A Marta Blanco le diagnosticaron un cáncer de mama en la primavera del año pasado tras dejar de trabajar por la pandemia e incorporarse al furlough o ayudas del Gobierno británico a trabajadores. Había solicitado el settled status o residencia indefinida en 2019, llevaba más de cinco años en Londres, con número fiscal y de Seguridad Social; se la concedieron pronto. "La residencia ha sido mi salvación en todo este tiempo de visitas a hospitales y gestiones administrativas, como el DNI en España que lo piden para todo; ahora me pueden llamar a trabajar en cualquier momento", cuenta Marta, curada y animosa, dispuesta a volver a la hostelería para oficinas que van reabriendo en la capital.

La española es una de los 2,75 millones que han conseguido el permiso de residencia indefinida a raíz del brexit, según las cifras oficiales de Home Office o ministerio de Interior británico. El plazo para solicitarla acaba el 30 de junio, aunque el Gobierno ha abierto un período de gracia de 28 días, a partir del uno de julio, para resolver el atasco de 400.000 expedientes en proceso, de los que unos 20.000 son de españoles, y admitirá nuevas solicitudes con "motivos razonables" por el retraso. A Marta, la residencia permanente le otorga derecho a trabajar, a la Sanidad Pública, a las prestaciones sociales, incluida ayuda a la vivienda de acuerdo a los ingresos, y a servicios públicos, desde cursos de formación al uso de piscina o gimnasio municipales gratuitos en ciertos horarios. Ni derecho al voto ni a la obtención de pasaporte, y si se ausenta del país durante más de cinco años pierde el permiso con todo lo que conlleva.

Los 2,28 millones de europeos que no han podido demostrar con documentos –el NIF y la Seguridad Social británicos son los más pertinentes- cinco años de residencia previa al 31 de diciembre de 2020 han obtenido un permiso pre-settled o condicional que deberán ir renovando al estilo de los documentos con fecha de caducidad. Disponen de los mismos derechos que los permanentes, pero con la espada de Damocles sobre sus cabezas. Si se ausentan dos años, de una tirada, del país, pierden la residencia condicional.

Además de resolver el atasco de 400.000 solicitudes, en los 28 días de julio el Home Office contactará con 70.000 ciudadanos europeos que perciben prestaciones sociales y no han solicitado el settled status en otro de los sesgos que arrojan las cifras oficiales. En las últimas semanas el ministerio de Interior británico ha recibido entre 10.000 y 12.000 solicitudes al día y más de un millón de llamadas telefónicas que han forzado al cambio de las locuciones grabadas un día sí y el otro también.

El brexit ha generado numerosas organizaciones para el seguimiento del proceso, una de ellas, de carácter académico, es UK in a Changing Europe cuya directora adjunta, Catherine Barnard, explica a Público que "hay grupos vulnerables como menores, ancianos, residentes en geriátricos, personas con alteraciones mentales, mujeres en refugios o huérfanos que no están al corriente del permiso de residencia y no se sabe qué pasará con ellos". Aunque la profesora defiende el éxito del programa EU Settlement Scheme que ha atendido a 5,6 millones de personas por internet de forma gratuita –diferente al plan complicado y caro del inicio-, la incertidumbre pervive todavía en los 2,28 millones con residencia condicional, los 400.000 en proceso, los rechazados por diferentes razones y los que no han regularizado su estancia.

En opinión de la profesora Barnard, "el control sobre quién tiene derecho a residir se ejercerá también a través de quienes ofrecen puestos de trabajo y de quienes alquilan viviendas, puesto que les caerá una multa si no se aseguran de que los empleados o los inquilinos disponen de permiso de residencia válido". En la normativa post-brexit gravita una cierta confusión con las agrupaciones familiares y los permisos de residencia que se conceden individualmente; no incluyen a menores ni mayores dependientes o el grado de familiaridad para solicitar la residencia en nombre de otra persona.

Mientras la mayoría ha lidiado en este 2021 con el papeleo electrónicamente, los casos de ciudadanos europeos deportados o detenidos en centros a su llegada a puertos y aeropuertos británicos han empezado a hacer mella a pesar de la pandemia. Un total de 3.294 europeos fueron vetados de enero a marzo mientras que en los mismos meses de 2020 la cifra alcanzó los 493. El Gobierno rechaza que Brexitland se convierta en una fortaleza inexpugnable para los vecinos europeos. Los miembros de la Unión Europea (UE) podrán permanecer de turismo o estancia lúdica sin necesidad de permiso alguno durante seis meses. Quienes quieran ir a trabajar, estudiar o permanecer más de seis meses tendrán que solicitar un visado y entrar en la rueda de la fortuna que rodará según puntos, tipos de trabajo, títulos o estudios; requerirá tiempo y dinero.

El ministro de Inmigración -Secretario de Estado en la jerarquía política española-, Kevin Foster, ha resistido las llamadas para ampliar el plazo del 30 de junio diciendo que "extender la fecha no soluciona el problema de quienes no han regularizado su situación hasta ahora". Una de estas voces surge de la asociación the3million (europeos en Reino Unido), nacida con el brexit cuando creían que allí residían tres millones de europeos. El settled status ha demostrado que son casi el doble, aunque ha habido remesas de ciudadanos que han regresado a sus países.

El fin del plazo para solicitar el permiso de residencia coincide, por pocos días, con los cinco años de la celebración del referéndum que cogió a Europa desprevenida para la salida de los británicos. El embajador de la UE en Reino Unido, Joao Vale de Almedia, manifestaba a la BBC el miércoles que "el brexit nunca acabará; está hecho en un aspecto, pero no en otro; exige atención permanente y mucha confianza de la que no hay en este momento". Palabra de embajador, conciliador y diplomático.