La derecha republicana de EEUU se ha echado al monte climático. Reniegan de las inversiones verdes, especialmente si están vinculadas a criterios ESG por considerarlas una invención progre a la que los demócratas y los lobbies renovables y ecologistas han arropado con la bandera del woke capitalism -rechazo despectivo a todo intento de avance, en este caso, a establecer unas reglas de juego ordenadas del mercado-.

Además, se desmarcan de la visión proteccionista de Europa que, a su juicio, quiere coordinar con la administración Biden una regulación común que, a sus ojos, perjudicaría a la industria americana.

El Grand Old Party (GOP), el Partido Republicano, contra la ciencia. Pese a las evidencias de que los combustibles fósiles están acelerando el calentamiento global y en defensa de sus tradicionales grupos de presión, los que se asocian con el petróleo, el gas, el carbón y las industrias pesadas del país.

A la retirada constante de miles de millones de dólares de los fondos de pensiones de Estados gobernados por representantes republicanos que estaban indexados a activos respetuosos con el medio ambiente, la responsabilidad social y el buen gobierno corporativo emprendida por Ron DeSantis en Florida y que se agudizó tras la inesperada fuga de votos al GOP de los comicios midterm de noviembre del pasado año, se suma ahora el rechazo del partido de Donald Trump a cualquier traslación de la legislación europea a EEUU.

Dos congresistas del GOP, el senador Tim Scott, miembro del Comité Bancario de la Cámara Alta y James Comer, del de Supervisión y Contabilidad de la Cámara de Representantes, escribieron sendas misivas al Departamento del Tesoro de Janet Yellen y a la SEC (Comisión de Bolsa y Valores​​ de los Estados Unidos, en sus siglas en ingés), la CNMV estadounidense.

En ellas arremetían sin tapujos contra "el estilo de regulación climática de la UE" por considerarlo "dañino y perjudicial para los sectores agrícola, energético y financiero de EEUU".

En el centro de sus críticas está la norma europea sobre ESG que, en el estado legislativo en el que se encuentra en la actualidad, podría convertir en una de las más expansivas y transparentes del mundo y con más garantías de seguridad de las cadenas de valor y de distribución generadas a las firmas con proyectos relacionados con la sostenibilidad y la transición energética.

Contra los falsos liberales europeos

A los legisladores republicanos también les preocupa los estándares laborales que el Ejecutivo de la UE pretende inculcar en la normativa ESG e instan al Tesoro a desmarcarse de este diseño regulatorio.

En un momento en el que la SEC avanza en su propuesta, que aún no ha finalizado ni desvelado y que, en caso de una oposición férrea y efectiva por parte del GOP, podría llegar a demorarse meses e incluso años si, como no se descarta en el ámbito legislativo, la formación republicana inicia recursos judiciales.

"Estamos profundamente preocupados de que las agencias americanas bajo la administración Biden tengan un comportamiento pasivo respecto de iniciativas de instituciones exteriores que podrían acabar exigiendo regulaciones concretas a compañías de EEUU", explicitan en sus cartas los dos representantes del GOP que encomiendan al Tesoro que "dicte las políticas económicas y climáticas que desean las empresas americanas".

Un portavoz de la SEC se apresuró a decir que Gary Gensler, presidente del organismo regulador de los mercados "responderá directamente a estos legisladores" en el Congreso. Pero tanto en la SEC como en el Tesoro esperan futuros quebraderos de cabeza legales a cuenta de las leyes ESG.

La Directiva de Sostenibilidad Corporativa y Due Diligence también ha levantado ampollas en el sector privado europeo, que podría abrir un tsunami de litigios por la exigencia legal que exige una limpieza verde fulgurante de las cadenas de valor.

La regla reclama, además, que las firmas obliguen a sus proveedores a actualizar sus registros contables con los pertinentes estándares medioambientales, de derechos humanos y los que vigilan cualquier otra violación de la normativa.

Los bancos americanos con representación en Europa también han desatado sus alarmas por el precepto CS3D, porque la regulación europea de ESG les confiere si generan en el mercado de la UE una cierta cantidad de ingresos. Hasta ahora, sin embargo, operan sin límite recaudatorio.

El pasado 1 de junio, la Eurocámara añadió presión a Bruselas para que los requerimientos sean impuestos con la mayor eficacia. Para Comer, quien en 2015 se declaró negacionista del cambio climático, las reglas ESG europeas son un "movimiento que desnudan su activismo antiliberal", mientras que, para Scott "podrían elevar los costes y las responsabilidades de las empresas" que se verán en la obligación de "concertar pólizas de seguros adicionales".

Las inversiones ESG en el punto de mira del republicanismo

Las acciones republicanas contra los capitales ESG han pasado a otra dimensión. Ya no buscan el greenwashing (o lavado de imagen sostenible desde sus departamentos de Comunicación y de Relación con Inversores) sino que, ahora apuestan por el greenhushing.

Se trata de una táctica de silencio sepulcral de sus supuestos proyectos sin huella de carbono que choca con las exigencias de datos e información sobre criterios sostenibles, sociales y de buen gobierno que demandan los activos con ribete verde para incorporarse a las carteras respetuosas con el medio ambiente.

Esta ley del silencio no es peccata minuta. Ni mucho menos. Es un misil en la línea de flotación de otro de los requerimientos regulatorios que demandan las inversiones ESG, la homologación y unificación de criterios contables y auditores que corroboren que los proyectos verdes de las empresas responden a la realidad y efectivamente se desarrollan según los cánones y el capital previstos y obtienen los resultados medioambientales y de supresión de huellas de carbono que comunican a los mercados.

El greenwashing, muy habitual entre las supermajors del petróleo, ha propiciado, por ejemplo, que sus áreas corporativas de difusión -esencialmente, sus departamentos de comunicación- se afanen en desvelar sus iniciativas verdes, con millones de gastos en publicidad y en otro tipo de variantes en juego.

Mientras, han multiplicado por cinco esos desembolsos con destino a grupos de presión defensores de los combustibles fósiles para expandir su trayectoria vital.

Todo ello en un ciclo de negocios, el post-Covid, que iba a alimentar la neutralidad energética, el impacto social de la lucha contra el cambio climático y una adecuada y más transparente gobernanza corporativa.

Pero ha dejado que arraigue la vieja economía de la que habló ya Jeff Curry, el estratega jefe de Goldman Sachs, en el otoño que catapultó los precios de la energía y obligó a Europa a establecer sus primeros diques de contención contra la política exterior energética del Kremlin y que precedió en medio año a la invasión de Ucrania.

Curry se refería al poder de influencia de las grandes corporaciones del negocio fósil y sus lobbies para dominar los ciclos económicos de forma ininterrumpida desde comienzos del siglo pasado.

Los activos ESG experimentaron un bienio de esplendor durante e inmediatamente después de la pandemia. En 2020 y 2021 movilizaron 35 billones de dólares cada año.

Parecía que era la panacea en Wall Street, con los gestores de fondos devanando sus cerebros para encontrar activos sin huella de carbono y con impacto social positivo. Pero ahora la cultura americana se está encargando de engullirlo, destacan en Businessweek, la newsletter de Bloomberg.

Conexión empresa-política

Elon Musk ha atacado a las inversiones ESG desde Twitter mientras se teje una densa teoría de acoso y derribo desde posiciones republicanas, con DeSantis a la cabeza, pero en el que el GOP se ha encargado de sacar miles de millones de dólares de los fondos de pensiones de los Estados donde gobiernan de Wall Street con sello verde y socialmente responsable.

Incluso con mención expresa a Larry Fink, dueño y señor de BlackRock -el mayor vehículo de inversión global, que ha llegado a gestionar más de 10 billones de dólares de patrimonio- en su declarado propósito de apostar por las finanzas verdes.

En una convención republicana, el tesorero del Estado de Utah, Marlo Oaks, describió al capital movilizado bajo estos criterios como "un plan satánico". En 2022, estos activos llegaron a acaparar 37 billones de dólares, según datos de la firma de investigación de mercados FactMr, que maneja una predicción para este año de 39,3 billones, hasta llegar a los 72,4 billones diez años más tarde, en 2033.

John Hoeppner, ejecutivo estadounidense de Activos Sostenibles en uno de los fondos con más volumen de inversiones en Europa, Legal & General Investment Mangement, habla de reuniones con clientes en las que el término ESG sale a relucir y donde el rechazo empieza a florecer: "es duro", sentencia en una conversación con Bloomberg.

"Pero el actual ambiente ha dejado de ser tan claro como en el pasado reciente en el que invertir en ESG era como el cristal, una opción preferente y rentable", ha concluido.