EEUU podría condicionar la financiación de la Policía colombiana por la brutalidad policial

Una forma de medir el estado de las relaciones de un país con la Casa Blanca son las llamadas telefónicas de presidente a presidente. Aunque Colombia es el principal aliado de EEUU en América Latina, Iván Duque llevaba seis meses esperando hablar con Joe Biden.

En junio la imagen negativa de Duque estaba peor que nunca, con una aprobación del 16%, según la encuestadora Datexco. Hasta que por fin sonó el teléfono. Fue el lunes 28 de junio, solo después de que Colombia anunciara cambio de embajador en Washington y sobre todo porque el viernes anterior fue atacado con disparos el helicóptero que transportaba a Iván Duque en Cúcuta, la principal ciudad fronteriza con Venezuela.

El atentado no afectó a los ocupantes de la nave. Los francotiradores usaron desde tierra fusiles comunes, que hacían improbable un desenlace mayor, y los abandonaron en el lugar donde dispararon, un barrio controlado por paramilitares de ultraderecha. Las autoridades dijeron que eran armas del ejército venezolano, con las que en todo caso se trafica frecuentemente en la porosa frontera con Venezuela.

A partir de la llamada de solidaridad telefónica de Biden a Duque, cada gobierno publicó su versión de lo conversado. A continuación, el director para las América de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, puso el dedo en la llaga: al resumen del gobierno colombiano le faltó un párrafo que sí incluyó la Casa Blanca. Biden "resaltó que la fuerza pública debe estar sujeta a los mayores estándares de rendición de cuentas...", en otra palabras, pidió justicia y poner límites a la policía.

La Policía colombiana ha matado a un joven manifestante cada 36 horas, en promedio

Durante la revuelta cívica que cumplió dos meses el 28 de junio, la policía colombiana, de forma específica el escuadrón antimotines ESMAD, ha matado a un joven manifestante cada 36 horas, en promedio. Solo superan esta violencia los militares golpistas en Birmania, advirtió la Jurisdicción Especial para la Paz el 1 de julio en un comunicado.

En dos meses se completaron cifras exorbitantes para Colombia, un país que está muy acostumbrado al desmadre de guerras y violencia sin fin.

Oficialmente, 77 familias están buscando a un ser querido desaparecido durante las manifestaciones, pero hay subregistro, es decir, son más. Asimismo, 82 jóvenes han perdido uno de sus ojos, pues sistemáticamente los agentes del ESMAD disparan al rostro en un modus operandi sospechosamente parecido al de la policía en las protestas de Chile. De los heridos, 228 lo han sido con arma de fuego, cuyo uso está prohibido en antimotines.

Pero hay otra forma de medir la calidad de las relaciones Colombia-EEUU, y es la financiación de la fuerza pública colombiana. El pasado jueves, 1 de julio, esta sufrió un revés. Ese día se celebró una audiencia de la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos del Congreso estadounidense para examinar las causas y las consecuencias de la ola de protestas en Colombia. A continuación, los congresistas de esa comisión recomendaron cero financiación en 2022 para la policía colombiana, incluidas sus actividades antinarcóticos. La propuesta inicia su trámite y aun debe ser validada por el Senado y la plenaria de la Cámara de Representantes.

Estados Unidos ya había aplicado esa sanción a unidades militares colombianas envueltas en graves violaciones de los derechos humanos. El representante Jim McGovern, bastante conocedor de Colombia, preside el Comité de Reglas de la Cámara Baja, célula por cuyas manos pasan en primera instancia ese tipo de decisiones para que las discuta el Senado.

A partir de la virulencia del ESMAD y de la actuación de civiles amparados por la policía que disparan contra los manifestantes, desde principios de mayo McGovern está recogiendo apoyos de congresistas para impedir la financiación de esa unidad antimotines. El congresista parece cada vez más indignado y no quiere que ni un dólar estadounidense se destine a financiar a la policía de Colombia.

Su conclusión es que el pueblo colombiano simplemente está harto de las decisiones erráticas del Gobierno de Duque en la crisis social que la pandemia evidenció y profundizó. Considera que el discurso de Donald Trump penetró en Colombia y por eso el presidente reprime con violencia la protesta: "Un nuevo compromiso con la plena implementación del acuerdo de paz de 2016 proporciona el mejor punto de partida para el necesario relanzamiento de la relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia", dijo McGovern en la Comisión Lanthos.

El representante demócrata dejó claro ante la Comisión que los colombianos protestan por la desigualdad existente, una de las más altas de América Latina, y por el acaparamiento de las tierras productivas en pocas manos. También hizo referencia a los efectos devastadores de la pandemia, con más de 100.000 muertos, y a la falta de oportunidades de la juventud. "Es la tercera vez que los colombianos salen a las calles desde noviembre de 2019 como reacción a las políticas fallidas y a la falta de respuesta del gobierno. Esta olla ha estado hirviendo durante mucho tiempo", indicó McGovern, para resaltar que dos  décadas de financiación estadounidense en seguridad no han transformado las condiciones que hacen que la coca sea el único cultivo viable para miles de pequeños productores.

En este contexto, la analista Elizabeth Dickinson, del centro de estudios Crisis Group, manifestó, también a través de la Comisión Lantos, que "desde el acuerdo de paz de 2016, el estigma de ser asociado con la guerrilla dejó de limitar el activismo social, mientras que las divisiones y los resentimientos de larga data en la sociedad colombiana se agudizaron".

Entre las voces que se expresaron esta semana desde Estados Unidos, a raíz de la convocatoria de la comisión congresal, el subdirector del Instituto de Paz de Estados Unidos, Steve Hege, también advirtió que "con solo el 16% de aprobación, el presidente Duque tiene poco tiempo o capital político para invertir en un proceso de diálogo verdaderamente inclusivo y transformador". 

Este es el contexto, con una alta polarización social y política, en el que Colombia camina hacia las elecciones presidenciales de 2022, por el momento con un toque de atención de su principal e histórico aliado: Estados Unidos.