Como medida de contención, Pedro Castillo, presidente de Perú, ha apostado por la represión frente a las protestas sociales. El toque de queda decretado en Lima y su vecina provincia de Callao debido al paro de transportistas, desató este martes las críticas de políticos de todo signo, incluidos antiguos aliados, mientras los ciudadanos amanecieron sorprendidos por una medida anunciada poco antes de la medianoche del lunes.

Dicha medida determina que desde las dos de la madrugada hasta las 23:59 de este martes, nadie debía permanecer por la calle. A su vez, el país se encuentra bajo la ley de Estado de Emergencia, lo que implica que se suspenden "los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y tránsito". Esto limita ciertos derechos fundamentales, entre otros, el habeas corpus (principio que garantiza la protección a los ciudadanos de detenciones y arrestos ilegales). Es decir, evita que se produzca o prolongue la misma si no hay un motivo legal que lo justifique.

La orden afecta a unos 11 millones de peruanos que habitan en las dos provincias, de los casi 33 millones que tiene la nación andina, pese a que la protesta que se inició hace ocho días ha comenzado a reverberar también en la capital de manera controlada. El ministro de Defensa, José Gavidia, explicó que el Gobierno decretó el toque de queda porque contaba con informes sobre posibles "movimientos y actos vandálicos generalizados". Desde el inicio de las protestas, se han reportado cuatro víctimas mortales por los incidentes causados en los disturbios policiales y no hay detalles sobre esos supuestos informes.

Lo que a priori sería una solución, ha generado fuertes críticas desde distintos sectores y las protestas en la capital no cesaron. La decisión del Ejecutivo fue calificada como "inconstitucional" por la Defensoría del Pueblo (órgano defensor de los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad). Por esta razón, Castillo suspendió el martes a las 16:49 hora local, el toque de queda en Lima y Callao, siete horas antes del fin que tenía previsto. "Debo anunciar que, a partir del momento, vamos a dejar sin efecto esta inamovilidad (toque de queda) y corresponde llamar a la tranquilidad del pueblo peruano, eso quería anunciar", dijo Castillo durante una reunión con los líderes políticos en el Congreso.

Aunque la intención del líder de Fuerza Popular era enfrentar la crisis social marcada por la subida en los precios de los combustibles, peajes, alimentos de primera necesidad y los recursos agrícolas; los saqueos se seguían produciendo (aunque alejados de la capital), en regiones como Ica, Trujillo, Ucayali, Cajamarca o San Martín. Fue entonces cuando miles de personas salieron a las calles, saltándose la medida decretada, por una movilización convocada en el centro de la capital contra el toque de queda y pidiendo la renuncia de Castillo. Esto derivó en el ataque a una sede del Poder Judicial y altercados violentos que produjeron heridos y destrozos en Lima. Según EFE, las autoridades cortaron varios accesos que conectan la carretera Panamericana con la capital para, de ese modo, hacer respetar el toque de queda.

Las protestas se agudizaron cuando los manifestantes llegaron a situarse en frente del Congreso, donde se encontraba reunido Castillo, pero fueron detenidos por un cordón policial. Hasta ahora las movilizaciones para exigir la renuncia de Castillo promovidas por la derecha golpista habían sido un fracaso por su escasa convocatoria. Tras el decreto del estado de emergencia y el toque de queda, tomaron mayor fuerza y se convirtieron en un catalizador que empujó a muchos a sumarse a esas movilizaciones. En las zonas populares de Lima, duramente golpeadas por el alza de los precios, no hubo movilizaciones, pero creció la indignación porque estas medidas afectaban aún más a sus precarias economías.

En la tarde del martes, Castillo fue al Congreso con algunos de sus ministros para reunirse con la directiva del Parlamento y los portavoces de los distintos partidos políticos. Justificó las cuestionadas medidas tomadas por su gobierno diciendo que eran para "proteger a la población". Pero minutos después retrocedió y anunció que el toque de queda quedaba sin efecto desde ese mismo momento. La violencia que había tomado las calles del centro de Lima no cedió después de este anuncio.

No obstante, a pesar de que el presidente dijo respetar la actitud y el derecho de los ciudadanos peruanos a manifestarse, no estaba de acuerdo con que se aprovechase un derecho constitucional para cometer ciertos actos. "El Estado no avala ciertas actitudes, va más allá del derecho constitucional como el bloqueo de carreteras o apedrear, por ejemplo, un domicilio."

La decisión de Castillo desató las críticas de sus opositores, que son mayoritarios en el Congreso, pero también de políticos aliados como Verónika Mendoza, líder de la coalición progresista Juntos por Perú, quien censuró el toque de queda calificándolo de medida "arbitraria y desproporcionada". Puso un tuit en el que rechazaba y cuestionaba el estado de emergencia y el toque de queda impuesto.

Por su parte, la derecha mantiene su doble moral: las medidas represivas que anteriormente ha demandado y aplaudido para enfrentar las protestas sociales (siempre criminalizadas), ahora son respaldadas. Esto evidencia su interés de aprovechar la crisis social y los errores del gobierno para paliar la situación y provocar su debilitamiento.

Con todo esto, la imagen de Castillo se ha debilitado en los sectores populares, pues ha perdido apoyo entre sus aliados de izquierda y los sectores populares piden su renuncia inmediata.