Ayotzinapa: el caso de los 43 desaparecidos en el que está en juego el fin de la impunidad en México

Ocho años después, México aún no ha conseguido aclarar y procesar a todos los responsables del ataque a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que se saldó con varios muertos y 43 desaparecidos. Un médico español con amplia experiencia en comisiones de la verdad en América Latina, Carlos Martín Beristain, forma parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investiga desde 2015 esos hechos y, en declaraciones a Público, advierte: en este caso está en juego acabar con la impunidad en México, un país con más de 100.000 desaparecidos.

Tergiversación de pruebas, ocultación de información, adulteración de supuestas escenas del crimen, documentos secretos no revelados con conversaciones trascendentales entre actores principales de la trama y una larga ristra de mentiras y falsedades han ido poniendo muchas piedras, rocas más bien, en el camino de la investigación de una tragedia que sigue teniendo en vilo a 43 familias que aún no saben dónde están sus hijos y por qué desaparecieron.

Las implicaciones de estamentos militares, policiales, políticos y judiciales en connivencia con organizaciones de narcotráfico tienen mucho que ver con esas grandes dificultades para llegar al esclarecimiento de lo sucedido entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, una ciudad del estado de Guerrero de algo más de 130.000 habitantes, situada entre la capital del país, Ciudad de México, y la joya turística del Pacífico mexicano, Acapulco.

Un dato a tener muy en cuenta: se estimaba que en ese año el 80% del tráfico de heroína de México con destino a EEUU partía de Guerrero. Y ya se sabe que el tráfico de droga mueve siempre mucho dinero, compra muchas voluntades y tapa aún más bocas.

Lo de la implicación de integrantes de estamentos claves del estado no es una afirmación al vuelo, es lo que concluyó el pasado mes de agosto la Comisión para la Verdad sobre Ayotzinapa, creada a finales de 2018 a instancias del presidente de la república federal, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, cuando accedió al cargo en diciembre de 2018, sustituyendo a Enrique Peña Nieto, del PRI, el partido que llegó a estar en el poder 70 años seguidos.

Según concluyó la comisión, lo de Ayotzinapa fue un "crimen de estado", en el que participaron autoridades federales y estatales del más alto nivel "omisas y negligentes", que llegaron, incluso, a "alterar hechos y circunstancias" para que las pesquisas oficiales condujeran a un lugar alejado de la verdad.

Sin embargo, lo que se ha hecho con los resultados de esa comisión ha creado una nueva frustración a las familias de los jóvenes desaparecidos y también desazón a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en acuerdo con el estado mexicano y los representantes de las víctimas para investigar este caso.

El primer revés fue la dimisión del fiscal encargado de este proceso después de que se exculparan a 21 de las 83 personas que habían sido imputadas, entre ellas militares y policías. Luego aparecieron nuevos indicios, documentos inculpatorios de los que no tenían conocimiento y otros a los que, de momento, no han tenido acceso completo, a pesar de su trascendencia para el esclarecimiento de los sucesos de Iguala.

Los hechos investigados

Era viernes el día que se produjo la matanza. Y que fuera viernes y no otro día es un aspecto que, según los expertos del GIEI que llevan siete años, aún de forma intermitente, investigando este caso, no es baladí, como se verá más adelante.

Ese 26 de septiembre de 2014, alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que significa lugar de tortugas en la lengua náhuatl, estaban organizando la recolección de autobuses para transportar a todos los compañeros de las escuelas de magisterio que se iban a concentrar en Ayotzinapa para participar en la Marcha del 2 de octubre a Ciudad de México, con la que se conmemora cada año la masacre de Tlatelolco, en la que murieron en 1968 más de 300 estudiantes.

La policía no les dejó que tomaran esos autobuses en la capital de Guerrero, en Chilpancingo, y se tuvieron que ir a buscarlos a Iguala, donde todo se desató fatalmente para sus vidas.

De acuerdo con los informes del GIEI, cinco autobuses salieron de Iguala, aunque uno nunca apareció en los expedientes de la procuraduría –la Fiscalía– que había investigado los hechos. Era el denominado quinto autobús, el único que fue interceptado en su trayecto por agentes de la policía federal, porque al resto los pararon agentes de las policías locales de la zona, otro dato de especial relevancia, además del día de la semana en el que se produjo el ataque y desaparición colectiva.

Las intervenciones policiales se saldaron con varias personas heridas y fallecidas y otras 43 desaparecidas, las que viajaban en dos de los autocares y de quienes no quedó rastro alguno. Se los tragó la noche que, ocho años después, aún no ha terminado de aclarar.

Esa misma noche, compañeros de los desaparecidos convocaron una rueda de prensa para denunciar lo sucedido, rueda que fue interrumpida de improviso por una balacera de supuestos integrantes del narcotráfico que empezaron a disparar contra los estudiantes de Ayotzinapa: allí murieron dos jóvenes y uno, desangrándose tras un disparo en la mandíbula, fue ingresado en un hospital donde recibió la visita de una patrulla militar del 27 Batallón.

Luego se descubriría que más gente de las fuerzas armadas había estado en otros escenarios claves de este caso. Y para rematar, otro autobús que no tenía nada que ver con los estudiantes de la Escuela Normal Rural, uno que trasladaba de vuelta a su ciudad al equipo de fútbol Los Avispones después de jugar un partido en Iguala, sufría también un tiroteo que acabó con la vida de dos de sus ocupantes y de una mujer en el interior de un taxi.

Lo que descubrió la investigación del GIEI, según Carlos Martín Beristain, fue que en la zona había agentes de inteligencia militar informando de los movimientos de los estudiantes de Ayotzinapa, antes incluso de que llegaran a Iguala. 

Asimismo, se estableció que uno de eso agentes se encontraba en los alrededores cuando se produjo uno de los ataques a los autobuses, el que tuvo lugar delante del Palacio de Justicia, a la salida de la ciudad, mientras que otro se hallaba en el centro, en la avenida Juan N. Alvárez, donde fue interceptado otro de los autocares. Por las declaraciones de un soldado, se supo, además, que esos agentes habían informado de los hechos a sus oficiales superiores.

Una investigación llena de obstáculos

Sin embargo, la búsqueda de la verdad se topó con un primer gran escollo: la ubicación de los restos de los desaparecidos, que la investigación oficial trató de situar inicialmente en un basurero del municipio de Cocula, donde, supuestamente, habrían sido quemados los estudiantes entregados por unos policías corruptos a una organización de narcos, que luego los habrían incinerado para hacer desaparecer cualquier rastro de ellos.

A esa versión la denominó "verdad histórica" el que era procurador general de México Jesús Murillo Karam, ahora bajo proceso judicial y detenido. El primer informe del GIEI ya demostró que nada de eso había pasado.

En un segundo informe, los expertos independientes consiguieron demostrar que tampoco era cierta la verdad oficial que se intentó imponer después para situar en un río, el San Juan, el lugar donde habrían sido arrojados los restos de cuerpos de los estudiantes asesinados, al haber sido hallada allí, un mes después del ataque, una bolsa con los de uno de los desaparecidos, Alexander Mora.

Lo que descubrió el GIEI, explica Beristain, es que un día antes de que se encontraran esos restos, el que era jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía Federal, Tomás Zerón –hoy huido en Israel– había estado en el río en compañía de un detenido al que habían torturado. También supieron que habían estado allí miembros de la procuraduría y forenses, una diligencia de la que nunca se dejó constancia en el expediente, algo ilegal, y que destaparon analizando los vídeos y fotos de lo sucedido tomados por unos periodistas.

"Incluso ese día habían impedido el paso a miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense, uno de los mayores expertos del mundo en exhumaciones y fosas, que trabaja en el caso para las familias de las víctimas. Lo que se ve es que el día anterior de que se encontraran oficialmente los restos hubo una preparación ilegal del escenario", explica el médico español integrante del GIEI.

Las piedras colocadas en el camino no permitieron tampoco a la investigación de este grupo de expertos acceder, hasta siete años después de los hechos, a unos archivos militares en los que figuran transcripciones parciales de escuchas telefónicas de unas conversaciones entre narcotraficantes y policías hablando sobre los estudiantes de Ayotzinapa.

Esas conversaciones tuvieron lugar el mismo día de los hechos, por lo que se colige que las fuerzas armadas habían estado al tanto de lo que había pasado en Iguala. Por eso, han pedido al presidente López Obrador tener acceso a todos los documentos, no sólo a transcripciones parciales, ya que los consideran esenciales para determinar la verdad de los hechos.

Aún queda bastante por investigar

El GIEI, convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y las familias de las víctimas consideran que todavía falta bastante por indagar para llegar a saber qué pasó exactamente en Iguala entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014, quiénes son los responsables y dónde están los desaparecidos. Su mandato termina en febrero, aunque estiman que necesitarán más tiempo para conocer toda la verdad.

Además de ver todos los documentos de la inteligencia militar sobre el caso, estos expertos independientes internacionales necesitan que se investigue a fondo lo que hay detrás de unas capturas de pantalla proporcionadas por un narcotraficante, testigo protegido, de unos chats de whatsapp entre gente del narco, la política local, policías y militares hablando sobre lo ocurrido en Iguala y que fueron presentadas públicamente por las autoridades en agosto de 2022.

También requiere el GIEI que se aclare por qué dos patrullas de la Marina mexicana estuvieron en octubre de 2014 en el basurero donde se dijo que habrían sido quemados los estudiantes, entrando y manipulando una escena de investigación, según mostró un documento secreto militar del que no tuvieron conocimiento hasta el pasado febrero.

En suma, este grupo de expertos se enfrenta a un amplio escenario de ocultamiento del destino de los jóvenes estudiantes y una versión distorsionada de los hechos, que se trató, a su juicio, de imponer entonces y que ahora tienen que desvelar.

La importancia de que fuera viernes

La investigación de la matanza de los estudiantes de Ayotzinapa reveló, como ya se ha mencionado, otro importante dato: la trascendencia de que los hechos se hubiesen producido un viernes. Las pesquisas en torno a lo sucedido en Iguala condujeron a la organización de narcotraficantes Guerreros Unidos, algunos de cuyos integrantes estaban siendo procesados en Chicago (EEUU) por su actividad delictiva en ese país, documentación que de forma reiterada pidió el GIEI y que solo ha podido obtener con la nueva administración y una nueva fiscalía encargada del caso.

En una de las conversaciones telefónicas pinchadas en Chicago a un narco de ese grupo de Guerrero se le escucha decir que van "darle plata" –dinero– a miembros del ejército mexicano en Iguala y también que van a tener una cena con algunos de ellos.

Las investigaciones en EEUU a los narcos de Guerrero revelaron, además, que un autobús cargado con decenas de kilos de heroína salía todos los viernes de Iguala con destino a Chicago. Los estudiantes de Ayotzinapa, según el GIEI, pudieron coger, sin saberlo, uno de esos autobuses para incorporarlo a la Marcha reivindicativa de Tlatelolco, metiéndose de lleno en el ojo del huracán y de unas turbulencias en las que el aparato del Estado, lejos de protegerlos, participó activamente en los hechos.

La clave del quinto autobús

Ese autocar sería el denominado quinto autobús, de acuerdo con esta hipótesis, el único que salió por la parte trasera de la estación de Iguala, tal como quedó grabado en las cámaras del edificio. Era el autobús que no apareció inicialmente en los expedientes de la procuraduría y el único que fue interceptado en su trayecto por agentes de la policía federal, no de la local.

Los ocupantes del quinto autobús salieron corriendo tras ser parados en el control y apuntados con rifles por los policías; ellos consiguieron esconderse en un monte cercano y el vehículo siguió su ruta. La tesis es que si no hubieran entrado en esa estación para llevarse autobuses para la marcha, los hechos no se habrían producido.

Aunque este caso no es excepcional en un país como México, donde hay más de 100.000 personas desaparecidas, la mayoría de ellas a causa del narcotráfico y la impunidad, de la lucha entre organizaciones criminales y contra su actividad, Carlos Martín Beristain subraya que sí lo es por el número de desaparecidos y las circunstancias que en él concurren: un hecho de tanta amplitud que sucede en medio de una ciudad con un operativo que duró cinco horas y la participación de numerosas corporaciones y grupos. "Las drogas suben a Estados Unidos y las armas bajan", apostilla.

Este caso también es extraordinario por las consecuencias que su resolución puede tener para el devenir de un país tan castigado por la violencia y la corrupción, advierte este médico y doctor en psicología que ha participado como asesor en varias comisiones de la verdad, la última la de Colombia. "Aquí –añade– se está jugando el futuro de la investigación de las desapariciones y el fin de la impunidad en México: es el único caso que cuenta con una supervisión internacional, a través de nuestro grupo de expertos, para su esclarecimiento".

Lo que muestra la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa es, a juicio del GIEI, un sistema en el que una parte del aparato del estado está compinchada con el narcotráfico y es apoyada por un viejo modo de procedimiento judicial y policial, orientado a encubrir los hechos que se tratan de esclarecer.

Por esa razón, dicen sus expertos, su trabajo ha sido muy complicado, muchas veces estresante, tratando de buscar en medio de la niebla una verdad que se ocultaba desde diferentes estamentos oficiales, mediante una ristra de mentiras y ocultación de información que han hecho dudar muchas veces a los propios investigadores de lo que era cierto y lo que era falso. "Han pasado ocho años y el impacto para las familias sigue siendo enorme, porque necesitan una respuesta veraz de la justicia, no medias verdades", subraya Beristain.

A pesar de los avances, el peligro –advierte– es que sigue habiendo un riesgo de un cierre en falso la investigación, sino se amplían las pesquisas y se aporta toda la documentación que existe sobre el caso. México y los familiares, concluye, necesitan una respuesta efectiva y el cumplimiento del compromiso de las nuevas autoridades.