Los jueces italianos que quieren saber si el primer ministro Silvio Berlusconi cometió delitos como fraude fiscal y soborno lo tienen ahora muy difícil para descubrir la verdad e impartir justicia. La Cámara de Diputados aprobó el miércoles un proyecto de ley que, de recibir también el respaldo del Senado, permitirá al primer ministro italiano esquivar sus problemas judiciales durante un máximo de un año y medio. Para entonces, Berlusconi espera haber aprobado una ley de rango constitucional que le otorgue inmunidad penal definitiva y total.

Gracias a la norma aprobada este miércoles, el magnate de la comunicación y político podrá congelar los dos juicios que tiene pendientes los casos Mills y Mediaset y los que se le puedan abrir en un inmediato futuro, como la causa conocida como Mediatrade, cuya apertura está al caer.

El ex juez Di Pietro considera que esta ley es propia 'de un país dictatorial'

El proyecto de ley, llamado de legítimo impedimento, permite que el jefe del Gobierno no se presente a declarar ante el juez alegando compromisos institucionales.

Hasta ahora, Il Cavaliere ha retrasado sus comparecencias ante los tribunales con la excusa de que las vistas le coincidían con importantes tareas de Gobierno, pero era el juez quien debía aceptar sus motivos. Con la nueva norma, bastará con que Berlusconi se firme él mismo un certificado. La ley se extiende a los demás ministros del Gobierno.

El primer ministro gana tiempo para una segunda ley de inmunidad total

En cambio, el hijo de Berlusconi, Pier Luigi, hoy al frente del imperio televisivo Mediaset, o el compañero de negocios de Il Cavaliere, Fede Confalonieri, supuestamente implicados en algunos de los negocios poco claros del primer ministro sí podrían ser procesados aunque los jueces no puedan obligar a su padre y socio, respectivamente, a que comparezca.

El trámite de este proyecto de ley no debería encontrar problemas en el Senado. Sobre todo cuando, por primera vez, Berlusconi ha logrado el apoyo no sólo de su formación Pueblo de la Libertad (PdL) y de su socio de Gobierno, la Liga Norte, sino la abstención de un partido en la oposición, los católicos de la Unión de Centro (UDC). En cambio, el juez Antonio Di Pietro, líder de la pequeña Italia de los Valores, consideró que la ley es propia 'de un país bárbaro y dictatorial', mientras que Pier Luigi Bersani, del Partido Democrático, lamentó que 'Berlusconi no quiera que lo juzguen'.

El líder de la UDC, Pier Ferdinando Casini, cree que este proyecto de ley es un 'mal menor' comparado con las otras muchas normas o 'cerdadas', como las llama la oposición que el entorno de Berlusconi ha llevado al Parlamento.

El proyecto aprobado el miércoles protege a los miembros del Gobierno italiano de todo problema con la Justicia, pero al menos no cambia las reglas de juego para los demás juicios en Italia. En cambio, otro proyecto aprobado hace muy poco por el Senado, la Ley del Proceso Breve, sí pondría a la Justicia italiana patas arriba, pues determina la muerte de todos los procesos que no consigan resolverse en un tiempo determinado. En ese caso, grandes juicios contra la mafia o contra la corrupción en bancos y empresas irán a la papelera.

El proceso breve creó tanto escándalo en Italia que algunos miembros del partido de Berlusconi, entre ellos su rival Gianfranco Fini, empezaron a desmarcarse. El malestar interno es un problema para el primer ministro pues este proyecto todavía se está tramitando en el Parlamento.

Precisamente, la UDC, que consideraba una barbaridad el proceso breve, fue quien se inventó la norma del legítimo impedimento aprobada en primer trámite ayer. Casini antiguo aliado de Berlusconi que ha llegado a algunos pactos con él de cara a las elecciones regionales de marzo, da a entender que sólo así la 'serenidad' volverá a Italia. De esta forma, sin embargo, da credibilidad a las tesis de Berlusconi, que siempre ha mantenido que hay un complot contra él por parte de 'jueces y periodistas comunistas'.

El magnate sufrió un revés cuando el Tribunal Constitucional le tumbó en octubre pasado la conocida como Ley Alfano, que le confería inmunidad total mientras estuviera en el cargo.

El Tribunal consideró que una norma así, que afecta a un principio fundamental como es la igualdad de los ciudadanos ante la ley, debía por lo menos tener rango constitucional. Es decir, en lugar de ser aprobada por mayoría simple de ambas cámaras, necesitaría una mayoría reforzada, o bien un referéndum.

Berlusconi ahora quiere aprobar una segunda versión de la Ley Alfano, esta vez con rango constitucional, pero para ello necesita tiempo. Además, también quiere aprovechar para cambiar la Constitución y conseguir más poder en lo que le queda de carrera.