Con un impresionante currículo, Leonardo Cervera Navas (Málaga, 1970) lleva trabajando en Bruselas más de dos décadas, en donde ostenta el puesto de director del EDPS, o sea, el 'número dos' del supervisor de protección de datos europeo. Acaba de anunciar que ha presentado su candidatura para ser presidente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) de forma independiente, un puesto que ya había sido pactado entre el PSOE y el PP en una suerte de 'reparto de cromos institucional'.

Los candidatos que conocíamos hasta ahora son Belén Cardona Robert (catedrática de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia), como presidenta, y Borja Adsuara Varela (abogado, consultor y doctor en Filosofía del Derecho), como adjunto a la presidenta. Cardona fue propuesta por los socialistas mientras que Adsuara lo fue por el PP.

Cervera, con una trayectoria íntimamente unida a la protección de datos, ha anunciado su candidatura a través de un tuit y la ha confirmado a Público mediante un mensaje. En una completa entrevista realizada en primicia por Agustín Rivera y publicada casi simultáneamente al anuncio por El Confidencial, este experto opina "que es un poco extraño este anuncio que se ha hecho [el pacto PSOE-PP] sin hacer lo que manda la ley: un procedimiento de selección abierto conforme al reglamento europeo".

"La independencia e integridad de las personas candidatas tiene que estar fuera de toda duda, además de que las autoridades de protección de datos deben ser escrupulosamente independientes", comenta Cervera en dicha entrevista, que deja entrever un cierto malestar en el mundillo de la protección de datos por el anuncio de los candidatos pactados.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que vela por el cumplimiento de las estrictas normas europeas y españolas sobre nuestra información personal, es por normativa una entidad sujeta a los principios de "transparencia, imparcialidad e independencia", según su propia Ley Orgánica.

Algunos medios, como Confilegal y Voz Pópuli, ya publicaron en su momento que dicho pacto no encaja muy bien con las exigencias de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) para los nombramientos tanto de la presidencia como de la presidencia adjunta; además del nuevo nombre de los cargos --Mar España es aún la actual directora, y de momento sigue en funciones-- cambia el sistema de elección.

Antes era el Ministerio de Justicia quien proponía al candidato o candidata, y el Consejo de Ministros aprobaba su designación. Ahora es un poco más complejo.

Para empezar, es preceptiva la publicación de una convocatoria abierta en el BOE, cosa que sucedió el pasado 18 de noviembre en virtud de la Orden JUS/1260/2021, de 17 de noviembre. Hay aún plazo para presenar candidaturas hasta la semana que viene. El Ministerio de Justicia, hasta el momento,  no ha contestado a Público cuántas candidaturas más se han recibido, pero diversas fuentes jurídicas que pidieron el anonimato expresamente aseguraron a este diario que habrá más.

Las recibidas pasan a un comité de seis expertos, que realizarán las entrevistas pertinentes y elegirán por mayoría los candidatos más idóneos, hasta tres para cada puesto y presentados por orden alfabético. El Ministerio de Justicia elevará esta decisión al Consejo de Ministros y, tras debatirlo, éste elegirá a los mejores candidatos en base a la documentación aportada y remitirá la decisión al Congreso de los Diputados. Por último, será la Comisión de Justicia la que deberá ratificar los nombramientos en votación pública.

Ojo a Europa

El problema del pacto sobre los nuevos cargos en la Agencia de Protección de Datos podría incluso escalar al ámbito europeo; en una pregunta planteada el pasado día 4 de noviembre en el Parlamento Europeo por la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa, lanza un torpedo a la línea de flotación de estos cargos que anunció el Gobierno.

Esta diputada sostiene que el pacto PSOE-PP "contradice la normativa en materia de protección de datos, europea -artículo 52 del RGPD- y española -artículo 48 de la LOPDGDD-, que exige transparencia, imparcialidad e independencia en estos nombramientos".

En sus preguntas, Pagazaurtundúa pide que la Comisión que requiera al Gobierno de España "que aclare sus intenciones", así como que apela al Comité Europeo de Protección de Datos que supervise y garantice la correcta aplicación del RGPD en España.

[Corrección: por error del autor, la versión anterior al artículo se informaba erróneamente de que el plazo de presentación de candidaturas terminaba hoy, 25 de noviembre; termina el próximo 3 de diciembre]