La Audiencia Nacional ha obligado al juez Diego de Egea a imponer la medida cautelar de prohibición de salir de España al empresario Juan Muñoz, marido de la periodista Ana Rosa Quintana e investigado por contratar los servicios del excomisario José Manuel Villarejo para un supuesto chantaje.

El magistrado dejó en libertad a Muñoz sin medidas cautelares el pasado 2 de agosto, una decisión que fue recurrida por la Fiscalía Anticorrupción ante la sección tercera de la Sala de lo Penal, que ahora ha dado la razón al ministerio público y obliga a De Egea a imponerle tanto la prohibición de salir de España, como la de que comparezca cada quince días ante el juez.

Muñoz fue el único de los cuatro detenidos el 31 de julio en el marco de la pieza Pintor del caso Tándem (que investiga esta contratación a Villarejo) sobre el que el juez no adoptó medidas cautelares.

A los otros tres detenidos, el hermano de Muñoz y dos abogados (Ricardo Álvarez Ossorio y José Miguel García González) les impuso comparecencias mensuales en el juzgado y prohibición de salir de España.

A los cuatro se les investiga por haber contratado a Villarejo para cobrar una deuda que tenía con los hermanos Muñoz un cliente del magistrado inhabilitado Francisco Javier de Urquía, que ejercía de abogado del presunto deudor y a quien supuestamente extorsionaron amenazándole con difundir un vídeo suyo.

Esta no es la única decisión del juez De Egea, magistrado de refuerzo del juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional, que ha recurrido la Fiscalía Anticorrupción.

Los fiscales del caso Tándem también han llevado a la Sala de lo Penal su decisión de archivar el caso para ocho investigados en tres piezas de Tándem, las llamadas Land y Iron y la que afecta al excomisario del aeropuerto de Barajas Carlos Salamanca, este último uno de los beneficiados por el levantamiento de su imputación.

Aparte de la petición de que se vuelva a imputar a Salamanca, los fiscales también han solicitado que se investigue de nuevo a cuatro exsocios de un bufete de abogados que contrataron a Villarejo para espiar a un despacho de la competencia (Iron) y a tres personas que estaban imputadas en la pieza (Land), sobre una contratación a Villarejo por parte de los promotores de la lujosa urbanización La Finca de Pozuelo.