Alfonso López, recién elegido presidente de Amnistía Internacional en España, está en contra de prohibir el burka en los espacios públicos, tal y como se aprobó ayer en Lleida. 'Las mujeres tienen todo el derecho a llevar el tipo de indumentaria que quieran. Otra cosa es que las obliguen, en eso estoy totalmente en contra. También defenderíamos entonces su derecho a quitárselo', señala López.

El presidente de Amnistía afirma que ha conocido a mujeres que llevan el burka por elección propia, 'sin que haya intervenido la violencia'. 'He conocido a mujeres que se lo han puesto porque sí, incluso de mayores', añade. Y remite al caso de Fátima Hassisni, hermana de un suicida que perpetró un atentado terrorista en Irak en enero de 2005. Esta marroquí se negó en septiembre pasado a quitarse la prenda en la Audiencia Nacional a requerimiento del juez Javier Gómez Bermúdez. Hassis-ni terminó declarando sin burka y afirmó que la polémica montada era de 'ignorantes' y que en otros países europeos, su vestimenta era vista 'con más normalidad'.

'Si el burka se lleva sin que haya violencia, entonces no hay ningún problema', insiste López. 'Lo que ocurre es que en España estamos influidos por una cultura y una tradición y ver a estas mujeres con su indumentaria nos choca, pero hay que basarse entonces en el respeto a la libertad', agrega.

La organización que preside en España López se postuló también hace un mes a favor de Najwa, la joven española de religión musulmana que tuvo que cambiarse de centro educativo porque en el suyo no le permitían llevar el hiyab (pañuelo islámico).

A través de un comunicado, Amnistía aseguró que 'todas las personas tienen derecho a decidir si quieren llevar o no indumentaria o símbolos religiosos sin tener que sufrir discriminación, violencia ni coacción, según las normas internacionales de Derechos Humanos'.

Para esta ONG internacional, el derecho a expresar con símbolos la religión tendría que estar recogido en la futura ley de libertad religiosa. La organización recuerda que este derecho está recogido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.