La Comisión Europea ve ineludible proteger a las multinacionales en el acuerdo con EEUU

BRUSELAS.- La Comisión Europea ve ineludible incluir la cláusula de protección de las multinacionales e inversores extranjeras en el acuerdo comercial que desde hace dos años y medio la UE negocia con Estados Unidos. “Esta cláusula es parte del mandato que la Comisión ha recibido de los Estados miembros por unanimidad y hay que cumplirlo”, ha señalado rotunda la comisaria de Comercio de la UE, Cecilia Malmström, en una comparecencia ante la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo.

Para defender este tipo de cláusulas protectoras, que han permitido hasta ahora apelar decisiones soberanas de los Estados en tribunales internacionales privados, la comisaria de Comercio argumentó que "en el mundo hay ya más de 3.000 acuerdos comerciales con esta cláusula de protección [el llamado mecanismo ISDS], 1.400 de ellos en Europa, e incluso nueve Estados miembros incluyen ya el ISDS en sus tratados comerciales bilaterales con Estados Unidos. Todos esos acuerdos han creado empleo y han ayudado al capital”, ha abundado.

Malmström ha asegurado ser consciente de que la sociedad europea en su mayoría rechaza el acuerdo comercial y más específicamente el blindaje a las multinacionales (en concreto, un 97%, según la propia consulta pública realizada por la Comisión).

Sin embargo, la Comisión, ha apuntado, “para rebajar ese nivel de escepticismo y desconfianza, está trabajando en mejorar esas cláusulas de protección, permitiendo la apelación e incluyendo más transparencia en los procesos”. “La consulta, además”, ha argüido, “no fue un referéndum”.

Al menos, la comisaria de Comercio admitió que el ISDS, tal cual está, no es aceptable. Malmström, incluso, ha anunciado que la Comisión “redactará un código de conducta según el cual una empresa no pueda recurrir al tribunal internacional privado si ya ha iniciado el proceso judicial en un tribunal nacional, y viceversa”.

Respecto a los riegos de llevar casos fuera de los sistemas judiciales nacionales, la comisaria ha asegurado que es un temor infundado “puesto que la mayoría de los casos lo han ganado los Estados frente a las empresas”.

Privatizar la justicia

Malmström ha contado con el rechazo en bloque de la izquierda europea en el Comité. El presidente, el socialdemócrata alemán Bernd Lange, ha replicado a Malmström sin ambages que “este principio de protección al inversor puede garantizarse perfectamente sin recurrir a tribunales de arbitraje extrajudiciales. En nuestra historia de relaciones con EEUU”, ha añadido,“nunca ha habido discriminaciones hacia las empresas norteamericanas por lo que no existe la necesidad de recurrir a este tipo de instrumentos”.

Por su parte, Helmut Scholz, de Izquierda Unitaria Europea, ha sido más rotundo aún: “El TTIP tiene que formar parte del cubo de la basura de la historia europea”. “Creo que se trata aquí de un acuerdo que no corresponde a las exigencias del siglo XXI en materia comercial. Introducimos un sistema privado de arbitraje dentro de un acuerdo de derecho internacional público, con lo que el derecho de litigio se transmitirá al derecho privado, a estos centros de arbitraje que no son tribunales. Esto no va a reforzar la confianza del inversor”, ha apostillado.

En cuanto a Los Verdes, el francés Yannick Jadot, ha criticado que “no hay un solo economista actual que demuestre que este sistema de audiencias privadas favorece las inversiones. El TTIP es una derrota para nuestra democracia”.

¿Una Corte Internacional del Comercio?

La comisaria Malmström ha anunciado que la Comisión baraja la creación de una Corte Internacional del Comercio, sería un equivalente a la Corte Penal Internacional pero dedicada a conflictos entre inversores y empresas y Estados.

Malmström ha asegurado, con todo, que esta idea “sería a largo plazo, porque llevará años y no dependerá de la UE ni de Estados Unidos sino de sumar a una mayoría de países del mundo, por lo que no podrá ser incluida en el TTIP”. La comisaria ha añadido que esta Corte sería permanente y estaría formada por magistrados de cada sistema judicial nacional, que irían rotando en la composición de este tribunal internacional.

Esta idea, aunque muy indefinida aún, ha sido vista con más o menos buenos ojos por todos los partidos salvo por el Partido Popular Europeo, quien ha insistido en que los tribunales de arbitrajes privados son más efectivos y pertinentes y han funcionado correctamente y con garantías hasta ahora. “Y si algo no está roto, ¿por qué arreglarlo?”, ha preguntado irónicamente el popular Christofer Fjellner.

“Europa tiene 1.400 acuerdos comerciales bilaterales con la cláusula ISDS. La mayoría de los casos perdidos son de las empresas.Debemos velar por el imperio de la ley y proteger a los más vulnerables. Yo no me fiaría de un tribunal de Tennessee”, ha sido la argumentación del eurodiputado popular sueco.

La Comisión no quiere líneas rojas

Antes que Malmström, participó en el Comité el jefe negociador del TTIP de la UE, el español Ignacio García Bercero. Éste ha asegurado ante la Cámara europea que “si el Parlamento introduce líneas rojas no ayudará al acuerdo”. “Otra cosa es”, ha añadido, “que introduzca principios y otra que introduzca líneas rojas”.

El objetivo oficial de la Comisión Europea sobre el acuerdo comercial con Estados Unidos (el TTIP, en sus siglas en inglés) es que el tratado quede cerrado este mismo año. Teniendo en cuenta que ambas administraciones llevan negociando dos años y medio, esto quiere decir que cuanto menos obstáculos, reticencias y pegas haya, antes se firmará.

García Bercero volvió a insistir, como hace en cada comparecencia pública o sesión parlamentaria, que “la UE no está introduciendo en las negociaciones nada que implique la reducción de protecciones al consumidor ni a la población europea y tampoco la apertura de los servicios públicos [a posibles privatizaciones]”.

Sin embargo, Los Verdes, Izquierda Unitaria Europea y los socialdemócratas alertaron de que incluir fórmulas de tribunales privados para proteger a los inversores extranjeros puede socavar la soberanía de los Estados para regular y legislar.