La ONG Articulación Feminista de Nicaragua, ha realizado un llamamiento a la comunidad internacional para “poner los ojos en Nicaragua”, denunciar y divulgar las violaciones de derechos humanos cometidos en contra de la población desde el 18 de abril, que según organizaciones nacionales e internacionales ha provocado entre 325 y 545 personas fallecidas, 4.500 heridas y más de 600 presas y presos políticos. En contraposición, el Ejecutivo ha reconocido, hasta el momento, 199 muertes. El actual mandatario, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, alegan que las protestas responden a “un intento de golpe de Estado” por parte de “terroristas” y “golpistas”.

Grupos de feministas nicaragüenses radicadas en Francia, Holanda, Reino Unido, Alemania y España, entre otros países, trabajan en conjunto con activistas locales para denunciar la violación sistemática de derechos humanos hacia la población de Nicaragua; la liberación de todas las presas y presos políticos; la garantía del respeto a las libertades y el desarme de los grupos parapoliciales. “Intentamos, de la forma más articulada posible, colocar la voz y la mirada feminista sobre lo que sucede en Nicaragua”, afirma María Eugenia Gómez, que forma parte de la Red de Mujeres de Matagalpa y La Articulación Feminista de Nicaragua.

“Pedimos a las redes feministas internacionales, colectivos, plataformas y organizaciones que denuncien las violaciones de DDHH en Nicaragua y que tejan los lazos de solidaridad internacional tan importantes en este contexto de represión”, transmitió en octubre la organización, mediante un comunicado, en referencia a la violencia de una manifestación cívica por parte de las autoridades. Tras la crisis social y política que enfrenta el país, miles de ciudadanos abandonaron Nicaragua por la crisis política. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha indicado que el número de solicitudes de asilo en los países vecinos ha aumentado exponencialmente. Entre abril y julio, por ejemplo, se han recibido 23.000 peticiones de nicaragüenses en Costa Rica.

Las “atrocidades” de un “gobierno patriarcal y machista”

“El movimiento feminista en Nicaragua ha sido fundamental en la lucha contra Daniel Ortega desde que llegó al poder” porque se ha dedicado a evidenciar las “atrocidades en contra de las mujeres”, provocadas por el “gobierno patriarcal y machista” del mandatario, explica una activista de Feministas Nicaragüenses Autoconvocadas en Barcelona, que prefiere ocultar su identidad por motivos de seguridad. Sus principales reclamaciones son contra la prohibición del aborto (bajo cualquier circunstancia) del Código Penal en 2006, con el consiguiente sufrimiento que puede generar para muchas mujeres; la impunidad de Ortega frente a la denuncia por violencia sexual de su hijastra Zoila América Narváez (hija de Rosario Murillo) en 1998; la abolición de la “Ley integral contra la violencia a las mujeres” en 2011 y la clausura de las Comisarías de la Mujer, en 2016, medidas que dificultan el acceso a la justicia en casos de violencia machista.

Murillo, por su parte, se ha mostrado en desacuerdo con la lucha feminista desde sus comienzos. En un artículo publicado en 2008 en el periódico oficialista El 19, la Primera Dama de Nicaragua se refirió las luchas feministas y a sus protagonistas, de “falsas profetas y sacerdotisas”. Además, en el mismo comunicado acusó a las feministas de practicar “una guerra de baja intensidad, predominantemente mediática” y “un terrorismo político sin precedentes”.

Desde que La Asamblea Nacional aprobó la “Ley Antiterrorista” el 16 de julio, destinada a combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la “proliferación de armas de destrucción masiva”, varias Organizaciones de Derechos Humanos han denunciado que el decreto tiene como objetivo detener a los opositores del régimen y así, justificar a la criminalización de las protestas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado que “viene observando con preocupación la persistencia del uso de la detención como forma de represión de la protesta social, así como la criminalización de personas que participaron en las diversas formas de manifestación pacífica contra el Gobierno de Nicaragua desde abril”. Sin embargo, el gobierno ha reconocido más de 273 reos, a los que define como “terroristas”, “golpistas” y “delincuentes comunes”.

Presas políticas en “condiciones inhumanas”

El 26 de octubre, según familiares de las arrestadas, al menos 16 “presas políticas” recibieron una paliza en la cárcel La Esperanza, debido a que se opusieron a que trasladaran a su compañera, Irlanda Jerez, a la cárcel La Modelo, exclusiva para hombres. Las feministas afirmaron que las "presas y presos políticos" de Nicaragua están sometidas a "condiciones inhumanas de detención, a tratos crueles y degradantes, a violaciones sexuales como métodos de torturas y en el caso de las mujeres, a la violencia machista de sus carceleros". La CIDH, mediante el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), informó haber documentado situaciones de hostigamiento por autoridades estatales en contra de las madres de personas detenidas, en base a estereotipos discriminatorios basados en su género, estas mujeres serían responsabilizadas de la violencia ejercida contra sus hijos al “no haber cuidado de la educación” de ellos.

No obstante, los casos de violencia en el país persisten desde hace muchos años. Según un informe de UNICEF sobre la niñez y la adolescencia nicaragüense “la violencia intrafamiliar y sexual es la segunda causa de atención médico legal”. Tal como indica el comunicado publicado en 2012, durante los primeros nueve meses del año se reportaron 2.864 casos de delitos sexuales. El 25% de las víctimas de violencia fueron niños, niñas y adolescentes.

"Se ha activado una red de solidaridad internacional"

“Se han activado las redes de activismo que hemos tenido durante muchos años”
Organizadas alrededor del mundo se reconocen como las Feministas Autoconvocadas de Nicaragua. Trabajan en la misma línea que la Articulación Feminista y tienen como objetivo la denuncia de la represión en su país a nivel internacional. “Se han activado las redes de activismo que hemos tenido durante muchos años”, comenta Eugenia, activista madrileña que ha trabajado 27 años en Nicaragua. El movimiento, según indica, se ha podido lograr gracias a las europeas que han vivido en Nicaragua o que han tenido vínculos con movimientos sociales en el país. “La red está viva. Muchas compañeras en Alemania, Reino Unido, España, Francia, y en otros lugares han activado sus redes de solidaridad, e incluso redes de amistad, para poder tener presencia y voz acá”.

Si bien no se puede hablar de una agenda de trabajo en común entre los movimientos feministas por Nicaragua alrededor de Europa, todos comparten el mismo fin: visibilizar la lucha a partir del discurso feminista mediante charlas, conversatorios, conciertos, concentraciones y diversas acciones de visibilidad.

Lorna Espinoza Urbina, integrante del grupo Feministas Autoconvocadas de Nicaragua en Barcelona, destaca que lo importante en la rebelión actual en el país es “reconocer la lucha feminista, incluirla, no separarla”. Y otra activista de la misma organización añade: “Queremos que la lucha feminista esté dentro de las bases de esta revuelta, de esta insurrección”. El grupo exige la creación de una Comisión de la Verdad independiente que esclarezca las muertes, las desapariciones y el resto de actos violentos que vienen sucediéndose. Además, requiere la libertad de presos y presas políticas; la garantía del respeto a las libertades; el desarme de los grupos parapoliciales y que los grupos feministas puedan realizar sus actividades de defensa de los derechos de las mujeres sin agresiones, amenazas ni coacciones, entre otras cosas.

Aumenta la cifra de solicitudes de asilo en España

En los últimos meses comenzó a pronunciarse a través de las redes sociales el grupo feminista “Plataforma Sandinista en España” que especifica estar integrada por mujeres nicaragüenses que se identifican con “el buen Gobierno de reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua presidido por el Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo”. En un comunicado en su página de Facebook, que afirma aglutinar a más de 500 nicaragüenses en el país, anuncian que “los grupos de mujeres nicaragüenses están alineadas de forma total, además de financiadas y cooptadas por agencias promovidas por ONGs, centros e institutos occidentales”. Además, agrega que el papel de los grupos ha sido “contraponerse históricamente a la verdadera reivindicación de los pueblos, y de las propias mujeres”, y que incluso “no representan a la mujer nicaragüense”, en referencia, se supone, a la Articulación Feminista de Nicaragua y a las autoconvocadas en España. La vocera de la organización fue consultada por su trabajo pero no se quiso pronunciar al respecto, incluso luego de varias insistencias.

En su defensa, Lorna explica que “el movimiento feminista en Nicaragua no está fragmentado”. Y agrega, “ellas son pro gobierno total. No son feministas”. Asimismo, destaca que el objetivo de la plataforma es aparentar a nivel de Europa para causar confusión. “Siguen la línea del orteguismo. Defienden a un genocida, a un violador, una persona que comete delitos de lesa humanidad”.

El 21 de septiembre grupos feministas de varias ciudades de España recogieron firmas en solidaridad con la Articulación feminista de Nicaragua, “que viene denunciando el carácter represivo y totalitario del Gobierno liderado por Ortega”, para entregarlos en los consulados nicaragüenses y en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Sin embargo, ninguna de las entidades le recibió los documentos. “La negativa por parte de la embajada evidencia que al gobierno de Nicaragua no le interesan los derechos humanos de las mujeres”, señala Yerling Aguilera, activista, feminista e integrante de la Caravana de Solidaridad Internacional por Nicaragua.

Datos publicados recientemente por el periódico El Salto indican que la cifra de solicitudes de asilo de nicaragüenses en España ha aumentado en lo que va de este año. Según la Oficina de Asilo, 256 personas han realizado su solicitud hasta mediados de agosto. Una diferencia importante respecto a los números totales de los años anteriores: 31 en 2017, 20 en 2016, 9 en 2015 y 4 en 2014.

Asilo político en España

“Yo estoy dentro del proceso de asilo político y me resultó bastante impactante la respuesta de una de las funcionarias. Me dijo que era complejo que se tomaran en cuenta las solicitudes de nicaragüenses para el estatuto de refugiado o de asilo político porque Nicaragua no se había declarado un estado de emergencia, porque no estábamos en guerra”, especifica Jessica Cisneros, feminista, activista de DDHH y también integrante de la Caravana.

De igual forma, las organizaciones y los grupos de nicaragüenses en España, han formado redes de apoyo para los recién llegados. Yerling dice que se les ayuda con comida, abrigos y que se les brinda un lugar para que puedan quedarse las primeras semanas. “Es complejo. Hemos conocido nicaragüenses que llegan al país en condiciones muy precarias, que solo consiguen el dinero para el pasaje y son retenidos”. El principal problema es que no hay ninguna respuesta por parte del Estado, detalla.

Para Jessica y Yerling, el asedio y la criminalización comenzó en Europa, debido al trabajo con la Caravana. “Hemos recibido amenazas directas en España. Nos dicen que ya saben dónde estamos, que nos cuidemos”, comenta Jessica. La activista cuenta que cuando solicitó asilo político le recomendaron que mantuviera un perfil bajo, o que incluso dejara de hacer acciones de defensa de DDHH. “Como activista sabes que eres vulnerable en temas de seguridad. Sabes que ser activista es jugarte la vida y la de tu familia”. Y agrega, “es difícil saber el nivel de asedio y peligro que recibe mi familia por las acciones que hago”.

Yerling también cuenta que participar en movimientos sociales le cambió la vida: “A partir del activismo perdí prácticamente todo. Mi trabajo, mi casa, mi seguridad, mi país, mi familia, mis amigos”. En la misma línea, Lorna menciona que su familia la ha acosado por trabajar como activista, desde España. “Me han acusado de financiadora de terrorismo. También me han agredido verbal y físicamente”.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde el 18 de abril. Los disidentes exigen la renuncia de Daniel Ortega tras once años en el poder, por abuso de autoridad y corrupción. Durante los casi nueve meses de protestas en contra de la represión, parte de la población ha salido a la calle y las mujeres han tenido una importante participación. Por su parte, la CIDH, mediante un comunicado, ha recordado que “los Estados deben incorporar un enfoque diferenciado en la protección, investigación, juzgamiento, sanción y reparación de todos los casos de violencia contra las mujeres, incluyendo perspectivas de género y étnico-raciales”.

El mandatario rechaza las exigencias de la oposición de dejar el cargo, pautar elecciones anticipadas, o acordar una instancia de diálogo nacional, mediado por la iglesia, con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia conformada por representantes de la sociedad civil, activistas de derechos humanos, la coalición estudiantil, el movimiento campesino y la empresa privada. Sin embargo, recientemente la primera dama anunció que la reconciliación en Nicaragua será por ley. “Estamos por concluir una de las fases de consulta de la política de reconciliación para una cultura de paz en nuestro país”, dijo Murillo. También agregó: Esa es “la gran consulta que estamos realizando para luego someterla a la consideración de la Asamblea Nacional, y se convierta en ley de la república. Todas esas prácticas que nos acercan, que nos unen, que nos reconcilian, que nos hacen vivir la fraternidad cristiana”.

No obstante, mediante un comunicado a principios de noviembre, La Articulación Feminista reiteró su compromiso con la justicia, la libertad y la democracia en Nicaragua. “No vamos a dejar de denunciar las arbitrariedades y crímenes del orteguismo, que pretende secuestrar el país y mantenerse en el poder por la fuerza de las balas y los muros de las cárceles”. Más allá de la decisión que tome el gobierno, las activistas planean no darse por vencidas hasta lograr que se tomen en cuenta sus objeciones dentro de la revuelta ciudadana en el país.