El Ministerio del Interior ha iniciado este jueves la primera fase a nivel nacional del programa de reducción de escoltas que afectará, en un primer momento, a los agentes que realizan labores de protección estática, es decir, vigilancia de domicilios de personas protegidas.
La reducción que plantea la Administración afecta al 52% de la plantilla de un total de 774, lo que supone una disminución de algo más 400 agentes. Posteriormente está previsto que se amplíe a otros 100 más. El recorte que impone Interior afecta principalmente a los escoltas que prestan este servicio en la Comunidad de Madrid. Todos ellos pasarán, a partir de ahora, a realizar labores de seguridad ciudadana.
Está previsto que este programa se amplíe próximamente a los escoltas que realizan vigilancias dinámicas, refiriéndose a las labores de acompañamiento de las personas protegidas. Los agentes afectados por esta nueva reducción incluirán a 500 agentes.
Por lo tanto, tras esta primera fase de reducción, los servicios de vigilancia en España han pasado de emplear a casi 3.000 escoltas -2.200 de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 750 de seguridad privada, a cargo de los presupuestos de la Administración General del Estado- a algo más de 2.000, siendo casi un tercio de reducción.
A la disminución de los algo más de 400 policías y guardias civiles, que ahora pasarán a realizar tareas de seguridad ciudadana, hay que sumar los 425 escoltas privados contratados por el Ministerio del Interior que ya se redujeron en el País Vasco y Navarra.
En total, este dispositivo daba protección antes de su reordenación a más de 1.550 personas y su coste superaba los 160 millones de euros al año.
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