La muerte digna será un derecho para todos

La muerte digna estará garantizada por ley para todos los ciudadanos en el marco del Sistema Nacional de Salud, pero la despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido tendrán que esperar. El Consejo de Ministros dio ayer el visto bueno, en primera lectura, a la Ley reguladora de los derechos de las personas ante el proceso final de la vida. Se trata de una ley que, entre otras cuestiones, garantiza el acceso de los pacientes terminales a la sedación paliativa, aun en caso de discrepancia con el médico.

De hecho, el cumplimiento de la voluntad del paciente eximirá al médico de "cualquier exigencia de responsabilidad" por sus actuaciones, de forma que se evita que vuelva a ocurrir otro caso como el de Luis Montes, el médico del Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid) que fue acusado en 2005 de aplicar sedaciones irregulares y luego exonerado por los tribunales. Según los especialistas, el caso cambió el modo de proceder de muchos otros profesionales, que desde entonces han sido mucho más conservadores a la hora de aplicar este tipo de tratamientos.

La ley exime al médico "de cualquier exigencia de responsabilidad"

Asimismo, el proyecto, que el Gobierno enviará al Congreso en junio, tras pasar por los órganos consultivos, para que esté aprobado y publicado en el BOE como muy tarde en diciembre, garantizará el derecho de los pacientes a una habitación individual para preservar su intimidad en la agonía. Además, cualquier paciente terminal que lo requiera podrá recibir la asistencia que necesite en su propio domicilio y podrá contar con el auxilio espiritual que precise de acuerdo con sus creencias, que tendrán que ser respetadas por el facultativo.

El anteproyecto es más conocido como Ley de Muerte Digna, un título al que el Gobierno ha renunciado finalmente para evitar polémicas, y más en época preelectoral. La ley estatal se inspira en la ley andaluza aprobada en 2010 y añade una mayor concreción a las actuaciones incluidas en la Ley de Autonomía del Paciente de 2002, que reguló entre otras cosas el consentimiento informado y el llamado testamento vital. De este modo, se incide en el derecho que tiene el paciente terminal o en agonía a recibir información sobre su tratamiento y expectativas de vida, así como a rechazar las intervenciones propuestas por los profesionales sanitarios.

El objetivo del Gobierno es que llegue al BOE en diciembre

Cuando el paciente esté en situación de incapacidad de decidir, el peso de las decisiones recaerá en el representante que haya designado en el documento de instrucciones previas o testamento vital, en su representante legal o en su cónyuge "o persona vinculada por análoga relación de afectividad".

Por otro lado, el anteproyecto, que tendrá que ser estudiado en breve por las comunidades autónomas en un próximo Consejo Interterritorial de Sanidad, obligará a los médicos a adecuar el esfuerzo terapéutico a la situación del paciente. Se trata de evitar mantener medidas de soporte vital "carentes de utilidad clínica", aunque esta decisión requerirá del juicio coincidente de dos médicos, teniendo en cuenta la voluntad del paciente y su familia.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Sanidad, Leire Pajín, explicó que la mitad de las personas que fallecen han tenido que afrontar "situaciones difíciles" en el final de su vida. A su juicio, tras aprobarse en 2007 la Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos, el Gobierno ha querido ahora "dar un paso más y pasar de un modelo asistencial a un sistema de derechos y garantías" que asegure "que la etapa final de la vida pueda ser afrontada con dignidad y con el menor sufrimiento".

La norma suscita "inquietud" entre los obispos españoles

La ministra dejó claro que la norma no despenaliza la eutanasia ni el suicidio asistido, ya que "su única finalidad es asegurar que la intervención sobre el paciente evite el sufrimiento innecesario". "Pretendemos mitigar el dolor y acabar con el sufrimiento", dijo, antes de añadir: "Nuestro compromiso político era evidente hasta dónde llegaba y qué es lo que no íbamos a regular". No obstante, desde algunos grupos ultraconservadores como Derecho a Vivir o Profesionales por la Ética se apresuraron a acusar al Gobierno de querer una "eutanasia encubierta" con esta ley.

Por otro lado, Pajín aseguró que buscarán "el mayor consenso posible" en el trámite parlamentario, ya que la norma "responde a una demanda de profesionales y pacientes". La ley tampoco recogerá finalmente ayudas económicas o permisos laborales para las familias de los pacientes, como pedían algunos colectivos, ya que a juicio de la ministra "no es el marco" adecuado para ello.

Desde el ámbito sanitario, los médicos intensivistas valoraron muy positivamente la iniciativa del Gobierno. Así, el vicepresidente y presidente entrante de la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica, José Cuñat de la Hoz, consideró que la ley es "una buena idea" porque viene a reconocer derechos "que hasta ahora no conseguían estar explícitamente reconocidos". A su juicio, supone un avance que "determinados planteamientos de tipo moral" no estén por encima del cumplimiento de la voluntad del paciente.

Para Cuñat, además, la ley solventará una problemática existente desde el caso Montes. Y es que, según opina a título personal, las acusaciones contra Montes metieron "el miedo en el cuerpo" a muchos profesionales sanitarios, que se han "inhibido" desde entonces a la hora de aplicar sedaciones paliativas. Como consecuencia, "desde entonces miles de pacientes han fallecido con sensación de angustia y dolor, y a esto no hay derecho". En cuanto a la eutanasia, Cuñat de la Hoz cree que aunque la ley no la regule "el debate está ahí y va a seguir adelante, guste o no".

Por su parte, el presidente de la Sociedad Española de cuidados Paliativos (SECPAL), Javier Rocafort, consideró, a falta de conocer el articulado, que hay que asegurar que en estas situaciones "prevalezca la buena práctica clínica, por mucho que la ley exima al médico de responsabilidad".

En cuanto a la posibilidad de que el debate de la ley enturbie las relaciones con la jerarquía de la Iglesia católica, Pajín dejó claro que también quieren debatir con el Episcopado sobre esta norma, aunque "será a ellos a quienes corresponda tomar una posición". En este sentido, la ministra recordó que "hay personas y organizaciones dentro de la Iglesia que siempre han estado a favor de los cuidados paliativos" y añadió que se le ocurren "pocas acciones más caritativas o humanas que mitigar el dolor o el sufrimiento de un ser humano".

Por su parte, los obispos españoles mantendrán por ahora "perfil bajo" sobre esta ley, según fuentes de la Conferencia Episcopal. De todos modos, su Comité Ejecutivo, reunido el pasado jueves, sí trató la cuestión, imponiéndose el criterio de esperar a que el proyecto de ley sea firme, informa Jesús Bastante.

Entre los obispos, no obstante, existe cierta "inquietud" ante la posibilidad de que esta normativa pueda "abrir la puerta a la eutanasia", aunque también reconocen que algunos aspectos, como el registro de últimas voluntades, pueden resultar "positivos", y recuerdan que fue la Iglesia española una de las instituciones pioneras en implantar el "testamento vital" y en acabar con el "encarnizamiento terapéutico".

En todo caso, y pese a la preocupación que la norma suscita entre los obispos españoles, la CEE preferiría evitar pronunciarse hasta después del verano, de modo que un posible conflicto con el Gobierno no empañe la visita de Benedicto XVI a Madrid para clausurar la Jornada Mundial de la Juventud. Además, los obispos se han encontrado con la oposición de las congregaciones que desde hace décadas trabajan en el mundo de la enfermedad terminal, como los hermanos de San Juan de Dios, que han sido consultados a la hora de elaborar el anteproyecto y han dado su visto bueno a algunos de los aspectos que más podrían preocupar a la Iglesia.