuerdos de La Habana con las FARC.

Pedro, que apoya las negociaciones de paz, pide que “el Gobierno ponga los ojos en estas zonas dominadas por organizaciones armadas como la Oficina”. Venus, en cambio, solicita que el Gobierno acabe con la invisibilidad de los desplazados: “El 90% de los que cruzamos la frontera no somos migrantes económicos como el Gobierno quiere hacer ver al mundo”.

La lucha de estas personas también es volver a empezar. A Pedro se le quiebra la voz cuando recuerda que ha dejado en Colombia a sus padres e hijos, pero consiguió recuperar a su hija. Ella ahora es madre de un niño fruto de la violación por al menos tres de los líderes de la Oficina. Dalila ahora es capaz de hablar con otros de su pasado. Simón, pese a las dificultades diarias —xenofobia y falta de oportunidades, causada por su acento— se gana la vida como vendedor ambulante y ha mandado su primera remesa a Colombia. Carmelo, que considera que su historia es de éxito, anhela el fin del conflicto: “Esta no tiene que ser la paz ni de Santos, ni de Uribe, ni la de los gobernantes. La paz tiene que ser construida desde abajo”.

Los nombres de las personas que aparecen en el reportaje han sido modificados por su seguridad.