El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, ha sido señalado de nuevo por su presunta implicación con los Papeles de Pandora. Esta vez ha sido por la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional (Parlamento). Esta ha presentado un informe incriminatorio este viernes, el cual vincula al mandatario con paraísos fiscales y el incumplimiento de la normativa interna.

La Comisión, con 6 votos a favor, dos en contra y una abstención, aprobó el informe no vinculante de la investigación. En este se advierte del presunto incumplimiento por parte de Lasso de una norma que prohíbe a los candidatos presidenciales tener capitales o bienes en paraísos fiscales, según Efe. 

A su vez, la Comisión ha previsto lo que podría ser una destitución del gobernante, pues así lo mantiene la Constitución de Ecuador en su artículo 130, numeral 2, sobre la causa de "grave crisis política y conmoción interna", conocida como "muerte cruzada".

El documento se tratará en el pleno de la Asamblea Nacional, en un debate que se debe convocar en un plazo de 30 días. La comisión de Garantías Constitucionales, en las recomendaciones de su informe, también sugiere la comparecencia del presidente Lasso ante el pleno de la Asamblea Nacional en el plazo máximo de 8 días, para que entregue información solicitada.

Por su parte, la integrante de dicha comisión y militante del opositor movimiento UNES, Paola Cabezas, ha manifestado a Efe que "Esto debe ser investigado por la justicia", ya que hay "suficientes elementos en el informe" para que se inicie una investigación "por cuerdas separadas". 

Rechazo del Gobierno de Lasso

Tras la acusación de este viernes, el Gobierno de Laso rechazó el informe presentado. En un comunicado remitido a Efe por el portavoz oficial del Gobierno, Carlos Jijón, el Gobierno "rechaza el informe" de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional que "esta tarde, en contra de la razón y del Derecho, ha sugerido que el Presidente de la República no observó la ley al inscribir su candidatura".

Tras conocerse el documento de la Comisión, el Gobierno también "hace un llamado al pleno de la Asamblea Nacional, que ahora debe conocer y discutir el informe, para que cumpla su papel, apegado a la Constitución y en defensa de la democracia, rechazando semejante injurídica e inmotivada opinión".

Lasso considera que el informe parlamentario "viola no sólo toda regla de Derecho sino de la lógica y hasta del idioma", y sus conclusiones "no sólo son patentemente falsas, sino que inclusive no tienen ilación lógica alguna con los antecedentes planteados, que no pasan de ser meras especulaciones desconectadas totalmente con los hechos del caso".

Desde la publicación de los Papeles, Lasso ha asegurado que se deshizo de todos sus bienes en paraísos fiscales para poder presentar su candidatura a la presidencia, según lo exige la Ley de 2017.