El mismo día en que el presidente de Argentina, Mauricio Macri, se dirigía a la ciudadanía argentina para transmitir un balance de su legislatura durante los últimos cuatro años, la Universidad Católica Argentina revelaba en un estudio que la pobreza al tercer trimestre había aumentado hasta alcanzar al 40,8 % de la población, unos 16 millones de personas, mientras que la indigencia había trepado hasta afectar al 8,9 %, unos 3,6 millones de habitantes.

El informe, que fue elaborado con una perspectiva multidimensional, mostró que la pobreza se disparó en el último año 6,2 puntos porcentuales, mientras que la indigencia creció 2,8 puntos. Éste uno de los lastres más severos que deja el actual Gobierno a la próxima administración que presidirá desde este martes Alberto Fernández, un dirigente peronista que fue jefe de gabinete durante el Gobierno del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y durante los primeros siete meses del Ejecutivo de Cristina Fernández (2007-2015).

El presidente electo en las pasadas elecciones generales de octubre, que lleva como vicepresidenta a la exmandataria, también deberá lidiar con una inflación que supera el 50 %, el porcentaje más alto que registra el país desde comienzos de los años 90, cuando Argentina dejaba atrás los coletazos de la hiperinflación.

Tal es el descalabro económico, que el próximo Gobierno no quiere más desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI), con quien el Ejecutivo saliente firmó un rescate en 2018 por valor de 56.300 millones de dólares, el monto más grande concedido a un sólo país en la historia del organismo. En contrapartida, Macri realizó un ajuste en las cuentas públicas para llegar al equilibrio fiscal primario, que no cuenta los intereses de deuda, lo que profundizó la crisis actual.

Después de que el Fondo entregara a Argentina 44.000 millones de dólares, que en su mayoría salieron del país en forma de fuga de capitales, según el propio Alberto Fernández, la nueva gestión anunció que renunciará al resto del préstamo. Sólo quiere reperfilar la deuda externa y aplazar y extender los vencimientos de capital y de intereses para darle cierto respiro a la economía, postergada en una recesión desde mediados del año pasado. Para ello ha nombrado como ministro de Economía a un académico, Martín Guzmán, colaborador del Premio Nobel de Economía estadounidense Joseph Stliglitz.

Eje social

Bajo esta perspectiva, la prioridad de Fernández será reactivar la economía a través de la recuperación de la industria, que ha caído 7,2 % en el último año, y estimular el consumo entre los sectores más postergados, como los pensionistas, a quienes dará acceso gratuito a los medicamentos.

Una de las mayores urgencias del próximo mandatario es la de lanzar como política de Estado un Plan contra el Hambre para que la población más vulnerable, estimada en unos 8 millones de personas, tenga acceso a la canasta básica de alimentos.

Fernández también quiere impulsar un pacto social entre sindicatos y empresarios, que ya ha comenzado a tejerse, para al mismo tiempo contener la subida de precios y los reclamos que pretenden recuperar el poder adquisitivo.

Aunque reconoce que el cambio climático es uno de los riesgos que afronta la humanidad, Fernández está decidido a potenciar la explotación del principal yacimiento de hidrocarburos no convencionales que tiene el país en la provincia de Neuquén (suroeste), Vaca Muerta, así como desarrollar la megaminería.

Una cuestión que podría aprovechar la nueva administración es la expansión de las energías renovables que comenzó el Gobierno de Macri. El octavo país más grande del mundo, que presenta condiciones idóneas para alcanzar un auge en la industria eólica o la solar, cubre en la actualidad con fuentes renovables el 7,9 % de la matriz energética.

Entre tanto, el próximo ministro de Salud, Ginés González García, anunció que restituirá un protocolo revocado hace unos días por la gestión de Macri para despenalizar la interrupción del embarazo cuando peligre la vida o la salud de la mujer embarazada o cuando la gestación sea producto de una violación, según contempla la ley. Puesto que el propio presidente electo considera la legalización del aborto como un asunto de salud pública, este reclamo de los movimientos feministas en el país será tratado de nuevo por el Congreso el año que viene.

Alberto Fernández, que nunca aspiró a la presidencia de Argentina, ha entrado en una carrera contrarreloj en la que tiene poco margen para el error. Los signos de recuperación de una economía que asfixia a la ciudadanía deben llegar más pronto que tarde, primero, porque es el condicionante que plantea para postergar el pago de la deuda, y segundo, porque debe evitar cualquier desgaste anticipado que abra grietas en el Frente de Todos que él lidera y que aglutina ideologías y trayectorias disímiles.