El caos social se instala en Río de Janeiro a días de los Juegos Olímpicos

RIO DE JANEIRO.- A tan solo una semana de la inauguración de los Juegos Olímpicos, Rio de Janeiro ha dejado de ser la Ciudad Maravillosa para convertirse en palabras de su propio gobernador, Francisco Dornelles, en un “estado de calamidad”. A pesar de que Dornelles decretó esta situación el pasado 17 de junio para poder recibir ayuda económica del Gobierno central, el caos social que vive la capital carioca se siente por lo menos desde finales de 2015.

Son dos ciudades enfrentadas. Por un lado la que en un sprint final y con la lengua fuera se centra en terminar las obras pendientes de transporte y las instalaciones deportivas. Y al otro, la que padece las consecuencias de la primera. No son sólo los atascos de más de tres horas porque las calles y carreteras de la ciudad se cortan a deshoras y sin previo aviso. Tampoco los excluidos de siempre (ahora todavía más marginados) que han sido desalojados de sus casas, o el aumento de jóvenes negros asesinados por una bala perdida debido a la excesiva militarización de las favelas en “aras de la seguridad”.

El caos social también se ve en los hospitales que cierran sus áreas de Urgencia y sus quirófanos, en las escuelas cerradas por una huelga que lleva seis meses y que tiene en vilo a profesores y alumnos. Se ve en la administración pública que deja a sus funcionarios endeudados por no recibir el salario a tiempo. Lo mismo sucede con la Policía, los bomberos, los agentes penitenciarios, con los jubilados y hasta con sus propios muertos, que durante un mes tuvieron que ser trasladados a otras ciudades porque el Instituto Médico Legal no tenía las condiciones de limpieza necesaria (por huelga de sus trabajadores) para recibir los cadáveres y hacer las autopsias.

El "estado de calamidad” se usa normalmente para catástrofes naturales inesperadas y no por la mala gestión de un gobierno

Todo eso llevó a Francisco Dornelles a decretar el pasado 17 de junio que la ciudad de Rio de Janeiro vivía un “estado de calamidad”, una situación que se usa normalmente para catástrofes naturales inesperadas y no por la mala gestión de un gobierno. La justificación del gobernador fue la situación de “caos social” que podría afectar a la seguridad de las Olimpíadas, con sus agentes sin recursos y en huelga día sí y día también. El presidente de Brasil en funciones, Michel Temer, le prometió a Dornelles casi un billón de euros destinado exclusivamente para mantener la seguridad de los Juegos Olímpicos.

Desde entonces las huelgas en la ciudad carioca son casi diarias. Policías en el aeropuerto se manifiestan con pancartas que dicen “bienvenidos al infierno”. A las puertas de la Asamblea Legislativa de Rio de Janeiro (ALERJ) no hay día que no haya concentraciones de funcionarios que reclaman sus salarios, indignados al ver cómo el Gobierno central también les ignora y se preocupa exclusivamente por el evento deportivo.

El pasado fin de semana grupos de policías, bomberos y profesores llenaron la playa de Copacabana de cruces negras como símbolo de la “muerte de las insitituciones públicas”. Los funcionarios llevaron pancartas en inglés para que a los turistas les quedara clara su situación: “Welcome to chaos! Money only for the Olympics. No money for public education”.

Nadie podía esperar todo esto en 2009 cuando el entonces presidente Lula da Silva presumía de haber conseguido que Rio de Janeiro albergara unos Juegos Olímpicos y que Brasil fuera el primer país latinoamericano en celebrar este evento. En aquel momento, Lula cerraba su segundo mandato con llave de oro. Más de treinta millones de personas fuera de la pobreza, un crecimiento económico estable y el descubrimiento de uno de los yacimientos de petróleo más importantes del mundo (el Presal de Rio de Janeiro) que garantizaría el pleno desarrollo del país. Brasil tenía por delante la Copa del Mundo, las Olimpíadas, y Lula dejaba el poder con un 87% de popularidad a sus espaldas.

No contaban con que la crisis económica mundial azotara el mercado de las commodities (uno de los pilares de la economía brasileña) y menos aún que en 2014 se descubriera a través de Operación Lava Jato el mayor escándalo de corrupción del país donde la nueva gallina de los huevos de oro, la estatal Petrobras, aparecía como uno de los principales centros de desvío de dinero. Un total de dos billones de euros salieron de la petrolera y se repartieron en los bolsillos de políticos de prácticamente toda la esfera partidaria, con especial hincapié entre los partidos del Gobierno (PT) y aliados como PP y el PMDB, estos dos últimos los que acumulan mayor número de escándalos. Precisamente el PMDB, un partido que además de ser líder en el Legislativo, y uno de los promotores del impeachment contra Rousseff, es también quien gobierna en el Ejecutivo, con Michel Temer como presidente en funciones, y lleva trece años al mando del gobierno de Rio de Janeiro.

La operación Lava Jato sacó a la luz un esquema de corrupción que funciona desde la dictadura

La operación Lava Jato no sólo demostró el desvío de dinero de Petrobras, sino que sacó a la luz un esquema de corrupción que funciona desde la dictadura en el que las constructoras brasileñas pagan a los gobiernos de turno y a los partidos mayoritarios del Congreso a cambio de licitaciones de obra pública. Una serie de propinas millonarias, que pueden alcanzar los 50 billones de euros al año, según el Fiscal de la República, Deltan Dallagnol, y donde también podrían estar involucradas las obras del Parque Olímpico, en estos momentos en el punto de mira de las investigaciones.

El oro negro también sirve de excusa para el actual gobernador. Dornelles achaca la deuda de 30 billones de euros que ha llevado a la quiebra al estado, entre otras cosas a la disminución en la recaudación de royaltis del petróleo debido a la crisis que sufre la petrolera desde que se conocieron los escándalos en los que estaba inmersa. Sin embargo, poco se habla de los 70 billones de euros que perdió el estado entre 2008 y 2013 por dar exoneraciones fiscales a las grandes empresas que invirtieron en obras olímpicas.

Según el diputado carioca Marcelo Freixo, precandidato a la alcaldía de Rio de Janeiro por el PSOL (Partido Socialista y Libertad), uno de los pocos partidos que no está envuelto en ningún escándalo, la crisis de Rio de Janeiro se produce “por al menos nueve años de mala gestión” y señala la sobrefacturación de las obras como una de las principales causas del déficit estatal. Freixo recuerda que el presupuesto de la ampliación del metro para las Olimpíadas llegó a duplicar su valor: “Es un agujero sin fondo de los recursos públicos y sabemos que dos de las constructoras que se ocupan están investigadas por el esquema de propinas de Lava Jato”, decía hace un par de meses el diputado carioca en la ALERJ.

La constructora Andrade Gutiérrez reconoció hace un mes que para la remodelación del estadio del Maracaná tuvo que “sobornar” al ex gobernador de Rio de Janeiro, Sergio Cabral (PMDB). En este contexto la sobrefacturación del presupuesto de las Olimpíadas que ha pasado de 14 billones de euros a un total de 20 billones, resulta como poco sospechosa.

Al caos social generado por un estado en quiebra continúa esa otra ciudad que trabaja contrarreloj para que el medio millón de turistas que se espera puedan disfrutar durante tres semanas del evento olímpico. Las obras deportivas están al 95%, con retoque en el velódromo, el Centro Nacional de Hípica y el campo de voley-playa de Copacabana, una obra que fue paralizada hace un mes por peritos de la Secretaría de Medio Ambiente por considerar que la estructura estaba demasiado cerca del mar y podía ocasionar problemas. Las obras se han retomado pero la resaca del mar ya ha tirado dos veces parte de las gradas.

Pero el mayor escándalo se produjo el pasado domingo cuando la delegación australiana decidió abandonar la Villa de los Atletas después de calificar los apartamentos de los deportistas como “inhabitables”. Problemas eléctricos, de fontanería, un espape de gas y “mucha suciedad” fueron las principales quejas de la jefa de la delegación, Kitty Chiller. El alacalde de Rio de Janeiro respondió rápidamente que “todo se arreglaría” y que estaba pensando en “poner un canguro para que los australianos se sientan como en casa”. Chiller no tardó en responderle públicamente: “No necesitamos canguros, sino fontaneros”.

A diez días de la inauguración de los Juegos apenas se han vendido el 75% de las entradas

Las obras de transporte pensadas para comunicar con eficiencia las diversas arenas olímpicas están casi a punto, pero una de las más emblemáticas que uniría Ipanema a las cercanías del Parque Olímpico de Barra da Tijuca estará lista cuatro días antes de la inauguración. El tranvía que comunica el aeropuerto Santos Dumont con el centro de la ciudad se estrenó hace un mes y ya ha tenido algunos incidentes saliéndose de los carriles. Pero lo que todavía está en la memoria de muchos cariocas fue el carril bici al borde del mar que se desplomó el pasado abril, apenas tres meses después de su inauguración, y que causó la muerte de dos ciclistas.

A diez días de la inauguración de los Juegos que será el próximo 5 de agosto, apenas se han vendido el 75% de las entradas. Un número mucho menor de lo esperado y por debajo del de ciudades como Londres, donde se celebraron las últimas Olimpíadas. El fantasma del Zika también ha sido un factor de última hora que ha hecho que tanto atletas como aficionados se hayan pensado dos veces venir a la Ciudad Maravillosa, a pesar de que las autoridades brasileñas aseguren que en invierno el mosquito está controlado.

El Comité Popular de la Olimpíadas, un grupo de colectivos y movimientos sociales de diversos ámbitos, prometen dar guerra para dar a conocer “las calamidades sociales” que ha provocado el evento. El mismo 5 de agosto está convocada una manifestación multitudinaria para denunciar lo que denominan como “Juegos de la Exclusión”.