Al filo de la madrugada, Zelaya se hartó. En un comunicado dirigido a la nación y a la comunidad internacional, el presidente derrocado, 'ante la burla y la bofetada que el señor Micheletti... boicoteando el diálogo y usándolo como método de dilación para sostenerse arbitrariamente en el poder', resolvió convocar de forma inmediata a los cancilleres de la OEA con el fin de aumentar las medidas comerciales y económicas a Honduras.
Este pronunciamiento se produce como reacción ante el laberinto en el que se ha convertido la Mesa de Guaymuras, donde nunca parece llegar la salida. Tres propuestas y otras tantas contrapropuestas, un paso adelante y otro para detrás, han transformado el diálogo en un maratón con el que el presidente golpista, Roberto Micheletti, pretende ganar tiempo para acercarse al 29-N, día de la contienda electoral.
El puñetazo de Zelaya sobre la mesa de diálogo no deja claro si da por concluidas las negociaciones. Eso sí, invita al pueblo 'a que se sume y tome las medidas necesarias para cumplir con esta resolución'. En lo que parece una ruptura, llama a la Resistencia 'a mantenerse firme hasta lograr un triunfo en el menor tiempo posible para el pueblo y una derrota para la dictadura'. Zelaya cierra un comunicado, en el que desdice a sus propios negociadores, retomando su lenguaje belicista: 'Patria, resistencia y derrota para los dictadores'.
Horas antes, los mediadores gubernamentales habían suspendido el diálogo hasta el lunes, petición aceptada, en un principio, por la contraparte zelayista. 'Analizaremos, estudiaremos y estaremos comunicados para avanzar este proceso', comunicó Vilma Morales a una prensa ávida de noticias. 'Nuestra esperanza es alcanzar el 100 por 100 del acuerdo', repitió Morales con un soniquete ya conocido.
Sobre la mesa quedó la última propuesta de Zelaya, que tras esta declaración parece haber perdido vigencia: 'Solicitamos al Congreso Nacional que, previa opinión de las instancias pertinentes, incluyendo la Corte Suprema de Justicia (CSJ), si lo estima necesario, emita la decisión correspondiente a este punto de la propuesta del Acuerdo de San José'.
Parece un galimatías. Y lo es. El punto en cuestión se titula 'Sobre el retorno de los poderes del Estado a su integración previa al 28 de junio'. Resumiendo: el retorno de Zelaya a la presidencia de la República.
En un principio, la posible solución estaba varada en quién debe decidir la restitución de Zelaya. 'Nosotros propusimos que fuera el Congreso, que previa opinión de las instancias pertinentes, incluyendo la CSJ emita su opinión', defendió Víctor Meza, jefe de la delegación zelayista. 'Es una propuesta absurda e inaceptable' que sea la Corte la que decida el regreso al poder de Zelaya, tal y como proponen los golpistas.
Recapitulando: Micheletti se resguarda en la Corte y Zelaya, en el Congreso. ¿Por qué? En la Corte, los 15 magistrados (ocho de los liberales, siete de los nacionales) votaron de forma unánime por la detención de Zelaya. En cambio, en el Congreso, Zelaya podría alcanzar algún tipo de mayoría si consiguiera el respaldo del Partido Nacional, cuyo candidato, Pepe Lobo, es el favorito para las elecciones.
Sea una u otra la solución, los expertos calculan que la restitución se dilataría hasta dos semanas más. O sea, más tiempo para Micheletti.
Las constantes idas y venidas quedan suspendidas de momento, aunque a buen seguro el volcán político de Tegucigalpa no cesará en las próximas horas. Y esta vez será sin luz y taquígrafos, aunque sea puertas afuera.
En este pulso entre Zelaya y Micheletti también empujan otros actores
En este pulso entre Zelaya y Micheletti también empujan otros actores. A nivel interno, los grupos de presión, con el Ejército a la cabeza. Desde fuera son las presiones internacionales, que ayer continuaron. La última, procedente de la Cumbre del Alba, que resolvió en Cochabamba aplicar sanciones económicas y políticas contra el Régimen de Micheletti.
Sin embargo, Juan Pablo de LaIglesia, subsecretario español para Latinoamérica, matizó las especulaciones vertidas en los últimas días sobre las posibles sanciones de la Unión Europea. El gobierno español es contrario a las sanciones económicas contra los países, ya sea en Honduras o en Cuba, 'porque terminan volviéndose contra los más vulnerables', declaró a Efe.
El político español reconoció que la presión diplomática sobre Micheletti 'no es suficiente para forzar un cambio de conductas', pero recalcó que 'éstos son los instrumentos que tenemos en política internacional'.
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