El Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado a Público que España se ha adherido a la petición organizada por la representación de Estados Unidos en la ONU para pedir la liberación del periodista del The Wall Street Journal (WSJ) encarcelado en Moscú acusado de espionaje, tal y como consta en las firmas del escrito publicado por la misión diplomática estadounidense. De esta manera, el Gobierno español se une a otro medio centenar de países que exigen a Rusia la liberación del reportero Evan Gershkovich.

Además, Exteriores ha hecho público un comunicado en el que "condena la injustificada detención del periodista estadounidense del #WSJ Evan Gershkovich".

Este movimiento del Ejecutivo de Sánchez resulta sorprendente porque hay un periodista español que lleva más de un año en una cárcel polaca en un caso muy similar al del corresponsal del WSJ sin que el Gobierno español haya exigido su libertad de forma pública. Se trata del colaborador de Público Pablo González.

A pesar de que ambos periodistas fueron detenidos mientras realizaban su trabajo, en Exteriores consideran que no son casos comparables, según han expresado a este medio fuentes del Ministerio. "A diferencia del periodista de Estados Unidos, Pablo González es un preso con nacionalidad española al que le prestamos asistencia consular", aseguran a Público estas fuentes. Lo cierto es que el último fue arrestado en Rusia y Pablo González, en un país de la Unión Europea. Y que uno está acusado de espiar para EEUU y el otro para Rusia.

González fue detenido el 28 de febrero de 2022 por agentes de los servicios de seguridad polacos (ABW, por sus siglas en polaco) en la ciudad polaca de Przemysl, al este del país. El arresto se produjo cuando el periodista cubría para varios medios la crisis de refugiados que había generado la invasión de Ucrania por Rusia.

El corresponsal de The Wall Street Journal en Rusia fue arrestado el 29 de marzo pasado por el Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso –el antiguo KGB– en la ciudad de Yekaterimburgo, la capital de los Urales. Según Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, el periodista fue detenido in fraganti cuando "recopilaba, por encargo de Estados Unidos, informaciones secretas sobre las actividades de una empresa del complejo industrial militar ruso".

En este caso, Rusia ha especificado que acusa al periodista del WSJ por recopilar informaciones secretas en un lugar concreto, algo que no ha pasado en el caso del reportero español.

A González se le acusa de espiar para Moscú y se enfrenta en Polonia a una condena de espionaje tipificada en el código penal de ese país en el artículo 130.1 y castigada con hasta 10 años de cárcel.

Gershkovich también está acusado de espionaje, en este caso para Estados Unidos, algo que en Rusia se castiga a través del artículo 276 del código penal con hasta 20 años de prisión.

Pablo González conoció los cargos a los que se enfrentaba cuatro días después de su detención, pero las autoridades polacas solo mencionaron que sospechaban del periodista porque portaba documentos con dos entidades diferentes. El 4 de marzo de 2022, el portavoz del ministro coordinador del Servicio Secreto de Polonia, Stanisław Żaryn, aseguró a un medio de ese país que González fue detenido con "dos pasaportes y dos tarjetas de pago de bancos rusos para dos identidades diferentes". Nada más.

El FSB ruso acusó formalmente al periodista estadounidense de espionaje el pasado 7 de abril. Este martes, el Tribunal Urbano de Moscú rechazó la apelación de la defensa de Gershkovich y mantiene en prisión preventiva al corresponsal de The Wall Street Journal.

En el caso de Pablo González, los tribunales polacos han rechazado hasta en cuatro ocasiones las solicitudes de la defensa de que se detengan las prolongaciones de su prisión preventiva.

Una posición oficial muy diferente

La gran diferencia entre ambos procesos llega cuando se mira la respuesta que han dado los distintos gobiernos. En el caso del reportero del WSJ, el secretario de Estado, Antony Blinken, rápidamente exigió la "liberación inmediata" del corresponsal.

Su homólogo español, el ministro José Manuel Albares, se limitó a comunicar cuando Pablo González fue detenido que el periodista estaba recibiendo asistencia consular. Y en esa posición se ha mantenido todo el tiempo que el reportero ha permanecido en prisión preventiva en Polonia. La única excepción ha sido que en los últimos meses, debido a las continuas denuncias por la situación que vive González en la cárcel, Albares ha solicitado a Polonia que respete los derechos del periodista.

La posición del ministro de Exteriores es idéntica a la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se ha limitado siempre a asegurar que Pablo González está recibiendo asistencia consular. Una postura muy diferente a la de Joe Biden, que desde el primer momento pidió la liberación del reportero de The Wall Street Journal.

España pide la liberación del estadounidense

Sin embargo, ahora España ha firmado junto a la mayoría de miembros de la OTAN y los países de la Unión Europea (a excepción de Hungría) un manifiesto para solicitar la liberación de Gershkovich. Se trata de una iniciativa de la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield.

En un primer momento, España no constaba entre los firmantes de la petición a Vladimir Putin para que libere al corresponsal del diario estadounidense. Sin embargo, Exteriores ha asegurado a Público que España finalmente ha respaldado el escrito y se ha adherido a la petición internacional, tal y como aparece en el manifiesto.

Esta postura es opuesta a la que el Ejecutivo de Sánchez ha mantenido con el periodista español Pablo González.

En la petición de Estados Unidos a Putin y respaldada por medio centenar de países también se recoge una declaración a favor de la libertad de información: los firmantes "expresamos nuestra solidaridad y admiración por los periodistas y trabajadores de los medios de todo el mundo que a menudo arriesgan sus vidas para informarnos a todos".

En el caso de Pablo González, el periodista lleva encerrado en una cárcel polaca casi 14 meses sin que hayan trascendido las pruebas que hay en su contra y sin que se haya fijado fecha para la celebración de un juicio.