ChilePiñera agota las fórmulas para conjurar una crisis que mantiene el estallido en Chile

Se había autoconvocado a través de las redes sociales como "La Marcha Más grande de Chile II", para dar continuidad a la movilización que el pasado 25 de octubre congregó a más de 1,2 millones de personas, convirtiéndose en la protesta más masiva desde el retorno a la democracia. Sin embargo, las cifras quedaron lejos de conseguirlo y, según Carabineros, fueron unas 15.000 personas las que salieron a la calle la tarde de este martes.

La marcha registró nuevos episodios de saqueos, enfrentamientos entre policía y pequeños grupos de manifestantes e incendios, uno de ellos en una parte del cerro de Santa Lucía, un punto emblemático del centro de la ciudad, que habría sido causado por una bomba lacrimógena disparada por Carabineros.

Después de más diez días de protestas, la crisis política y social que estalló con el aumento del precio del transporte público se mantiene muy viva. Luego de suspender el estado de emergencia y el toque de queda, el lunes el presidente Sebastián Piñera concretó un cambio de gabinete “profundo” que cambió a un total de ocho ministros: dos de ellos miembros del Comité Político, además de los titulares de las carteras de Hacienda, Economía y Trabajo. El mandatario apostó por un plantel ministerial “con calle, mucho más joven, capacidad negociadora y de perfil más liberal de centro.

Pero las demandas de los manifestantes van mucho más allá del reparto de cargos y nuevos nombramientos, y la calle se acusó que el flamante gabinete no llegó con otras propuestas que superen la "agenda social" presentada la semana pasada, que fue considerada “insuficiente, y que apunten a los problemas sociales de fondo.

Escenario oculto por la incertidumbre

Las movilizaciones han dejado, hasta ahora, al menos 20 fallecidos –cinco de ellos a manos de militares o policías– y 3.700 personas detenidas 

La torpeza y el mal manejo político del estallido que enfrenta el país –a base de represión policial y militar y respuestas tardías, superficiales y poco apegadas a los reclamos de la ciudadanía– ha desembocado en un escenario tapado por la incertidumbre. Un panorama que da la sensación que está totalmente fuera de control de las autoridades políticas. "Nuestro Gobierno ha escuchado el llamado fuerte y claro de los chilenos que piden un Chile con más dignidad y sin abuso y también un Chile próspero y más en paz. Tenemos que actuar con seriedad, responsabilidad, sin populismos y sin demagogias", declaró Piñera luego de que asumieran los nuevos cargos. Y agregó: "La democracia tiene el deber de protegerse de sus adversarios respetando los derechos humanos de todos los ciudadanos. Sabemos que tenemos que modernizar y fortalecer nuestras organizaciones democráticas y nuestro sistema de inteligencia y de seguridad ciudadana".

Las movilizaciones han dejado, hasta ahora, al menos 20 fallecidos –cinco de ellos a manos de militares o policías– y, según datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) entregados a última hora del martes, hay más de 3.700 personas detenidas –más de 400 menores– y más de 1.200 heridos por disparos de balas, balines, perdigones o armas de fuego no identificadas. También hay 140 personas con lesiones oculares.

El organismo ha presentado hasta el momento 138 acciones judiciales, de las cuales cinco son querellas por homicidio, 92 por torturas y 18 por violencia sexual. Una de las denuncias recoge el caso de un estudiante de medicina homosexual que declaró haber recibido golpes, amenazas y vejaciones de parte de los agentes de policía. "Fue desnudado y abusado sexualmente en el contexto de tortura que estaba sufriendo […] Lo obligaron a gritar su identidad sexual, mientras los policías uniformados proseguían con los golpes" aseguraron desde el INDH.

"Se han producido situaciones que, efectivamente, parecen ser violaciones a los derechos humanos", asumió Larraín

Los informes que ha emitido el organismo han provocado la apertura de 14 sumarios para investigar las eventuales responsabilidades de los funcionarios. Este martes, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, uno de los salvados del cambio de gabinete, reconoció por primera vez la veracidad de las denuncias: "Estamos muy complicados porque se han producido situaciones que, efectivamente, aparentemente, parecen ser violaciones a los derechos humanos”, asumió.

Al trabajo desempeñado por los trabajadores del Instituto, uno de los cuales resultó herido por siete balines durante las protestas de este martes, se le sumará el aporte de una misión de observadores del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas que, desde hoy, se desplegará por todo el país.

Las cifras del Gobierno, por otra parte, se centran en 228 querellas y un total de 997 imputados durante el contexto del estallido social, “ya sea por seguridad del Estado o por incendios asociados a las estaciones del Metro”, en palabras del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla. 

La oposición prepara una acusación constitucional

Los últimos sondeos han dejado la aprobación del presidente por los suelos. Según la encuesta Cadem, dada a conocer el fin de semana, el mandatario chileno tiene un respaldo de un 14%, la cifra más baja que ha registrado un jefe de Estado desde 1990.

El Partido Socialista, el Partido Comunista y el Frente Amplio –una coalición de izquierda– están preparando una acusación constitucional contra Piñera que, de salir adelante, llevaría al presidente a enfrentarse a un proceso de impeachment. Sin embargo, eso es poco probable, porque los promotores necesitan los votos de los senadores de derecha.

La oposición también promueve un proyecto de reforma constitucional que permita la convocatoria de un plebiscito. Una consulta ciudadana que pregunte a los chilenos y chilenas si están dispuestos a abrir un proceso constituyente para redactar una nueva Carta Magna que deje atrás la que rige hoy, diseñada e implementada en 1980, bajo la dictadura de Pinochet.

Efectos para la proyección internacional

La urgencia del Gobierno para salir de la crisis no es poca. Además de la necesidad de reconstruir las ciudades y permitir recuperar la cotidianidad de los ciudadanos, el país tiene encima dos acontecimientos internacionales clave para relevar su imagen mundial.

El 16 y 17 de noviembre se celebrará el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), que convoca a los líderes de los países del Pacífico para abordar temas relacionados con el intercambio comercial y la cooperación económica. Este martes, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ya anunció que no viajará a Chile. Se mantiene, en cambio, la asistencia de Donald Trump y del presidente chino, Xi Jinping.

Un grupo de 46 eurodiputados firmaron una carta en la que solicitan que no se realice ningún encuentro internacional en Chile hasta que no se retiren “el Ejército y la represión”

Por otro lado, a principios de diciembre Santiago será sede de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), que acogerá a los principales líderes mundiales. Un grupo de 46 eurodiputados firmaron una carta dirigida a la Alta Comisionada de la Unión Europea para asuntos de Relaciones Exteriores y Seguridad, Federica Mogherini, en la que solicitan que no se realice ningún encuentro internacional en Chile –tampoco la COP25– hasta que no se retiren “el Ejército y la represión” y critican “la falta de posicionamiento público de la UE” ante la situación que mantiene al país desbordado.

La pulsión de la calle se medirá de nuevo hoy con la segunda convocatoria de huelga general, como antesala de un fin de semana largo que se prevé movido.