Miente, que algo queda

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, informó a Mariano Rajoy el pasado lunes de que se preparaba una operación que afectaba al Partido Popular, prevista para el día siguiente, martes 6 de julio, en relación con presuntos delitos en la Diputación de Alicante. No debió Rubalcaba dar ese paso.

Cierto es que lo ha hecho otras veces con otros partidos ante actuaciones que les afectaban. Pero Rubalcaba no debía tener conocimiento de esta operación. Y mucho menos informar, por más que se considerase ministro de Estado, de lo que estaba por pasar. Por una sencilla razón: el titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela, Carlos San Martín, había declarado el secreto de las actuaciones. Y en el caso de conocer la operación por la policía, Rubalcaba no debía hablar de ello con nadie. Para colmo, tomar contacto con el partido al que pertenece el imputado Joaquín Ripoll era correr riesgos de filtraciones, precisamente lo que se trata de evitar con el secreto.

El aviso del ministro movilizó a los dirigentes del Partido Popular

Nadie es perfecto. Y menos en política. Pero el aviso del ministro del Interior movilizó a los dirigentes del Partido Popular para manipular en la plaza pública la operación judicial en marcha. No fue el único requisito. El hecho de que la policía, asimismo, explicara en un comunicado la práctica de detenciones y los presuntos delitos de los implicados suponía ponerse con esa publicidad unas medallas que chocaban con el sigilo que había acordado el juez con la Fiscalía Anticorrupción.

El juez San Martín había firmado un auto con fecha del jueves, día 1 de julio, en el cual ordenaba la entrada y registro en una serie de edificios y domicilios a fin de recolectar material de interés para la investigación de la causa de las contratas de basuras.

En dicha resolución señala que en caso de proceder a la detención de alguna de las personas se las traslade para que estén presentes en el momento de practicar las entradas y registros. Asimismo, se mencionan los delitos (cohecho, extorsión y otros), en una descripción más bien general.

El juez había prohibido hablar sobre los delitos con los imputados

El juez insistió en todo momento en que no se debería entregar el auto a los imputados, sino solamente darles cuenta de la parte dispositiva. En ningún caso, es su orden tajante, se les debe decir los delitos por los que se les acusa. Sería él mismo quien les explicaría la situación al tomarles declaración.

En el citado auto se fija para el día 6 de julio entre las 6 de la mañana y pasado un minuto de la medianoche del mismo día la jornada de la operación judicial. Porque, en efecto, el secretario del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela da fe de todas las actuaciones de la policía.

Una vez realizadas las entradas y registros, el próximo paso procesal era tomar declaración a los imputados en el juzgado. Pero he aquí que, el miércoles 7, el juez San Martín alegó tener compromisos. Por lo que se pacta con la Fiscalía Anticorrupción la comparecencia para ayer, jueves 8 de julio.

Trillo ya intentó en junio difundir la idea de un giro en el caso 'Gürtel'

¿Qué pasó, pues, para que el curso de los hechos se torciera dando lugar a una grosera manipulación del Partido Popular? El primer requisito fue el aviso ya mencionado de Rubalcaba; el segundo, la disposición del PP a aprovechar el chivatazo oficial para hacer un montaje, cuyo antecedente fue el que hizo Federico Trillo a primeros de junio, aludiendo en el caso Gürtel a una resolución inexistente del Tribunal Supremo que daría lugar a lo que él llamó un "giro copernicano" en esa causa; y el tercero, el cabreo del juez San Martín con la conocida tendencia de la policía a ponerse medallas de manera grandilocuente. Máxime cuando él había dado instrucciones, según se ha señalado, sobre el secreto de las actuaciones y había prohibido expresamente hablar sobre los delitos de los imputados.

Por supuesto que todo esto necesitaba un marco propicio, un escenario ideal. Y lo había: el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Aunque los comunicados emitidos por el TSJCV se hicieran, como parece, a instancias del juez San Martín y no tuviera participación Juan Luis de la Rúa, presidente del citado tribunal, "amiguito del alma" y "más que amigo" del president Francisco Camps, el papel activísimo del gabinete de comunicación del tribunal era un poderoso instrumento para vestir la manipulación.

De nada sirvió hace un mes anunciar el giro copernicano. Y de nada servirá para ocultar el caso de las basuras. Pero la manipulación del Partido Popular, eso sí, se ha servido de un ministro de lujo: Alfredo Pérez Rubalcaba.