El Senado ya no hablará sólo castellano. Ayer miércoles se abrió la puerta a la posibilidad de que el español conviva “con normalidad democrática” con el resto de lenguas cooficiales del Estado. Una puerta que el PP se negó en redondo a abrir. Y se quedó prácticamente solo.

Lo que ayer aprobó el Pleno fue apenas un primer paso. Por 134 votos a favor –los de PSOE, Entesa, CiU, PNV, BNG y Mixto– y 122 en contra –los del PP y el de la única representante de Unión del Pueblo Navarro, María del Mar Caballero–, y ninguna abstención, se acordó tomar en consideración la propuesta de reforma de Reglamento de la Cámara Alta presentada por 34 senadores nacionalistas. Es decir, se aceptó comenzar a debatir la ampliación del uso del catalán, gallego y euskera. Hasta ahora, esa posibilidad está circunscrita a la Comisión General de las Comunidades Autonómas.

El desbloqueo de esta reivindicación histórica de los nacionalistas ha cristalizado gracias al PSOE, que había rehuido abrir un debate delicado, consciente de la hostilidad del PP. La iniciativa pasará ahora a la Comisión de Reglamento. Allí se definirán los límites: dónde y cuándo se usarán los idiomas cooficiales. La modificación exigirá la contratación de un servicio de traducción simultánea en la Cámara.

La tramitación no será sencilla, como ya se anticipó ayer en un pleno intenso y tenso, áspero, vivo. Desde el comienzo, los nacionalistas exhibieron un cuidado sentido institucional. Arrancó así el impulsor del cambio, Miquel Bofill, senador del grupo de la Entesa Catalana de Progrés y miembro de ERC: “Ésta es una propuesta transversal y abierta, que no va contra nada ni nadie”. Una iniciativa, apuntaló, a favor de las lenguas cooficiales y también del castellano, “que no merece ser una lengua impuesta”. Bofill urgió al PP a aceptar una medida “imparable, que más pronto que tarde será una realidad porque responde a la normalidad de un Estado plural”. Lo mismo refrendaron todos los portavoces nacionalistas, entre ellos, Jordi Vilajoana (CiU), Ramón Aleu (PSC), Miren Lore Leanizbarrutia (PNV) o Pere Sampol (Partido Socialista de Mallorca).

El PP no mostró compasión. Su portavoz, Juan Van-Halen, desacreditó la “lectura sesgada, curiosa y pintoresca de la Constitución” que había formulado Bofill. Arguyó que España “no es un Estado plurilingüe”, sino que son “bilingües algunas de sus comunidades”, y que los senadores “representan a la totalidad del pueblo español, les guste o no”. El senador coló de soslayo las razones que entrevé el PP en la modificación, que tachó de 'disparate', de algo 'ilógico': 'El señor [José] Montilla pesa mucho, y puede ser una tabla de salvación, pero también un ancla para hundir al PSOE'.

Van-Halen censuró el “espantoso ridículo”, 'a nivel mundial', que hará España cuando se vea al presidente del Gobierno y a sus ministros con auriculares en el pleno. Calculó que la modificación legal no costará los 120.000 euros que previeron los 34 senadores nacionalistas, sino 1.224.000 euros. No desglosó los datos.

La cerrazón del PP prendió fuego al debate. El presidente del Senado, Javier Rojo, reclamó una y otra vez silencio. Pero la tensión creció y se hizo casi ingobernable cuando intervino Leire Pajín. La secretaria de Organización del PSOE llamó a asumir con “naturalidad” un paso “histórico”, que no 'inaudito' o 'anormal'. Porque además, sostuvo, no hay 'impedimento' alguno en la Constitución. “Hagamos dentro del Hemiciclo lo que los senadores hacemos en los pasillos de esta Cámara”, subrayó.

Pajín mostró que el PSOE acepta el cambio con “convicción”: habló en euskera, valenciano –los dos idiomas que maneja, aparte del castellano– y gallego (que utilizó por deferencia a la Cámara y a la portavoz de su partido en el Senado, Carmela Silva). Y es que los socialistas llevarán adelante la propuesta. Cueste lo que cueste. Intentarán 'hasta el final' atraerse al PP, pero no tolerarán “que un partido imponga siempre el veto”, advirtieron ayer desde la dirección del grupo.

En el PSOE se congratulaban del otro efecto colateral de la toma en consideración de ayer: ahora 'se desbloquea automáticamente la reforma del Reglamento del Congreso', que en la pasada legislatura intentó su presidente, Manuel Marín. No pudo por esto, por las lenguas, por el enfrentamiento entre el PP y ERC. Como ahora el debate se residenciará en el Senado, la Cámara baja podría discutir cómo hacer la vida parlamentaria más ágil, la primera pretensión que tenía en mente Marín.

El portazo del senador conservador, Juan Van-Halen, desató el enfado de los portavoces nacionalistas. Entre ellos, Pere Sampol (Partido Socialista de Mallorca) y Xosé Manuel Pérez Bouza (BNG), quien reprochó al PP su “manía persecutoria” contra las lenguas oficiales, especialmente el gallego.

Pero Bouza sabía que para agitar a la bancada del PP tenía que tocar una tecla infalible: aludir a Manuel Fraga. Era un hecho “insólito y lamentable” que el ministro de Franco, “presidente durante 16 años de la Xunta” fuera a votar en contra, denunció. Fraga salió de su letargo y cuando concluyó Pérez Bouza, se levantó como un resorte: “He servido a Galicia”, comenzó. “Me siento profundamente gallego, que es mi forma de ser español, pero no le consiento a este señor que acaba de hablar que me dé lecciones de nada, y mucho menos de galleguismo”, soltó iracundo, despectivo, hasta autoritario.

El comentario dejó perplejo a Jordi Vilajoana, el portavoz de CiU, que intervino después. Su argumentación intentó templar los ánimos. Resaltó que la propuesta pretende “enriquecer” el país y “proteger” todas las lenguas. Recordó que en Bruselas los eurodiputados españoles se ponen auriculares “y no pasa nada”. Igual debe suceder en España, coligió. Ramón Aleu (PSC), portavoz de la Entesa, insistió en que el cambio es “un proyecto de construcción de un puente” de entendimiento. Aleu dijo unas palabras en catalán. Otros senadores usaron otras lenguas. Y no pasó nada.