Más de 250.000 fichas con información de personas y organizaciones sociales que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) acumuló durante décadas serán digitalizadas para contribuir con las investigaciones sobre delitos de lesa humanidad en Argentina. Así lo anunciaba este martes Cristina Caamaño, portavoz de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), después de realizar un trabajo de coordinación con los organismos de derechos humanos. Estos reclaman la apertura de los archivos de inteligencia como vehículo para saber qué pasó con las víctimas del terrorismo de Estado y para intentar identificar a los responsables que permanecen ilesos.

La Casa de la Moneda será la encargada de hacer el trabajo de digitalización de los archivos. En la Casa Rosada como escenario, Caamaño firmó un convenio con la vicepresidenta de ese organismo, Marina Pecar, para que desarrolle la tarea. "El Estado tiene una deuda con las víctimas del terrorismo de Estado, es la misión principal de los cuerpos de inteligencia estatales", dijo Caamaño. También resaltó que los organismos de lucha por conocer la verdad y hacer justicia llevan trabajando desde hace décadas, por lo que la sociedad en su conjunto, tiene derecho a saber qué rol jugó la SIDE en el entramado represivo.

"Es un empujón más para seguir", celebró, por su parte, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti. El ministro de Justicia, Martín Soria, describió el anuncio como un "día histórico, un paso más en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia". 

En la primera fila del Salón Mujeres Argentinas resaltaban los pañuelos de Taty Almeida y Nora Cortiñas, referentes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Con ellas se sentó Angela "Lita" Boitano, que estaba con su inseparable compañera de Familiares Graciela Lois. Más atrás se ubicó Carlos Pisoni, de la organización Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Estaban también representantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos como María Elena Naddeo o Eduardo Tavani o la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, y Verónica Torras, de Memoria Abierta. 

En los lados se sentó la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra. Más adelante se encontraban el ministro de Defensa, Jorge Taiana, y la jueza argentina en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Verónica Gómez. También estuvo la fiscal Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, quien salió muy entusiasmada del encuentro. "Esta documentación nos va a dar la llave para poder avanzar en lo que es la estructura de inteligencia", evaluó en diálogo con Página 12.

Los archivos

Cuando Caamaño llegó a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), creó un programa de Protección y Registro de Archivo encargado de trabajar con los documentos que la SIDE confeccionó entre 1946 –la fecha de su creación– y el 9 de diciembre de 1985, cuando la Cámara Federal porteña dictó la sentencia a los comandantes en el Juicio a las Juntas.

Desde entonces, un equipo de expertos y expertas ha estado trabajando con los archivos que se hallaron en las dependencias de la actual AFI. Según fuentes de ese organismo, se trata de más de 250.000 fichas producidas por el área de Antecedentes entre 1960 y 1980 –que reúnen no solo los datos que tenía la SIDE sobre determinadas personas, sino también la información que giraban otros servicios de inteligencia–. Algunos de esos documentos fueron entregados el 10 de diciembre de 2020 a organismos de derechos humanos, que fueron blanco de los seguimientos durante la dictadura y buena parte de la democracia.

También se encuentra la documentación del personal que prestó servicios en la SIDE, los libros de sanciones y de licencias, la nómina de los inmuebles que la Secretaría tenía a su cargo y también las empresas que usaba como "pantalla" para sus actividades. En 2020, la intervención halló un álbum que creó la Jefatura II de Ejército –el órgano de inteligencia con mayor preeminencia en la represión– con las personas que eran buscadas. Ese álbum fue considerado un elemento clave por el tribunal de San Martín que juzgó las desapariciones, torturas y muertes durante la Contraofensiva montonera. También apareció una guía sobre operaciones psicológicas, entre otras cosas.

En los juicios se logró reconstruir que la SIDE fue la responsable de la coordinación con otras agencias regionales en el Plan Cóndor (campaña de represión política y terrorismo de Estado respaldada por Estados Unidos​ que incluía operaciones de inteligencia y asesinatos de opositores), la cual estaba particularmente interesada en la persecución de militantes de organizaciones de otros países.

Además, la SIDE administró el centro clandestino conocido como Automotores Orletti hasta noviembre de 1976, cuando la fuga de dos prisioneros obligó a los represores a desmantelarlo. Previo a este, existió otro campo de concentración en la calle Bacacay, identificado por el juez federal Daniel Rafecas tras una investigación del Programa Verdad y Justicia de la Secretaría de Derechos Humanos. Se sabe también que la SIDE coordinó la Central Nacional de Inteligencia (CNI).

Caamaño contó que parte de la documentación ya ha sido enviada al juzgado de Rafecas y leyó  públicamente el mensaje que el juez federal le envió. "Es una mina de oro", fue la reacción del magistrado a cargo de la investigación de los crímenes del Primer Cuerpo.

Un viejo reclamo

"Este convenio es un paso más del trabajo iniciado el año pasado junto a organismos de derechos humanos como Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS y Memoria Abierta, entre otros; la Secretaría de Derechos Humanos, y el Archivo General de la Nación en el marco de la Mesa conjunta sobre documentación de inteligencia vinculada a violaciones a los derechos humanos", destacó Caamaño.

El acceso a los archivos lleva siendo un reclamo por parte de todos los organismos que luchan por la protección de los derechos humanos. Son varios los que integran desde el pasado julio una mesa para debatir cómo seguir avanzando con el análisis de tal número de documentación.

La digitalización de toda la documentación, la cual incluye más de 5 millones de fotogramas y 1 millón de hojas, está prevista que dure entre 12 y 16 meses. Desde la AFI explicaron que la digitalización permitirá dar una respuesta más veloz a los requerimientos de jueces y fiscales que investigan los delitos de lesa humanidad cometidos ya hace 46 años. Es probable que también se conozca la estructura de inteligencia, cerebro de la represión.

A desclasificar

Simultáneamente, Caamaño anunció la creación de un comité para la desclasificación progresiva y eficiente del material para que la documentación no quede "escondida en los sótanos de la democracia". Ese órgano estará integrado por la AFI, la Secretaría de Derechos Humanos, la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública, el Archivo General de la Nación, la Secretaría de Legal y Técnica y los organismos de derechos humanos.

La desclasificación de información en poder de la AFI es otro de los puntos centrales que deberá discutirse cuando el Gobierno envíe la reforma de inteligencia, anunciada por Alberto Fernández en su discurso del pasado 1 de marzo.