El Gobierno de EEUU presentó este jueves una demanda contra Apple alegando que el gigante tecnológico ha creado un monopolio en el mercado de los teléfonos inteligentes con su modelo iPhone.

La demanda, interpuesta en un tribunal federal en Nueva Jersey, representa el primer gran esfuerzo antimonopolio contra Apple por parte del Gobierno de Joe Biden.

La querella, presentada por el Departamento de Justicia y por 16 fiscales generales, acusa a Apple de "asfixiar" a la competencia de tal forma que evita que los rivales y los vendedores puedan bajar los precios. La demanda sostiene que la compañía impide el desarrollo de las "súper aplicaciones", que permitiría a los usuarios cambiar de manera más fácil de teléfono. 

La demanda no se focaliza en el apartado móvil de iPhone, también en otros productos como iPad, Mac y Apple Watch. Se expone que la multinacional ha creado una fortaleza digital, de modo que los usuarios no puedan combinar sus productos con otros de otras marcas. 

El Departamento de Justicia ha comunicado que Apple ha participado en "un tipo de conducta ilegal, de manera amplia y sostenida". Merrick Garland, uno de los fiscales, ha afirmado que los consumidores no deberían tener que pagar precios tan altos por la violación de las leyes antimonopolio. 

También se acusa a la compañía de bloquear el desarrollo de aplicaciones de streaming que permitan a los usuarios ver contenido de alta calidad sin tener que pagar. 

Demandas a Amazon y Microsoft

Con esta denuncia, Apple se une a la lista de grandes compañías demandadas durante la legislatura del presidente estadounidense acusándolas de competencia desleal. 

En septiembre de 2023 la Comisión Federal de Comercio, junto a 17 Estados del país, presentaron una demanda a Amazon por monopolio. Manifestaban que la compañía realizaba prácticas contrarias a la competencia. Asimismo, se acusaba a la empresa de ofrecer unos precios que los pequeños comerciantes no podían hacer frente. 

En diciembre de 2022, también la Comisión Federal de Comercio pidió el bloqueo de la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft. La agencia consideraba que la operación violaba las leyes de antimonopolio y podría reducir la competencia en el sector de los videojuegos.