Corría el año 2011 cuando Sebastián Piñera, que entonces también era presidente de Chile, se enfrentaba las protestas más masivas que hasta entonces habían liderado los universitarios. Los jóvenes reclamaban la gratuidad de los estudios superiores, entre los más caros de toda América Latina.

Giorgio Jackson (Viña del Mar, 1987) fue en aquel momento uno de los líderes estudiantiles de la protesta. Ocho años después, vive desde las instituciones las protestas más multitudinarias del país sudamericano desde el retorno a la democracia. Es uno de los siete diputados –y fundadores– del partido Revolución Democrática (RD), una de las principales formaciones de la coalición de izquierdas Frente Amplio, que agrupa una veintena de parlamentarios.

Ingeniero industrial de profesión, en 2017 fue elegido para su segunda legislatura, después de ser el candidato con mayor cantidad de votos a nivel nacional. Su trayectoria lo ha situado entre las voces más reconocidas del bloque. "En ningún caso nosotros somos representantes de la movilización, que es mucho más grande y transversal, pero sí somos parte de quienes hemos denunciado este malestar", señala el parlamentario a propósito del rol del Frente Amplio el conflicto que vive el país desde hace más de tres semanas. "No nos hemos callado ninguna de las injusticias que vemos visto en los últimos años y eso nos permite estar en una protesta o en una manifestación sin recibir una funa [escrache]", añade.

"Un club de amigos"

La crisis política y social chilena está aún abierta y los escenarios son inciertos y rápidamente cambiantes: "Estamos en un momento clave", asegura Giorgio Jackson.

"En un primer momento, el gobierno apostó por la criminalización (declarar el Estado de Emergencia, la militarización, el toque de queda, etc.). Sin embargo, eso produjo una respuesta mucho más grande de la ciudadanía y a medida que, a cuentagotas, el Ejecutivo ha dado respuestas, la ciudadanía ha ido profundizando el diagnóstico de crisis", explica.

A su parecer, la situación actual es producto de "una gran cantidad de errores que el Gobierno fue realizando en su administración y de distintas declaraciones de ministros de Estado que generaron un malestar creciente y que quedaban absolutamente impunes, porque el presidente mantenía su confianza en esas autoridades, pese a que sus dichos insultaron a la población", comenta. Sin embargo, en su diagnóstico las responsabilidades son compartidas, y van más allá del gobierno de Piñera "el Estado de Chile, durante 30 años, no ha sido capaz de garantizar ciertos derechos y establecer instituciones legítimas a través de la distribución del poder y no de la concentración", critica.

Entre las principales demandas de los manifestantes hay el acceso a derechos básicos como la salud, la educación, las pensiones o la mejora de los salarios. "En Chile los salarios son muy bajos y crecen de manera muy lenta, mientras el costo de la vida es parecido al de un país europeo; las familias han tenido que ir financiando con crédito de las tiendas comerciales la comida del mes y esto generó una sensación de malestar que durante mucho tiempo estuvo dormida, contenida", sostiene Jackson.

"Los abusos se fueron acumulando y, en vez de haber sido penalizados ejemplarmente o rectificados, pareciera que había un club de amigos en el que todo pasaba sin ningún tipo de sanción", afirma el diputado. Según él, "ahí es donde no es casualidad que todo esto pase con Piñera, porque tiene una forma de ser prepotente que genera una resistencia muy grande; es parte del club de las diez personas más ricas del país y uno de los más ricos de Latinoamérica. Cuesta verlo desprendiéndose de sus privilegios".

Giorgio Jackson

"Preguntar a través de un plebiscito"

La torpe gestión de la situación por parte del presidente Piñera ha hecho caer su popularidad hasta récords históricos y ha dejado su aprobación por los suelos. Estas semanas, la brecha entre ciudadanos e instituciones no ha hecho más que ampliarse y ahora la demanda principal se enfoca en una nueva carta magna. "Distintas encuestas plantean que cerca de un 80% de la ciudadanía quiere una nueva Constitución, y no entregan la confianza al Congreso para que sea quien modifique la actual o arme una nueva. Si el Congreso y el Gobierno están con poca legitimidad, hay que preguntar directamente a las personas a través de un plebisicto", indica. Por eso, es partidario de “empujar para que las instituciones no sean un dique de contención o un freno a los cambios que debiésemos intentar facilitar”.

El diputado destaca la iniciativa de 330 alcaldes (de los 345 municipios del país) de llevar a cabo una “consulta local coordinada” para que la ciudadanía se pronuncie sobre si quiere o no una nueva Constitución, que sustituya la que se diseñó en dictadura. “Eso puede habilitar un proceso constituyente hasta por encima de la propia voluntad del Ejecutivo, pero –aún así– para que sea en el marco de las instituciones, se necesita un cambio constitucional que requiere de una mayoría que incluya al oficialismo”, reconoce. “Es una paradoja del poder o de la democracia porque la mayoría pide un proceso que involucre una nueva constitución, pero estamos amarrados a las reglas que se fijaron en dictadura”, añade.  

"Antagonismos cada vez más fuertes"

Giorgio Jackson considera que entre la ciudadanía hoy conviven dos grandes miedos: "El primero –y mayor– es que nada cambie y que todo esto haya sido en vano; el otro son los distintos niveles de violencia (saqueos e incendios) que ha ido escalando por parte de un porcentaje muy minoritario de la población civil, que hace ver su malestar y descontento a partir de esas actuaciones; y la violencia policial, absolutamente desproporcionada y con un alto número de querellas y denuncias por violaciones derechos humanos. Hay más de 190 compatriotas con pérdidas o daños graves en globos oculares, miles de personas detenidas, entre ellas menores –niños, niñas y adolescentes– y denuncias del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de tortura y abusos sexuales de la policía", apunta.

Sobre la posibilidad de que se frustren las expectativas de cambio, enfatiza que, ante este tipo de conflictos, "cada vez es más evidente que no da lo mismo quien gobierne, sobre todo en los regímenes presidenciales, donde la figura del presidente o presidenta acumula mucho poder". Por eso, asume que el Frente Amplio tiene que prepararse –"con las autocríticas que tengamos que hacer"–, para que los ciudadanos “nos puedan delegar mayores responsabilidades para cambiar las cosas, más que sólo estar en una trinchera opositora”.

"Estamos en un momento donde los antagonismos son cada vez más fuertes, el sujeto colectivo, el pueblo, antagoniza muy fuertemente con la autoridad, y las instituciones políticas están con muy poca validez”, opina Jackson. Una definición que encaja con la calificación de “populista” que utiliza la Ciencia Política, en el sentido más estricto y genuino de la palabra.

Para él, este escenario es “caldo de cultivo para movimientos de ultraderecha que logran aferrarse del miedo para decir que lo primero que hay que cuidar es el orden y la inversión”, advierte. Por eso, su apuesta en el contexto actual no pasa por “polarizar”, sino por “valorar la calidad de vida de las personas” y “a través de un plebiscito, avanzar en mayores garantías de derechos, menos abusos y una distribución del poder más legítima que la actual”.