Franja de GazaCentro de Derechos Humanos denuncia que fuerzas y colonos israelíes asesinaron a 302 palestinos en 2018

Las fuerzas militares y colonos israelíes asesinaron en 2018 a 302 palestinos, 245 de ellos civiles, según el informe anual que realiza el Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR), ONG colaboradora de Naciones Unidas, que hoy va a ser presentado en Sevilla por su director, el abogado Raji Sourani, la primera vez que se presenta fuera de su país este estudio sobre el grado de incumplimiento de los derechos fundamentales por parte de Israel y de las autoridades palestinas.

El informe, que se realiza anualmente desde 1997 y al que ha tenido acceso Público, revela que entre los palestinos asesinados el pasado año había 57 niños y una mujer, y que, además, resultaron heridas 10.731 personas, la mayoría civiles y gran parte residentes en la Franja de Gaza. Los momentos más críticos documentados en este estudio sobre violaciones de derechos humanos se refieren al uso de la fuerza con gas lacrimógeno, balas de goma y bombas sónicas contra los cientos de miles de ciudadanos palestinos que participaron en manifestaciones semanales pacíficas a lo largo de la valla fronteriza contra el cierre de Gaza y por la vuelta de los refugiados, las denominadas marchas del retorno, en las que murieron 180 personas, 35 de ellas menores de edad.

Entre los palestinos asesinados el pasado año había 57 niños y una mujer, y además, resultaron heridas 10.731 personas

Otro momento crítico, como refleja el informe de PCHR, fue la inauguración el 14 de mayo de 2018 de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén tras reconocer el Gobierno norteamericano a esta ciudad como la capital de Israel en contra de lo establecido en el derecho internacional, hecho que fue contestado con multitudinarias manifestaciones cuya represión se saldó con la muerte de 46 participantes, 7 de ellos menores, y 2.000 personas heridas.

El protestado cierre de Gaza, "ilegal e inhumano" se subraya en el informe, continuó por duodécimo año consecutivo y provocó "el deterioro de las condiciones humanitarias, sociales y económicas" de los dos millones de personas que viven allí. Como resultado de ello, la tasa de desempleo y de pobreza en la Franja alcanzaron el 53%, según la Oficina Central de Estadísticas de Palestina, y el 76% de la población sufrió inseguridad alimentaria, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.

Igualmente, el Centro Palestino para los Derechos Humanos detalla que 6.500 palestinos fueron detenidos en 2018 por las fuerzas israelíes, 400 de ellos menores, "sujetos a unas condiciones inhumanas y crueles". Esta organización asegura que cinco de estos prisioneros murieron en cárceles israelíes, dos en hospitales a causa del deterioro de su salud, dos a causa de palizas y torturas al ser arrestados en sus casas y uno tres días después de haber sido arrestado.

En el informe se analiza también la situación de los periodistas que cubren la información en esta zona y se documentan 300 violaciones de las fuerzas israelíes contra el ejercicio de la libertad de expresión de profesionales de los medios de comunicación, cifra en la que se incluye la muerte de dos periodistas durante la represión de las manifestaciones de las marchas del retorno ante la valla fronteriza de Gaza.

Además, según este análisis anual, las fuerzas israelíes siguieron demoliendo sistemáticamente propiedades de civiles palestinos en Cisjordania, con una "escalada significativa" en la destrucción de edificios residenciales y con fines agrícolas, industriales y comerciales en la Ribera Occidental del río Jordán (West Bank). Paralelamente, el Gobierno israelí "siguió intensificando las actividades de asentamiento" de colonos judíos, particularmente en Jerusalén Oriental, con un volumen "sin precedentes".

Denuncias en la parte palestina

PCHR también analiza la actuación de las autoridades de Palestina y en su último informe subraya que la "situación de los derechos humanos en el Territorio Palestino Ocupado se deterioró rápidamente en 2018, mientras que la división en el sistema político y el estado de división entre la Franja de Gaza y Cisjordania continuaron e incluso se profundizaron".

En el informe se destaca que la autoridad palestina siguió imponiendo restricciones cada vez más estrictas

En concreto, en el informe se destaca que la autoridad palestina "siguió imponiendo restricciones cada vez más estrictas a la organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos". Y al respecto detalla que "continuaron las citaciones y detenciones de activistas" de Fatah y otras organizaciones, acompañadas de torturas y tratos inhumanos, se dictaron nuevas sentencias de muerte a condenados y "se registró un número cada vez mayor de incidentes relacionados con la proliferación de armas y ataques contra el estado de derecho, que causaron la muerte y lesiones de muchos palestinos".

Por su parte, en Cisjordania "continuaron las detenciones y citaciones" contra activistas de Hamas y los movimientos de Yihad Islámica, y nuevas violaciones de las libertades públicas como la de expresión, reunión o manifestación. "A la luz de lo anterior, parece existir la posibilidad de que se produzca un colapso del sistema político existente. Como palestinos, nos enfrentamos a un futuro sombrío", advierte la ONG colaboradora de Naciones Unidas al analizar la situación política en Palestina.

El informe anual del Centro Palestino para los Derechos Humanos concluye con una serie de recomendaciones a la comunidad internacional

El informe anual del Centro Palestino para los Derechos Humanos concluye con una serie de recomendaciones a la comunidad internacional para que, entre otras medidas, presione a Israel a fin de que ponga fin a sus "crímenes contra civiles palestinos en el territorio ocupado" e investigue los asesinatos denunciados, y a la ONU para que cumpla con su responsabilidad de permitir a los palestinos que disfruten de su derecho a la autodeterminación.

Además, esta organización no gubernamental hace un nuevo llamamiento a la comunidad internacional para condenar y boicotear los asentamientos israelíes establecidos en el territorio palestino ocupado en 1967, y apoyar esfuerzos para la reconciliación interna palestina y el logro de la transición democrática.