Aumentan los desequilibrios territoriales. Gana el mercado

Quizás uno de los retos principales del Estado de las autonomías era y sigue siendo su capacidad para corregir la pesada herencia de desigualdad territorial que ha marcado su historia, salpicada de pobreza y sucesivas oleadas de migraciones externas e internas que han despoblado cuantitativamente y cualitativamente buena parte del territorio.

Los trasvases entre el campo y la ciudad, intensos en los años 70 y que tenían como objetivo la construcción de una sociedad urbana, continúan siendo un signo de identidad asociado a un modelo productivo que incluye el turismo como su otra seña de identidad. El resultado es que España se siguió urbanizando al doble de velocidad que el resto de Europa hasta el estallido de la burbuja en 2008.

Los altos crecimientos anuales permitieron, sin embargo, que la convergencia regional en España, medida en PIB per cápita, disfrutara de avances importantes hasta ese año, mientras en el resto de Europa permanecían inalterables los desequilibrios regionales. A ello, contribuyeron, por un lado, la implantación de los fondos estructurales europeos y, por otro, la creciente importancia de la inversión pública en infraestructuras urbanas y de transporte, que favorecieron, desde 1992, a las regiones menos ricas. El despoblamiento y el envejecimiento de amplios territorios de la España interior es la contrapartida a esa convergencia en renta. Según se deduce de los datos comparados de la Encuesta de Población Activa, las divergencias de las tasas de desempleo entre el norte y el sur reflejan otra mirada de las desigualdades regionales, con Andalucía y Extremadura multiplicando por 2,2, como promedio, las ratios de Euskadi y Navarra.

La desigualdad territorial tras la crisis de 2008

En 2008, las instituciones sufrieron un impacto brutal. España, en plena burbuja inmobiliaria, no recuperó el PIB previo a la crisis hasta 2018. La lógica del mercado y las políticas de austeridad lastraron cualquier intento de repartir sus efectos de forma equilibrada.

Una de las consecuencias fue que las diferencias entre las comunidades autónomas se acentuaron. La grave recesión que sufrió España afectó un 30% más a las comunidades más dependientes del ladrillo y el turismo: en el norte, a Cantabria y Asturias; en el sur, a Castilla-La Mancha y Andalucía; en el este a Valencia y Murcia y en las islas, especialmente a Canarias. Madrid fue la región menos afectada.

La crisis de 2008 degradó lo público e hizo que se recentralizaran las decisiones. El Gobierno de aquel momento minimizó la autonomía de las CCAA, y las uniformizó y sometió mediante unos objetivos de déficits inasumibles.

Las políticas de austeridad introdujeron una lógica jerárquica con los países del Sur de Europa: la Troika, conformada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Central Europeo (BCE), impuso sus códigos del ajuste en los servicios públicos. Y siguiendo la misma lógica jerárquica, los gobiernos estatales trasladaron similar medicina fiscal a las regiones: se paralizaron los programas de inversión pública y se recortaron las transferencias que financiaban la sanidad, la educación y los servicios sociales. Al bloquearles además el recurso al déficit público y al endeudamiento, a las CCAA no les quedó otra alternativa que bajar el nivel de servicios o privatizarlos mediante externalizaciones.

La crisis de 2008 degradó lo público e hizo que se recentralizaran las decisiones. El Gobierno de aquel momento, en manos del PP, minimizó la autonomía de las CCAA, y las uniformizó y sometió mediante unos objetivos de déficits inasumibles. El procés fue también una de las consecuencias de la ausencia de respuesta ante las peticiones de mayor autonomía fiscal que el Gobierno de Artur Mas hizo a Rajoy en 2012.

La salida de la crisis acentuó una dualidad creciente de la productividad del trabajo entre territorios, que tanto el Banco de España (BdeE), como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) identificaron con la diferente intensidad de los procesos de capital: las regiones pobres se retrasaron aún más a causa de la falta de capital invertido. Esta circunstancia está relacionada con los círculos viciosos de la dependencia que han conocido muchas partes del mundo: especialización productiva en materias primas y productos de poco valor, ausencia de capital físico y descapitalización humana provocada por la constante fuga de talento.

De las cajas de ahorro a la oligopolización bancaria

La desaparición de las cajas de ahorro, unida a la rebaja sustancial de más del 40% de los Fondos Estructurales Europeos en el periodo 2007-2013, fueron cambios institucionales que debilitaron, aún más, a las regiones menos desarrolladas. Extremadura, la mayor receptora en términos relativos, pasó de recibir una cantidad muy cercana al 2% de su PIB a recibir algo menos del 1,5%.

La desaparición de las cajas de ahorro también supuso la desaparición de su obra social, a la que se dedicaba aproximadamente el 20% de los excedentes anuales, un importe que desde 2004 a 2008 movilizó recursos muy superiores al total del Fondo Social Europeo recibido por España. En el año del crack financiero, las dotaciones de la obra social superaron los 2.000 millones de euros, pero luego se fueron reduciendo drásticamente. Se habían convertido en el soporte esencial de las industrias culturales durante más de 20 años; habían apuntalado deficiencias del Estado de Bienestar en sanidad, educación y servicios sociales y habían patrocinado las primeras dotaciones en investigación.

Con una cobertura acreditada del 53% del total de municipios y del 96% de la población española, su desaparición significó el final de la banca de proximidad y el inicio de la “exclusión financiera” de los pueblos pequeños y los territorios despoblados. Se inició uno de los períodos de mayor concentración bancaria de la historia; que culmina en la actualidad con cinco entidades controlando el 70% de los activos en España, el doble que en Alemania y el 50% más que en Francia o Italia. Un nivel solo superado por “la intervenida” Grecia, donde la concentración bancaria prácticamente llega al 100%.

Quince años después de aquella crisis, asistimos a cierta resurrección de las cajas en las provincias y regiones más deprimidas, lo que indica que la demanda de una banca de proximidad sigue viva. Las que sobrevivieron están renaciendo, y junto con las cooperativas de crédito alcanzan ya un 10% de cuota promedio en el ámbito nacional, mientras en algunas provincias pugnan por el liderazgo. Destacan los casos de Navarra, Almería y Soria, con más del 40% de cuota; y Toledo, Cuenca y Albacete, con más del 30%. La España despoblada intenta defenderse con sus escasos recursos.

La metropolización y la migración de talentos

El nuevo marco global concentra, cada vez más, los principales hub tecnológicos en torno a las grandes ciudades globales como San Francisco, Tokio, Singapur o Pekín; o en capitales europeas como Londres, Munich, Estocolmo, Ámsterdam, Copenhague o París. En nuestro caso, Madrid y,

en menor medida, Barcelona.

Las razones de esa nueva concentración de capital en las metrópolis están relacionadas con las economías de aglomeración, un nuevo tipo de economías de escala que se alimenta, por un lado, por la capacidad para atraer inversión tecnológica al contar con infraestructuras potentes que facilitan el acceso a bienes y servicios especializados; por otro, en la facilidad para captar talento humano.

Sin embargo, resultaría simplista asociar las megaurbes a centros tecnológicos. La enorme dimensión de recursos que concentran se materializa en una alianza entre los centros corporativos del conocimiento con el capital inmobiliario y financiero tradicional. Esa agrupación de intereses las convierte en centros de poder extractivos, cuyo propósito es la captación de rentas y actividades de todo tipo, también de la industria del ocio y el turismo.

La descapitalización humana de las zonas periféricas agudiza las carencias de productividad de su modelo productivo mientras alimenta los procesos de acumulación en las áreas metropolitanas receptoras, principalmente Madrid.

Las economías de las metrópolis actúan también como succionadores de buena parte de los recursos disponibles de capital, energía o talento de sus entornos nacionales. Y eso incluye, también, trabajo mal retribuido y precarizado. Los precios de la vivienda, convertida en el principal objeto especulativo, disminuyen la renta disponible de las familias residentes en las megaurbes.

Madrid es ya la economía de mayor tamaño de España después de superar en PIB a Catalunya en 2018; es también la que genera un mayor PIB per cápita, un 137% de la media por delante del Euskadi (125%). Es, además, la comunidad que más cuota de empleo tecnológico genera, un 10,5%, por delante de Navarra (10%) y la que más empleo tecnológico concentra, un 31%, por delante de Catalunya (23%). Son datos del estudio Del éxodo rural al éxodo interurbano de titulados universitarios: la segunda oleada de despoblación, publicado en 2021 por Miguel González-Leonardo y Antonio López-Gay, del Centre d’Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Esa concentración provoca un éxodo de talento de un promedio de 150.000 titulados y tituladas anuales desde las regiones despobladas hacia Madrid y, en menor medida, a Barcelona. La descapitalización humana de las zonas periféricas agudiza las carencias de productividad de su modelo productivo mientras alimenta los procesos de acumulación en las áreas metropolitanas receptoras, principalmente Madrid. Teniendo en cuenta que el gasto medio por alumno universitario en España es de 9.404 euros, esa descapitalización es también una sangría constante de recursos financieros.

A las lógicas del mercado se les superponen las dinámicas políticas. La posibilidad de potenciar Madrid para convertirlo, no solo en el centro del poder político, sino, también, en el centro de poder económico fue siempre un sueño centralista verbalizado por el expresidente Aznar. La experiencia de las primeras dos décadas de este milenio muestra que, efectivamente, la capital de España ha sabido cabalgar sobre los vectores económicos que favorecían a las grandes urbes a base de desarrollar un modelo de metropolización asistida, que ha sido potenciado por las ventajas institucionales de la capitalidad y las rebajas fiscales, imposibles de contrarrestar desde las periferias.

La España olvidada: entre las nuevas ventajas comparativas y las zonas de sacrificio

Dos de los principales think tank europeos, el Brussels Institute for Geopolitics (BIG) y el Instituto Bruegel argumentan la necesidad de una “nueva cartografía” de la industria europea empujada a reubicarse donde la energía sea más barata. Si los asentamientos industriales actuales coinciden con los de las fuentes de energía basada en el carbono, parece lógico que la nueva industria se reubique donde las renovables sean más abundantes y baratas.

España es ya una superpotencia renovable. En el cómputo total de la potencia instalada, España acabó 2023 con más de 125,6 GW, de los que el 61,3% son renovables. Por primera vez en la historia, más de la mitad del mix energético (50,3%) tuvo su origen en recursos como el viento, el sol o el agua.

¿Son esas ventajas comparativas una nueva oportunidad para Galicia, Extremadura, Andalucía y las otras regiones despobladas del oeste peninsular? Si las industrias electrointensivas se desplazaran a las cercanías de los centros de producción de energía eólica y fotovoltaica como parece apuntar la nueva cartografía industrial, es obvio que contribuirían a corregir los desequilibrios territoriales.

Sin embargo, también puede ocurrir lo contrario: que se reproduzcan nuevas pautas de división del trabajo que refuercen las viejas lógicas de dependencia y desarrollo desigual. Y ahí aparece la “autonomía estratégica”, un concepto clave en las pautas para el “desarrollo verde” que requiere que Europa disponga de los recursos imprescindibles para desarrollar su competitividad sin depender de la energía y materias primas esenciales de otras zonas del mundo. La consecuencia de su puesta en práctica parece apuntar a que es necesario que los territorios ricos en esos recursos se “sacrifiquen” en beneficio de un “bien común” que es el desarrollo sostenible.

En este contexto, esas “zonas de sacrificio” serían las áreas geográficas seleccionadas por sus riquezas naturales. Las cuestiones medioambientales y sociales quedarían supeditadas al interés general de la autonomía estratégica. La nueva especialización productiva condenaría a regiones ya de por sí relegadas a asumir industrias contaminantes que las colocarían en a un rol secundario con efectos nocivos sobre sus equilibrios sociales y su biodiversidad. Galicia se ha puesto como ejemplo de esa especialización: el paisaje y la identidad territorial se ve sombreado por embalses, minas, plantaciones de eucalipto, parques eólicos y granjas fotovoltaicas que dejan cicatrices profundas en los espacios naturales y la actividad humana.

El núcleo de ese sacrificio está en la nueva minería especializada en materias primas críticas, un conjunto de 17 elementos claves para la transición verde y para una política industrial limpia. El problema es que la extracción de esos elementos tiene graves implicaciones medioambientales por su toxicidad, por la generación de grandes cantidades de residuos y por el consumo de elevadas cantidades de agua.

España cuenta con importantes yacimientos: el 100% del estroncio que se utiliza en la UE se extrae de la sierra de Granada. Fluorita, litio, niobio, tántalo y monacita se dispersan en yacimientos por el oeste español, precisamente en las provincias despobladas y descapitalizadas. Regiones que enlazan también con las del Portugal más pobre, también con enorme potencial en este tipo de materias.

La nueva especialización productiva no tiene más opciones que relanzar las ciudades de referencia de esa España del interior: Badajoz, Cáceres, Salamanca, Zamora, León o Orense, y aprovechar la cercanía de fuentes energéticas renovables, o, definitivamente, sacrificar el agua de sus zonas ya desertificadas para desarrollar una idea de progreso que favorece al norte de Europa.

La España vaciada y envejecida

Es necesaria una mirada larga para conocer la magnitud de las desigualdades territoriales en España. Un análisis de los últimos 70 años realizado por FUNCAS en 2021 describe cómo 23 provincias, casi la mitad de España, han perdido la mitad de su peso demográfico, económico y laboral. En 1950, estas provincias albergaban el 34,1% de la población española, generaban el 26,7% del valor agregado bruto (VAB) y el 33,5% del empleo total. En la actualidad, sin embargo, acogen el 18,1% de la población, producen el 16,1% del VAB y aportan el 17% del empleo. Han sido las provincias del centro-noroeste las que han perdido en este proceso. Del análisis mencionado se desprende que no hay una única España despoblada, sino tres: la que decrece, la que se estanca y la que está remontando en los últimos 30 años.

La España despoblada que decrece es también la más envejecida, y se encuentra en las provincias del centro-noroeste: Ávila, Cuenca, León, Zamora, Salamanca, Lugo, Ourense, Segovia, Palencia, Soria y Teruel. Por su parte, la España despoblada que se estanca está compuesta por las provincias del centro-sur: Albacete, Ciudad Real, Badajoz, Cáceres, Córdoba y Jaén. Estas provincias también padecen tasas altas de envejecimiento situadas alrededor del 20%. Por último hay un tercer grupo que ha sufrido también la despoblación, pero que remonta. Se trata de las provincias situadas en el centro-noreste: Guadalajara, Burgos, Huesca, La Rioja, Valladolid y Zaragoza. En los últimos 30 años se ha aprovechado el tirón de sus capitales para compensar la destrucción de empleo agrario y las migraciones que se produjeron en los años 70. La construcción, el comercio y también diversas industrias han tirado de ellas y las han resituado.

No hay una única España despoblada, sino tres: la que decrece, la que se estanca y la que está remontando en los últimos 30 años.

La rueda de desplazamientos humanos en España, sin embargo, no se detiene y resulta paradójica: se aprovecha la llegada de inmigrantes procedentes del sur global, que cubren las necesidades de la agricultura, la construcción y el servicio doméstico; mientras los jóvenes universitarios españoles buscan oportunidades en países como Reino Unido, Francia o Alemania.

Esa misma lógica se traslada a los movimientos interregionales de jóvenes profesionales de entre 25 y 39 años que, en promedio, ascienden a 150.000 al año y se concentran en Madrid y Barcelona. El 65% y el 45% de los universitarios de esas edades residentes en la capital de España y en la de Catalunya, respectivamente, proceden de otras comunidades. Las perjudicadas son, principalmente, las capitales de provincia de las regiones con tradición migratoria. Las más castigadas son Castilla y León y Asturias.

El trasvase de la población clave hacia Madrid, y en menor medida hacia Barcelona, es un cambio crucial que define el perfil de las nuevas relaciones territoriales y puede consolidar definitivamente una economía dual estructuralmente desigual e irreversible.

España frente al mundo. Desigualdades comparadas

La desigualdad en términos de riqueza, retos, género o territorios forma parte del desarrollo capitalista. La globalización neoliberal trasladó a China buena parte de la actividad industrial y los efectos ya son hoy evidentes. El PIB per cápita de Extremadura y buena parte de Andalucía y Castilla-La Mancha es hoy inferior al de China. Así lo recoge Enrico Letta en su Informe al Consejo de la UE de abril de 2024.

En España, la desigualdad regional se ha ido ensanchando desde la crisis de 2008. En la actualidad, Madrid, la comunidad más rica, tiene un PIB per cápita de 38.435 euros. En Melilla, la comunidad más pobre, el PIB per cápita es de 20.698 euros.

En España, la desigualdad regional se ha ido ensanchando desde la crisis de 2008.

Ello no significa que, en términos relativos, la desigualdad territorial sea grande en España. Una comparación con dos países centralizados, Francia e Italia, y uno federal, Alemania, nos muestra que España está bien situada en términos relativos.

Las diferencias entre el norte y el sur en Italia son mucho más pronunciadas que en España. La región más rica, Trentino, tiene un PIB per cápita de 40.904 euros, un 253% más alto que el de de Calabria (16.168 euros). Otro país centralizado, como Francia, muestra una diferencia del 211% entre su área más rica, la región de París, y la más pobre, Altos de Francia, desigualdad muy superior a las de España.

Los datos de Alemania están claramente marcados por el proceso de reunificación iniciado en 1990. A pesar de ello, la diferencia entre el PIB per cápita del lander más rico, Bremen (con 56.901 euros), y el más pobre, Pomerania (con 32.837 euros), región del este, en la frontera con Polonia, es del 173%, ligeramente inferior a la española. Un trabajo reciente de las fundaciones COTEC e IVIE confirma que, en términos medios, hoy Alemania es más divergente en renta que España, pero poco a poco, consigue ir convergiendo, mientras que España no lo hace.

Aunque la economía alemana sigue siendo dual, el dinamismo de Berlín, Leipzig y Dresde permite reducir esa divergencia que, paradójicamente, no logra tapar el éxodo de población y el envejecimiento que azotan a las cinco regiones de la antigua RDA.

Las transferencias de renta  y la corrección de desigualdades

Una de las funciones del Estado es compensar las diferencias sociales y territoriales mediante políticas públicas. Y eso se consigue de dos modos: con la promoción de la actividad y el empleo en las zonas menos desarrolladas y mediante la transferencia de rentas que compensen, a posteriori, las desigualdades primarias de actividad que no se hayan podido corregir mediante más actividad.

A veces se le atribuye al Sistema de Financiación Autonómica (SFA) esa tarea. Sin embargo, constituye un error, ya que su función no debería ser recortar diferencias del pasado, sino facilitar la igualdad de oportunidades de cara al futuro mediante una dotación equilibrada de los servicios públicos de Educación, Sanidad y Servicios Sociales.

Todos los recursos para compensar los desequilibrios territoriales del pasado forman parte de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y se financian con impuestos que gravan más a los territorios más ricos, con sueldos más altos y mayor densidad empresarial. El resultado es que provincias y regiones con menos actividad productiva acaban teniendo una renta disponible per cápita relativamente superior a su PIB per cápita. En consecuencia, Madrid y, en menor medida, Catalunya pierden rentas disponibles, después de los impuestos, en relación con su capacidad de producción.

Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha, con déficits estructurales de empleo muy superiores al promedio, son compensadas con transferencias de rentas que reciben los trabajadores desempleados.

El Sistema de Financiación Autonómica (SFA) debería facilitar la igualdad de oportunidades de cara al futuro mediante una dotación equilibrada de los servicios públicos de Sanidad, Educación y Servicios Sociales.

Por su parte, la despoblación y el envejecimiento que sufre el centro-noroeste es compensado fundamentalmente por la recepción de rentas de pensiones. Destacan Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia, como consecuencia de las prejubilaciones forzosas originadas en las reconversiones industriales de sectores como la siderurgia, la minería y el de los astilleros de los años 80 y 90. Disfrutar de pensiones medias por encima del promedio sirvió de compensación por su desindustrialización, una política de subsidios encubiertos que les ha permitido mantener sus niveles de renta a pesar de la caída de actividad productiva y el PIB per cápita.

Euskadi y Navarra, fuera del régimen común y blindadas por sus conciertos forales, son las grandes beneficiadas por no contribuir al fondo de solidaridad, de modo que sus niveles relativos de renta disponible no sufren merma alguna. ◼