Los zaragozanos se han rebelado contra el ‘tarifazo’ del agua que supone el Impuesto de Contaminación de las aguas (ICA): casi un tercio de las familias a las que se les ha acabado el plazo para pagarlo no lo han hecho, mientras una amalgama de asociaciones vecinales, organizaciones de consumidores, sindicatos y grupos ecologistas lleva recogidos más de 20.000 recursos contra los recibos que emite el Instituto Aragonés del Agua (IAA).

Los datos del Gobierno de Aragón indican que 69.928 de las 212.328 a las que el plazo no han pagado los recibos, algo que tampoco han hecho 315 de los 2.656 grandes consumidores (empresas, principalmente), a la espera de que en unas semanas venza la última remesa, que afecta a 129.766 viviendas y locales de la margen izquierda, el casco viejo y el barrio de La Almozara.

La ‘rebelión’ contra el impuesto, creado para financiar el desmesurado e insostenible Plan de Depuración por la misma comunidad autónoma que asume su inviabilidad al proponer revisarlo, lleva camino de extenderse al resto del territorio, donde alcaldes de todo el espectro político han mostrado su apoyo a la manifestación convocada para el 4 de febrero en la capital por las organizaciones y movimientos sociales que se oponen al ‘tarifazo’.

Un plan “imposible de cumplir”

El ICA le supone a una familia de cuatro miembros con un consumo medio diario de cien litros de agua por cabeza, 149,52 euros anuales, aunque en el caso de Zaragoza se aplica una bonificación del 40% que reduce el impacto inicial.

El impuesto, creado por el Gobierno de Aragón para financiar un plan de depuración autonómico que la Cámara de Cuentas considera “imposible de cumplir” tras duplicar, al privatizarlos, los costes de las infraestructuras y del tratamiento de las aguas residuales, es el eje de un enfrentamiento entre la comunidad y el Ayuntamiento de Zaragoza.

El primero es consciente de que el plan hace aguas sin la aportación los vecinos de Zaragoza, donde reside la mitad de la población de la comunidad, mientras el segundo, que construyó por su cuenta las depuradoras de la ciudad, se opone a un tributo que les acabará suponiendo a esos ciudadanos el pago de 28,5 millones al año.

“Estamos sorprendidos con este movimiento ciudadano”

Sin embargo, plantear como una tensión entre instituciones políticas el conflicto en torno al ICA, recurrido por Podemos e IU ante el Constitucional, resulta reduccionista; algo de lo que dan fe los 20.000 recursos que distintas entidades han canalizado a través de la FAVBZ (Federación de Asociaciones de Vecinos y Barrios), en una iniciativa que va a extenderse a otros municipios y a la que hay que sumar otros dos millares de impugnaciones presentadas directamente por particulares.

“Estamos sorprendidos con este movimiento ciudadano”, explica Jesús Sampériz, de la RAPA (Red del Agua Pública de Aragón), que recuerda que esa organización, una de las más combativas con el impuesto, “lleva desde 2013 advirtiendo de lo que iba a pasar con el ICA”.

Ancianos y vecinos de las zonas rurales se están sumando en bloque a la movilización de rechazo al impuesto.

“No damos abasto para tramitar los recursos”, señala Maribel Martínez, también de RAPA, que anota que “estamos dando hasta cuatro charlas diarias por los barrios” y que “desde muchos pueblos nos están pidiendo ayuda para recurrir”.

Carniceros, tenderos y farmacéuticos que recogen recursos

La movilización contra el ICA comienza a extenderse por el tejido social. En barrios como Movera, la farmacia, varias tiendas de comestibles y la carnicería Beloc son puntos de recogida de los recursos que previamente ha buzoneado por las casas la asociación de vecinos Los Hondos del Tejar. Llevan más de un centenar en un pueblo de menos de 2.900 habitantes.

Armando Beloc recoge recursos contra el ICA en su carnicería de Movera: “nos están cobrando de una manera injusta”.

“Si fuese algo que pensara que es justo no me liaría, pero es algo que nos están cobrando de una manera injusta”, explica Armando, su propietario, mientras prepara las viandas. “Hay que pagarlo, pero no domiciliarlo, y recurrirlo”, señala, mientras reclama “que nos devuelvan la parte que nos han cobrado y que lo quiten”.

En los barrios rurales de la capital, como en algunas urbanizaciones y en zonas de viviendas diseminadas del resto del territorio, se da una situación paradójica: a las casas de familias que carecen de sistema de vertido, que han tenido que costearse su propia fosa séptica impermeable y que pagan de su bolsillo su limpieza periódica están llegando recibos de 150 a 165 euros.

“Calculan el impuesto en función del agua que consumes, al considerar que luego la viertes; pero eso no es siempre así”, anota Soledad Hernández, de la asociación de vecinos Los Hondos del Tejar, que añade que, en esos casos, el Instituto Aragonés del Agua, “les grava más al no aplicarles las bonificaciones”.

Circunstancias como esa han hecho que en núcleos de población aislados, y mayoritariamente habitados por vecinos de edad avanzada, también se hayan sumado a la campaña de los recursos. “En el Lugarico de Cerdán y el Cazuelo son 25 y cinco casas, y han presentado recursos la práctica totalidad”, apunta. “Nos hemos esforzado en explicar que no todo lo que viene de la Administración es correcto ni hay que admitirlo porque sí”, anota.

Arranca la comisión de investigación

Por su parte, el Gobierno de Aragón destaca que, según organizaciones de consumidores como Facua y la OCU, la capital aragonesa se encuentra entre las que menos gravan el consumo de agua. Aunque eso no quita para que el consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, haya admitido que el Plan de Depuración inicial “se paralizó para redimensionarlo y adecuarlo a las necesidades reales”, lo que incluye medidas como aplicar tecnologías verdes en lugar de grandes plantas en pequeños núcleos de población. Y también, obviamente, la anulación de las depuradoras proyectadas en pueblos deshabitados o en trance de estarlo.

Paralelamente, esta semana se ha constituido en las Cortes de Aragón una comisión de investigación para analizar el diseño y el desarrollo del Plan de Depuración, tanto en su vertiente técnica como en la económica, mientras el PP echaba un cable al PSOE al proponer formalmente la creación de otra, en este caso de estudio, para determinar cómo debe aplicarse el impuesto.

“¿Hay que pagar lo que costó el plan? No decimos que no, pero queremos que nos expliquen cuánto cuesta y si hay alternativas a ese modelo”, plantea Sampériz.