Galicia, Asturias, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León han firmado hoy en Zaragoza una declaración institucional sobre la reforma del sistema de financiación que han pedido que sea multilateral, que no incluya privilegios para ninguna autonomía y que se acometa urgentemente.

Los presidentes de las seis comunidades, en las que vive el 21% de la población a pesar de representar el 52% del territorio, exigen un nuevo modelo de financiación que se base en el respeto a la Constitución y sobre todo en el principio de igualdad de todos los españoles, que garantiza que todos tengan los mismos derechos independientemente del lugar en el que vivan.

Con este documento, los populares Alberto Nuñez Feijóo (Galicia), José Ignacio Ceniceros (La Rioja) y Juan Vicente Herrera (Castilla y León) y los socialistas Javier Lambán (Aragón), Javier Fernández (Asturias) y Emiliano García Page (Castilla-La Mancha), pretenden transmitir al Gobierno de España la necesidad "perentoria" de definir un nuevo modelo, que debe de ser objeto de un consenso multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Emiliano García Page (Castyilla-La Mancha), Javier Ferández (Asturias), Javier Lambán (Aragón), Alberto Núñez Feijo (Galicia) y José Ignacio Ceniceros (La Rioja), tras la reunión que han mantenido en Zaragoza para analizar cuestiones como la reforma de la financiación autonómica o el declive demográfico (en la foto falta Juan Vicente Hererra, de Castilla y León). EFE/Javier Cebollada

En la rueda de prensa posterior, los seis presidentes han coincidido en rechazar cualquier intento de bilateralidad. "Lo que afecta a todos, lo decidiremos ente todos; no puede haber 17 regímenes bilaterales", ha enfatizado García Page.

Sus exigencias pasan por que en la reforma se potencie el principio de suficiencia y se garantice, según ha explicado Lambán, que las necesidades financieras se fijan atendiendo el coste real de los servicios en unas comunidades muy despobladas, envejecidas, con unas condiciones orográficas muy especiales y con una elevada dispersión de la población.

En la Declaración de Zaragoza se demanda que, tras la reforma, ninguna autonomía empeore su posición financiera, y también que se respete el principio de lealtad institucional.

En concreto, ha explicado Herrera, que cuando el Gobierno de España tome decisiones "legítimas" que impliquen más gasto a las autonomías, este no se les "endose" a las comunidades.

El presidente de La Rioja, Jose Ignacio Ceniceros, junto a Alberto Núñez Fejóo y Juan Vicente Herrera, interviene tras la reunión en Zaragoza de seis presidentes autonómicos para analizar cuestiones como la reforma de la financiación autonómica o el declive demográfico. EFE/Javier Cebollada

Los seis presidentes consideran que es necesario mejorar sus recursos para prestar servicios de calidad, y exigen por tanto que se abone a las comunidades el importe de la mensualidad del IVA no ingresada en 2017, ya que en caso contrario el Estado dispondría de unos ingresos que corresponden a las autonomías.

La lucha contra la despoblación es otro de los ejes de la declaración y, en este sentido, los presidentes hacen hincapié en la necesidad de una estrategia europea sobre el cambio demográfico que coordine el conjunto de los instrumentos y fondos de la Unión. La política de cohesión, a su juicio, tiene que estar al servicio de los nuevos retos, entre ellos el demográfico, opinan.

Y su dotación no puede basarse solo en un único indicador, el PIB per cápita, sino también en la evolución de la población, en la dispersión, en el envejecimiento, o en la emigración joven o en la caída de la natalidad.

El documento se enviará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los ministros implicados para tratar de forzar la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, conversa con su homólogo de Asturias, Javier Fernández, tras la reunión que han mantenido en Zaragoza seis presidentes autonómicos para analizar cuestiones como la reforma de la financiación autonómica o el declive demográfico. EFE/Javier Cebollada

Esta reunión, según han coincidido en señalar todos los presidentes, "no va contra nadie", ni siquiera contra los "sucesivos" gobiernos de la nación, sino que pretende servir de ayuda al Ejecutivo central para que ponga en práctica criterios "de justicia y cohesión", ha dicho Lambán.

Para Herrera, en el año en el que se cumplen cuarenta de la promulgación de la Constitución Española, el acto de hoy es un "ejercicio rabioso de autonomismo constitucional", que pretende ser útil a través de una "cooperación en positivo".

García-Page ha insistido que este foro de presidentes, que deberían ser "más frecuentes", tiene "vocación de permanencia" desde el punto de vista de los intereses territoriales, que no es lo mismo que "los egoísmos territoriales".

Según Ceniceros, es necesario decir "alto y claro" que las diferencias entre los diferentes Estatutos de Autonomía no pueden acarrear privilegios a determinados territorios, mientras que Fernández ha insistido en que los asuntos tratados condicionan el futuro de las seis autonomías y pretende conseguir, en el seno del Estado, una "equidad sin privilegios".

Feijóo, por su parte, ha alabado el consenso al que han llegado seis presidentes de dos colores políticos diferentes que quieren participar en el diseño de la España autonómica y que urgen a que la reforma del sistema de financiación se lleve a cabo esta misma legislatura.