Las diez amenazas del pacto secreto TiSA al sistema financiero mundial

Ya no cabe duda de que el acuerdo secreto TiSA entre medio centenar de países (incluidos varios paraísos fiscales) pretende volver a la situación de casino bursátil neoliberal que provocó en 2007 la Gran Recesión global que aún estamos pagando. Pero hasta que Wikileaks no ha revelado el contenido de las actas top-secret de las negociaciones sobre ese pacto internacional, no se ha podido saber que sus cláusulas, en beneficio de las grandes corporaciones, suponen un verdadero peligro de que el sistema financiero internacional vuelva a colapsarse.

El observatorio ciudadano sobre la globalización del comercio internacional Public Citizen Global Trade Watch, con sede en Washington, DC, ha analizado exhaustivamente tanto el texto central de ese Trade in Services Agreement (TiSA) como la última versión de su Anexo sobre Servicios Financieros –a 15 de abril pasado– y ha identificado las diez grandes amenazas que presenta para el sistema de regulaciones financieras que los gobiernos y organismos internacionales han levantado para impedir otro crash como el que hundió a Lehman Brothers y generó la crisis de la que aún no hemos salido.

El pasado 3 de junio, Público reveló la existencia y gran parte de los anexos de esta verdadera alianza neoliberal planetaria: un acuerdo todavía más antidemocrático y neoliberal que el transatlántico TTIP y que se pretende que siga clasificado, oculto al conocimiento público, durante otros cinco años cuando ya haya entrado en vigor y esté condicionando el 68,2% del comercio mundial de servicios.

Ahora, Público facilita a sus lectores el contenido del Core Text del TiSA, es decir el cuerpo central de ese pacto internacional secreto, en colaboración con los otros doce medios asociados con Wikileaks en esta exclusiva mundial: The Saturday Paper (Australia), Libération (Francia), Mediapart (Francia), Süddeutsche Zeitung (Alemania), Ethnos (Grecia), Kjarninn (Islandia), L'Espresso (Italia), La Jornada (México), Dagens Næringsliv (Noruega), Punto24 (Turquía), OWINFS (Estados Unidos) y Brecha (Uruguay).

Las restricciones del TiSA a las regulaciones financieras gubernamentales se extenderán a todos los productos innovadores que acabaron generando la crisis global, como los "derivados" más tóxicos, y afectarán a todas las operaciones bancarias, bursátiles, de acciones y bonos, del mercado de divisas, seguros y reaseguros de todo tipo, tarjetas de crédito, procesamiento de datos financieros, ratings crediticios y en general todos los servicios financieros posibles o imaginables.

Pero más todavía: los gobiernos quedarán atados por las cláusulas del TiSA en cuanto a los productos financieros ¡que todavía no han sido inventados! (Artículo X.9 del Anexo) y con respecto a bancos extranjeros que todavía no han comenzado a operar dentro de sus territorios respectivos.

Además, según el análisis de Public Citizen, el TiSA expandirá las misma reglas de liberalización financiera que se impusieron por consejo de los grandes bancos antes de la crisis, obligando a las legislaciones estatales a adecuarse de nuevo al ahora desacreditado y rechazado modelo de extrema desregulación que condujo a la recesión global. Cualquier gobierno firmante del TiSA que no modifique sus directivas financieras para cumplir las cláusulas secretas del acuerdo se arriesga a ser sometido a sanciones comerciales indefinidas, autorizadas por un tribunal de arbitraje extrajudicial, hasta que vuelva a la senda de la desregulación.

En concreto, éstas son las diez mayores amenazas que presenta el TiSA, según el investigador Ben Beachy de Public Citizen:

Las reglas de "total acceso al mercado" que impone el TiSA entran en conflicto con todas las regulaciones financieras de sentido común que se aplican equitativamente a empresas nacionales y extranjeras. Una de esas reglas expone a los gobiernos a demandas de las corporaciones ante tribunales de arbitraje extrajudiciales meramente por limitar los arriesgadísimos derivados que precisamente generaron la anterior crisis global.

Pese a la creciente preocupación de los gobiernos por la sustracción y el mal empleo de datos privados, así como los escándalos del espionaje político e industrial de las comunicaciones por parte de la NSA estadounidense, el TiSA permitirá a las corporaciones financieras exportar todos los datos personales de los consumidores a través de las fronteras, pudiendo ubicarlos en paraísos fiscales para evadir las inspecciones fiscales o situarlos en países donde no se respeta la confidencialidad ni la protección de datos.

Estas cláusulas del TiSA están, además, en contradicción y violación de las actuales leyes de protección de datos en vigor en la Unión Europea y en muchos otros de los países firmantes del acuerdo.

El TiSA incluso prohíbe las reglamentaciones equitativas si "inadvertidamente modifican las condiciones de competencia" en detrimento de los intereses de las grandes multinacionales, e impone a los gobiernos la obligación casi imposible de cumplir de anticipar todas las posibles regulaciones financieras –incluidas las que regularían servicios o productos todavía no inventados– que pudieran afectar de alguna manera en el futuro a las corporaciones extranjeras.

Los gobiernos firmantes se comprometen a no aplicar nuevas medidas de política financiera que de alguna manera limiten la desregulación absoluta establecida por el TiSA. Todas las excepciones contempladas en el acuerdo afectan exclusivamente a lo que ya está en vigor, de forma que se crea un efecto llamado de "trinquete" (ratchet, en inglés) por el que ya no se puede dar marcha atrás a la liberalización de productos financieros. Así se impone una escalada de las políticas neoliberales en todos los aspectos de los mercados financieros.

Tras el crash de 2008 surgió un consenso internacional entre los economistas de que para mitigar la crisis son necesarios los controles de capital –regulaciones para limitar los flujos masivos de dinero especulativo caliente hacia o desde un país– que impidan la especulación desorbitada. Hasta el FMI, que en los años 90 instaba a todos los gobiernos a eliminar los controles de capital, reconoció en 2012 que la Recesión Global había demostrado que son necesarios para evitar las crisis financieras mundiales.

Los firmantes del TiSA sólo podrán limitar la creación de nuevos y complejos productos financieros –del estilo de los CDS o CDO cuya desregulación hasta 2008 hizo estallar la crisis en EEUU– si demuestran previamente su peligrosidad, algo prácticamente imposible. Todos esos inventos financieros, desarrollados para maximizar y acelerar los beneficios especulativos, sólo demuestran ser tóxicos cuando ya han estado operando sin control y han generado graves pérdidas públicas y privadas.

El TiSA pretende que las compañías financieras internacionales estén exentas de cumplir las normativas de un país en el que entren a operar si sus actividades están permitidas en su país de origen (por ejemplo, EEUU), un proceso conocido como "recognition". De esta manera, los gobiernos renuncian a regular las finanzas y aceptan externalizar la responsabilidad de garantizar la estabilidad financiera de sus propios mercados.  Al mismo tiempo, el TiSA ni siquiera prevé una armonización de los estándares financieros de los diferentes países, de forma que los firmantes pueden verse obligados a aceptar prácticas financieras vigentes en paraísos fiscales que también participan de este acuerdo.

Una de la cláusulas propuestas en el Anexo de Servicios Financieros del TiSA prevé que los gobiernos tengan que publicar de antemano todos los borradores de las normativas o reglamentos, obligándolos a aceptar un debate legal previo a su entrada en vigor con el que las grandes corporaciones multinacionales podrán desplegar su poderío de lobbies y gabinetes de abogados para paralizar la aplicación de esas regulaciones hasta que estén preparadas para burlarlas o hayan desarrollado nuevos métodos de hacerlas ineficaces.

Los gobiernos firmantes del TiSA no podrán establecer preferencias de instituciones bancarias o compañías de sus propios países ni siquiera cuando se trata de garantizar los fondos de pensiones o de estabilidad de sus contribuyentes, para asegurar su disponibilidad y rentabilidad. El TiSA obliga a aceptar la competencia de los bancos de otros países, en los que los reglamentos de capitalización pueden ser mucho más laxos y, por tanto, carecer de las salvaguardas vigentes en el Estado afectado.

El lenguaje adoptado por el TiSA en cuanto a las "medidas prudenciales" adoptadas por los gobiernos para proteger la estabilidad financiera de sus mercados reproduce casi palabra por palabra el empleado en el acuerdo GATS, a pesar de que los juristas llevan años denunciando que deja a las administraciones públicas sin herramientas legales para defender sus regulaciones. Además, el TiSA incluye una cláusula que impedirá a los firmantes tomar medidas prudenciales que contradigan el contenido de ese acuerdo secreto, dejando a los gobiernos inermes frente a los desafíos legales de las multinacionales.

En definitiva, de lo que se trata es de que los Estados queden desarmados e impotentes frente al poder omnímodo de las compañías financieras internacionales... a pesar del tremendo peligro de que eso provoque una crisis global todavía peor que la que estamos padeciendo.