Amnistía Internacional constata que el asesinato de manifestantes en Perú fue una "respuesta estatal deliberada"

Amnistía Internacional (AI) ha asegurado este jueves que el asesinato de 49 manifestantes en Perú durante las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte muestra que hubo una "respuesta estatal deliberada y coordinada" que fue "ordenada o tolerada por altos cargos".

"Lejos de ser incidentes aislados atribuidos a agentes descontrolados que actúan por su cuenta, el número de muertes en múltiples fechas y diferentes lugares sugiere una respuesta estatal deliberada y coordinada", ha afirmado la secretaria general de AI, Agnès Callamard.

"Las autoridades peruanas deben investigar la posibilidad de que altos cargos ordenaran o al menos toleraran estos homicidios, sin importar lo alto que lleguen en la cadena de mando", continúa.

Estas palabras las ha pronunciado durante la presentación de un informe llamado Racismo letal: Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú, que analiza 52 casos de personas fallecidas o heridas durante las protestas desarrolladas desde diciembre.

"Las similitudes en el uso de la fuerza contra manifestantes en distintas partes del país indican una posible estrategia ordenada o tolerada por altos cargos", ha asegurado la organización.

Además, ha advertido que, "en lugar de condenar el uso excesivo de la fuerza, las altas autoridades de Perú lo fomentaron alabando públicamente las acciones de las fuerzas de seguridad, al tiempo que estigmatizaban a las personas que se manifestaban calificándolas de terroristas y difundiendo intencionadamente desinformación".

En este sentido, Callamard ha expresado que el Gobierno hizo esfuerzos para presentar a los manifestantes como terroristas o delincuentes, pero recalca que los fallecidos eran manifestantes, observadores y transeúntes, y que casi todos ellos pertenecían a "entornos pobres, indígenas y campesinos, lo que sugiere un sesgo racial y socioeconómico en el uso de fuerza letal".

"El uso de armas de fuego letales contra manifestantes muestra un flagrante desprecio por la vida humana", ha aseverado.

Pide a la Fiscalía investigar a los responsables de "alto nivel"

Por otro lado, Amnistía Internacional también ha reclamado a la Fiscalía del país andino que debe "investigar a todas las personas, hasta el más alto nivel, que hayan ordenado o tolerado el uso ilegítimo de fuerza letal ejercido por las fuerzas de seguridad" que se saldó con estos asesinatos.

El informe analiza 52 casos de personas fallecidas o heridas durante protestas en varios puntos del sur del país (Andahuaylas, Chincheros, Ayacucho y Juliaca) y concluye que, de las 25 muertes, 20 "pueden constituir ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas estatales".

Ha argumentado que funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dispararon munición real contra zonas sumamente vulnerables del cuerpo (la cabeza, el cuello, el tórax y el abdomen), y que también hay indicios adicionales, como vídeos, imágenes, expedientes penales y declaraciones de testigos, que señalan un uso injustificado de la fuerza.

"Las fuerzas de seguridad no sólo hicieron uso excesivo de la fuerza, sino que los indicios sugieren que, además, ciertos altos mandos habrían sido cómplices penalmente en la ocultación de las armas utilizadas para cometer homicidios", ha señalado el informe.

Ha indicado a su vez que en registros policiales y militares a los que tuvo acceso Amnistía "no proporcionaban detalles sobre la munición utilizada ni sobre qué personal disparó armas específicas".

Incluye el ejemplo de que el 9 de enero, en la ciudad sureña de Juliaca, donde se produjo la jornada más sangrienta de las marchas, "sólo dos agentes de la Dirección de Operaciones Especiales informaron de que habían disparado cuatro municiones de calibre 7.62 con sus rifles AKM", pero al menos 15 personas fueron asesinadas con munición letal y decenas más resultaron heridas con armas de fuego.