Contra la revictimización de la infancia

La idea de ir a juicio es algo que, a cualquiera de nosotros y de nosotras, nos resulta, como mínimo, incómodo. Enfrentarse a las preguntas de la fiscalía o del abogado contrario; la imagen de ese juez o esa jueza imperturbables preguntando y mirando fijamente; los meses que pueden pasar entre trámites y citaciones; las esperas en esos edificios asépticos, de luces blancas y carentes de calidez... No, no es sencillo hacer frente a un proceso judicial, sea cual sea tu posición en el mismo. Y, si esta es la sensación que tiene una persona adulta cuando se enfrenta a un juicio, imaginad la que tiene un niño o una niña, especialmente cuando ha sido víctima de abuso sexual.

Es una realidad. Nuestro sistema judicial no está adaptado a las necesidades de niños, niñas y adolescentes y, paradójicamente, no garantiza sus derechos. Es más, en algunos casos, el proceso judicial supone una revictimización del niño o niña que denuncia un delito, y esto resulta evidente en los casos de abuso sexual. En Save the Children llevamos años denunciando esta situación y luchando para cambiarla.

Pero, ¿a qué nos referimos cuando decimos que un proceso no está adaptado o que revictimiza a las víctimas? En dos estudios consecutivos de sentencias por abuso sexual (el primero sobre sentencias entre 2012 y 2015, que aparece en el informe Ojos que no quieren ver; el segundo entre 2016 y 2018) estudiamos cuáles son estas carencias del sistema judicial que afectan de manera directa a la integridad de los niños y niñas.

En primer lugar, está el número de las veces que el menor relata los hechos. Lo ideal, tanto para garantizar el bienestar del niño o de la niña como para preservar la prueba (recordemos que, en los casos de abuso sexual, la prueba principal y, en muchas ocasiones la única, es precisamente este testimonio), sería que, una vez interpuesta la denuncia, la víctima contase los hechos una sola vez. Sin embargo, la realidad es que una vez se denuncia el hecho, el niño o la niña lo cuenta una media de cuatro veces, a cuatro profesionales distintos. Cuatro veces, ante cuatro personas, contando en qué ha consistido el abuso, cuándo sucedió, cómo es lo que les hicieron, reviviéndolo.

En segundo, la bajísima aplicación de la prueba preconstituida. Esta prueba supone que la declaración de la víctima ante el juez de instrucción es grabada, con todas las garantías procesales (presencia del abogado defensor, turnos de preguntas), para evitar que tenga que volver a declarar en fases posteriores. Sin embargo, aunque es una práctica recomendada por instituciones europeas y recogida en nuestro ordenamiento, solo se aplicó en un 13,8% de las sentencias.

Esto supone una tercera vulneración: el 86% de las víctimas tuvo que testificar en plenario en una fase posterior del juicio, esto es, ante todas las partes implicadas. Solo en un 3,4% de los casos se hizo el testimonio por videoconferencia, y en el 1,5% de los casos se puso un biombo para evitar la confrontación entre víctima y acusado. Imaginad, un niño o niña, teniendo que declarar y responder preguntas no solo ante el juez, sino también ante el secretario judicial, el fiscal y el abogado defensor y compartiendo sala con el acusado.

Por último, desde que se inicia el proceso hasta que acaba, pasa una media de tres años. Y en un 30% de las sentencias, aproximadamente, el condenado recibe un atenuante por dilación indebida, es decir, la pena se reduce por un exceso de duración del proceso.

Así, nuestro proceso judicial no pone el interés superior del niño o de la niña en el centro. En ningún momento. Es un proceso en el que la víctima tiene que contar repetidas veces lo que le ha sucedido, incluso delante del presunto agresor. Un proceso que se alarga en el tiempo, y que dificulta la reparación psicológica y emocional del niño o de la niña. Un proceso que, más que restaurar derechos, los vulnera. Porque aquí solamente hemos hablado de las cuestiones procedimentales, pero incluso la propia disposición de los juzgados (salas de espera compartidas entre demandantes y acusados, confrontaciones visuales, salas de vistas frías y en absoluto adaptadas) hacen que los procesos sean, en ocasiones, tan o más traumáticos que el propio delito.

Es importante resaltar que estos datos son solo de aquellos casos que llegan a la fase de juicio oral. Es decir, solamente del 30% de los casos que se denuncian, porque 7 de cada 10 se quedan en la fase de instrucción, y no llegan a ser juzgados. ¿Esta ratio tan baja es porque no se ha producido un delito o porque se trate de denuncias falsas? No, en la mayoría de los casos es porque el testimonio de la víctima no se considera prueba suficiente para probar los hechos. Pero en un sistema judicial sin mecanismos que permitan la escucha y toma de testimonio adecuadas, y que todavía plantea prejuicios en torno a la capacidad de los niños y las niñas para dar un testimonio veraz (se pone en duda su capacidad para recordar, se exagera su capacidad de sufrir manipulación), ¿cómo se va a considerar prueba suficiente la versión de un niño frente a la de un adulto?

Por supuesto hay muchos profesionales del ámbito judicial que en su día a día luchan contra estas barreras, que intentan hacer que los procedimientos sean menos hostiles y que se respeten los derechos de la infancia. Pero no puede bastar con buena voluntad e intención. Es necesario un cambio de sistema, que ponga la integridad física y psicológica del niño o la niña en el centro de un proceso que respete su interés superior, sin poner en juego, en ningún caso, una cuestión clave en nuestro sistema judicial como es la presunción de inocencia.

La Ley Orgánica de Protección Integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia es una oportunidad histórica para que se genere este cambio, y que la perspectiva de infancia entre, al fin, en el sistema judicial. El anteproyecto fue aprobado por el Gobierno a finales de 2018, pero ahora toca recuperar su tramitación para asegurar que su entrada en vigor llegue este año. Con ella llegarán medidas tan importantes como la formación específica de los profesionales (psicólogos forenses, jueces y juezas, fiscales, abogados y abogadas), la obligatoriedad de la prueba preconstituida, la especialización de juzgados de violencia sobre la infancia y adolescencia… Son todas ellas cuestiones que mejorarían los procesos judiciales.

En paralelo y a nivel autonómico, existe otra iniciativa que busca, expresamente, limitar la revictimización: la implantación del modelo Barnahus. Este recurso, importado de Islandia y extendido con éxito en gran parte de Europa, supone que todas las intervenciones que se hacen con un niño o niña que denuncia o sobre el que existe sospecha de que haya sufrido un abuso, se realizan en un solo lugar, por profesionales especializados, y garantizando que, una vez realizada esta intervención, que incluye la prueba preconstituida, no necesita pasar por más procesos. Está previsto que en 2020 se abra la primera en España, en Tarragona.

Nos encontramos en un momento de relativa esperanza, en el que por fin se está replanteando cómo tratamos a los niños y niñas en los procesos judiciales y cómo evitar su revictimización. Sin embargo, las organizaciones de defensa de los derechos de la infancia, así como el resto de compañeras de la sociedad civil y los medios de comunicación, debemos seguir alertas, denunciando cada vulneración de derechos que conozcamos.

Cuando se produce un abuso sexual a un niño o una niña, es la sociedad que los debía proteger la que ha fallado. Luchemos para que, una vez sufrido el daño, ese niño o niña sea respetado y protegido hasta garantizar su recuperación