El periodista británico que cambió el reinado de Felipe VI

La Casa Real apenas me contestaba los correos. Y, cuando lo hacía, nunca era de forma informativa. Así que fue una sorpresa cuando aquella tarde recibí un SMS que decía que estaba a punto de salir un comunicado.

Era el 15 de marzo, el primer día de estado de alarma por la covid-19, y el mismo día en el que había publicado en el dominical de The Telegraph una exclusiva sobre dos fundaciones offshore de las que eran beneficiarios el rey emérito y también, como heredero, Felipe VI.

Era la tercera entrega de una serie de artículos sobre las finanzas oscuras del rey Juan Carlos, pero supe que esta era la pieza fuerte porque salpicaba el actual jefe del Estado, que tanto se había esforzado en crear una imagen de su liderazgo distinta de la de su padre, más austero, más serio. En fin, menos lujurioso.

El comunicado entró por mi correo unos minutos más tarde. Era algo extraordinario. Acostumbrado como todos los periodistas a leer notas de prensa secas y aburridas, no me creía este torrente de afirmaciones, desmentidos y, sobre todo, noticias: Felipe se autodesheredaba de su padre, le quitaba su pensión—asignación pagada por los españoles— y el emérito anunciaba que se preparaba para defenderse de cualquier acusación legal que le llegara.

No había satisfacción ni orgullo por ningún lado. Ni siquiera por mi parte. Yo sentía alivio después de llevar en las entrañas durante unas semanas una información tan potente que creía haber contrastado bien, pero siempre queda la duda. Felipe VI parecía que iba por detrás de los acontecimientos, pero no quería que se le viera correr.

En el comunicado admitió que ya había sido informado de la existencia de la Fundación Lucum, la estructura que creó Juan Carlos para dar cobijo a un “regalo” de 100 millones de dólares del antiguo rey saudí y donde figuraba Felipe como beneficiario segundo y heredero. Este conocimiento le llevó a manifestar ante notario que no aceptaba esta herencia, y que no conocía y tampoco había consentido participar en “ningún activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad pudieron no estar en plena y estricta consonancia con la legalidad o con los criterios de transparencia, integridad y ejemplaridad que informan su actividad institucional y privada”.

Sobre Zagatka, fundación radicada en Liechtenstein cuyo principal beneficiario es Álvaro de Orleans pero donde hasta hace unos meses figuraban Juan Carlos, Felipe y sus hermanas como beneficiarios y herederos, el rey dijo en el comunicado que no sabía nada, pero en caso “de ser cierto”, esto se arreglaba igual con eso de no aceptar ninguna herencia mancillada.

El famoso comunicado del 15 de marzo fue un intento de sofocar las llamas que empezaban a acercarse a su palacio, pero es cuestionable que las medidas anunciadas sean suficientes para que todo vuelva a su cauce. Son, sobre todo, una especie de propuesta de autorregulación, cuando para muchos la necesidad de control democrático ya viene siendo básica desde hace años.

¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Qué hacemos si mañana un medio revela que el rey Felipe oculta a Hacienda una fortuna que tiene escondida en las Islas Caimán? La Casa Real mantendrá silencio sobre la noticia. El rey seguirá siendo inviolable según la Constitución. Puede que el CIS decida que es hora de preguntar a los españoles acerca de su opinión sobre la monarquía. O puede que no.

Desde marzo estamos viendo que al rey emérito se le ha quitado la protección de la que siempre había disfrutado. Son más los medios españoles que se atreven ya a airear sus escándalos y, aunque hay escepticismo sobre lo que puede pasar eventualmente en el Tribunal Supremo con el aforado emérito, es un cambio cualitativo el hecho de que instituciones como la Fiscalía Anticorrupción y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) emprendan investigaciones por su cuenta, y no sólo oficiosamente siguiendo las pistas abiertas por el fiscal suizo que persigue indicios de blanqueo en el entorno del antiguo rey. Que Juan Carlos se haya visto forzado a salir de España evidencia un cambio dramático en torno a su suerte personal, pero tiene más que ver con un intento de cerrar en falso el tema de fondo, la cuestión política.

Ahí las elites españolas siguen en su gatopardismo. Lo que tiene que cambiar para que todo siga igual es el foco. De momento, se centra en los pecados de Juan Carlos, mientras las cuestiones sobre la institución de la Corona quedan fuera de debate. “Lo que se juzga no son instituciones, sino las personas,” dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez el 4 de agosto, convencido de que el rey emérito estaría a disposición de la justicia “como cualquier español”.

El circo mediático que se ha montado en torno a las formas venales del antiguo rey y sus correrías trepidantes con Corinna y otras compañías sirve de pantalla para que no se formulen las preguntas básicas. Durante dos semanas asistimos a una pantomima sobre si el Gobierno sabía adónde se había ido Juan Carlos, mientras la Casa Real se escaqueaba diciendo que este detalle era un “asunto privado”. Dos semanas en las que lo primordial habría sido debatir si, al autoexiliarse después de la apertura de una investigación por parte de la fiscalía, era conveniente que el emérito mantuviera su estatus de rey, y si se puede justificar seguir gastando fondos públicos en su séquito de seguridad mientras se esconde en los Emiratos.

Después de años de autocensura en los principales medios sobre las presuntas irregularidades de Juan Carlos, ahora casi nos ahogamos en los detalles de algunas aventuras reales mientras el contexto de la corrupción se mantiene fuera de foco. ¿Cómo se ha permitido y encubierto que se enriquezca ilícitamente un rey mientras representaba al Estado? ¿Hasta qué punto se han confundido los intereses de España con los caprichos de Juan Carlos?

Aún no he visto un cuestionamiento serio sobre estos temas en la prensa ni en el Congreso, claramente el lugar por excelencia para dirimir responsabilidades acerca de un fallo sistémico de gobernanza, y no solamente el caso de un señor y sus debilidades humanas. El PSOE y el PP se aferran a una interpretación maximalista de la inviolabilidad del rey y olvidan que las Cortes también son inviolables según la Constitución, y que tienen la responsabilidad de controlar las acciones de los Gobiernos.

No es por presumir de mi país, que tiene también sus muchas vergüenzas, pero no concibo una situación comparable en Reino Unido. Primero, es imposible que la prensa, altamente competitiva y agresiva, hubiese callado sobre temas tan suculentamente escandalosos. Segundo, en una situación como la de ahora en España, cuando todo ha saltado por los aires, se montaría una investigación liderada por personas con credibilidad para informar a los representantes y al país sobre qué habría fallado.

Al final, puede que tanta protección le haga un flaco favor a la monarquía española. La idea de las elites parece ser la de ayudar al rey actual a capear la tormenta, pero ¿luego qué?

El reino de Felipe VI está maniatado por varias circunstancias, incluyendo las prácticas corruptas de su padre —cuestiones que fueron dejadas de lado en la Transición—, y la crispación surgida de las crisis económica y territorial. Desde hace unos meses, al rey prisionero le visita en la celda una inquietante figura que le susurra sobre nuevos escándalos familiares que amenazan con salpicarle.

Dice Felipe VI que él no sabía nada de Lucum o de Zagatka. Pero sí debió enterarse de su propia luna de miel, otra exclusiva que publicamos en The Telegraph este año. Una vez que Felipe y Letizia habían cumplido con el deber de hacer una luna de miel austera, en junio de 2004, aprovecharon su asistencia a otra boda real en Jordania para desaparecer de la atención pública y viajar en vuelos privados a Camboya, las Fiyi, Samoa, California y México. Siempre disfrutando de hoteles de lujo.

Sólo los vuelos costaron más de 450.000 dólares, y en un correo electrónico se lee cómo Juan Carlos decide dividir la factura en dos, pagando un poco menos de la mitad de fondos propiamente suyos; los 269.000 dólares restantes los mandó pagar desde una cuenta en Bélgica a nombre de una empresa llamada Navilot, cuyo propietario oficial es el empresario catalán y compañero de regatas del rey emérito, Josep Cusí. Navilot, un holding que también tuvo en propiedad varios yates de la serie Bribón de Juan Carlos, fue fundado por Javier Villalba Catalá, un abogado que ha ocupado puestos en los consejos de más 100 empresas, incluidas varias conectadas con Jordi Pujol Ferrusola.

¿Cuántos testaferros tiene el rey emérito y en cuántos fondos estará nombrado el actual rey como beneficiario o heredero?

La limitada transparencia que ha introducido Felipe en las cuentas de la Casa Real, publicando las partidas de forma muy genérica y algunas contrataciones —aunque se critica que no son licitadas como contratos públicos y por ende se desconoce el porqué de la resolución—, empieza a parecer muy insuficiente. El predicamento de Felipe es delicadísimo. Por un lado, la situación pide una reforma ambiciosa para ir al contraataque, pero pesa más, de momento, el miedo a que en un momento u otro salga otro titular que embarre cualquier iniciativa antes de ponerla en marcha.

Desde Podemos dicen que se prepara una proposición para que el rey esté sujeto a la misma transparencia que otros representantes del pueblo, y que publique una declaración de patrimonio de forma periódica. Se suele dar por hecho que el PSOE se mantendrá siempre fiel al arreglo del 78, pero en política todo son cálculos y puede llegar un momento en que el partido de Pedro Sánchez estime que pierde terreno a su izquierda con un apoyo inmovilista a la monarquía.

Quizá la mejor forma para mantener el statu quo es una reforma de la monarquía para ajustar el papel del rey al espíritu de su tiempo, regulando, por ejemplo, las incompatibilidades del monarca en su vida privada –no tener ninguna actividad empresarial– y definiendo de forma estricta la inviolabilidad real para que ésta cubra únicamente su actividad de representación. En su día, cuando existía la posibilidad de que el segundo hijo de los actuales reyes fuera un varón, se hablaba de quitar la primogenitura del artículo constitucional sobre la sucesión.

Lo que sucede con una reforma constitucional es que tiene que pasar por un referéndum, y es fácil pensar que otra vez a los españoles intentarían colarles la continuidad de la monarquía dentro de un paquete de diversas propuestas, como ya se hizo en 1978, según le contó Adolfo Suárez a Victoria Prego. ¿O es que los españoles quieren un verdadero referéndum sobre monarquía o república? No lo sabemos. El CIS sigue sin preguntar.