Hubo un día en el que M. lloró de rabia. También de indignación. Detrás de esa inicial y de esas lágrimas hay una mujer que lleva 19 años viviendo en Euskadi. Durante 2017, tuvo que dedicar más de seis meses de su vida a la difícil misión de buscar una vivienda. Hasta que no pudo más y reventó. No era para menos: acababa de comprobar que una inmobiliaria de Errenteria (Gipuzkoa) se negaba a alquilarle un piso porque no había nacido en esta tierra. O mejor dicho, porque era de otra tierra. Cuando fue a la Ertzaintza y relató lo sucedido, le dijeron que “no podía presentar una denuncia por eso”.

Su historia viene detallada en el informe anual de SOS Racismo correspondiente a 2017, donde se relata el periplo de esta mujer por las inmobiliarias. “Cuando se presenta en persona (lleva pañuelo) inmediatamente le dicen que no hay viviendas o que los dueños no alquilan a extranjeros”, indica el documento. Se detalla además que al llamar por teléfono a las agencias “el trato es distinto, pero en cuanto detectan su leve acento” los responsables “le dicen que no hay pisos”.

El drama de M. se repite una y otra vez entre distintos colectivos de mujeres inmigrantes, con especial incidencia entre aquellas de origen magrebí. Varias de ellas se concentraron este jueves en la Plaza Circular de Bilbao, donde reivindicaron su derecho a acceder a una vivienda digna y denunciaron las situaciones de discriminación que sufren cuando buscan alquileres. Incluso han formado una asociación para tratar de hacerse visibles ante la sociedad. El nombre del grupo es “Ahizpatasuna”, un término en euskera que podría traducirse como “hermandad entre mujeres”.

En las inmobiliarias, cuando ven que somos marroquíes, nos dicen que no nos pueden alquilar nada”, dijo a Público Afaf Elhaloui, presidenta de ese grupo. A su lado había otras tantas mujeres que también han sufrido esa discriminación en carne propia. “Estuve a punto de alquilar un piso, pero en el momento de ir a firmar los papeles me dijeron en la inmobiliaria que los dueños no querían a personas extranjeras”, contó Majida Farhani, otra de las mujeres que acudió junto a sus dos hijas pequeñas a la concentración. Tras casi lograr el ansiado (y difícil) objetivo de una vivienda de digna, ahora sigue buscando (y deseando) una nueva oportunidad. Mientras, sigue malviviendo un piso repleto de humedades. “¿Cómo se puede estar así?”, se pregunta.

Al frente de todas ellas había una pancarta con un mensaje muy claro: “Nuestros hijos se quieren quedar y los dueños de viviendas nos quieren echar”. Algunas de las participantes portaban cartulinas con otros mensajes igual de elocuentes. “No al racismo”; “No marginación”; “Somos ciudadanas bilbaínas, somos madres de niños vascos”, decían sus carteles. Muchas estaban con sus hijos pequeños. “Me dicen que soy marroquí y no me alquilan nada”, resume Latifa Salahi, madre de tres hijos. Su indignación es compartida por las otras mujeres que sujetan la pancarta. “Algunas llevan más de un año buscando un piso”, añadió Nadia, otra de las participantes.

Otro trato y otros requisitos

El guipuzcoano Mikel Mazkiaran, portavoz de SOS Racismo a nivel estatal, sabe muy bien de qué hablaban las concentradas en Bilbao. “Efectivamente, en Euskadi, al igual que en otros lugares, se discrimina en el acceso a la vivienda”, señaló el activista a Público. Sus afirmaciones se sustentan en los “testings” realizados por esta organización antirracista tanto a nivel estatal como en el País Vasco, mediante los cuales han conseguido documentar tales prácticas por parte de varias inmobiliarias.

Imagen de la manifestaciñon de mujeres magrebíes denunciando las situaciones de discriminación que sufren cuando buscan alquileres.

En el último estudio de este tipo –presentado en 2016-, SOS Racismo incluyó datos sobre el “testing telefónico” que había realizado entre los meses de abril y mayo de 2015 “a través de llamadas a una lista de inmobiliarias previamente escogidas de forma aleatoria”. En total, llamaron a 462 agencias inmobiliarias de ocho Comunidades Autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco. También hubo otro “testing de tipo presencial” con 40 visitas a 20 inmobiliarias ubicadas en Barcelona, Donostia, Vitoria y
Madrid.

Tanto en las llamadas telefónicas como en las consultas presenciales, la prueba contó con la participación de personas extranjeras (subsaharianas, magrebíes y sudamericanas) y autóctonas. La conclusión fue clara: “de las personas a las que se les negó que existiesen pisos para ofrecerles, el 86,7% eran demandantes de origen extranjero (el 42,9% de origen subsahariano, el 28,6% del Magreb y el 14,3% de origen latino)”. “Se han podido constatar asimismo diferencias en el trato y en los requisitos exigidos: nóminas, aval, contrato, etc”, apuntaron los autores.

Este estudio se ha repetido recientemente en Gipuzkoa, donde SOS Racismo ha efectuado un relevamiento similar en cuatro municipios de ese territorio. Al igual que en la anterior ocasión, el objetivo ha sido conocer las actuaciones de las inmobiliarias ante las solicitudes de alquiler por parte de personas extranjeras. “Los datos aún están siendo procesados”, apuntó Mazkiaran.

Sin alquileres para refugiados

La discriminación a la hora de buscar una vivienda afecta de igual forma a las personas refugiadas que se encuentran en el País Vasco. En su caso, de nada sirve que estén amparadas por programas auspiciados por las instituciones públicas. “Las entidades que trabajan en esos programas llaman a las inmobiliarias y se ofrecen como garantes de esas personas, pero ni siquiera así lo consiguen”, indicó Mazkiaran. No en vano, el portavoz de SOS Racismo advirtió que “el problema mayor de los refugiados no es el trabajo, sino la búsqueda de vivienda”.

Hay un dato revelador: la Red Eraberean, impulsada por el Gobierno Vasco “para luchar contra la discriminación por origen racial, étnico o nacional y por orientación o identidad sexual e identidad de género” y en la que participan distintas organizaciones, conoce más de 30 casos de denegación de alquiler a personas refugiadas en la ciudad de Vitoria durante 2017. En tal sentido, Mazkiaran advirtió que esa cifra “podría ser muchísimo más alta” si se incorporan datos de otras zonas de Euskadi.

“Es un problema de cultura”

La delegada en Gipuzkoa de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (APEI), María José Hernández Irigiray, indicó a Público que se trata de “un problema cotidiano en todas las inmobiliarias”, al tiempo que lo focalizó en “personas magrebíes”. “Generalmente alquilan una vivienda, y en vez de entrar tres o cuatro personas, meten gente por horas para dormir por la noche”, afirmó.

En tal sentido, Hernández aseguró que son los propietarios quienes “tratan de evitar a personas que no tienen suficientes garantías”. “No es un problema de extranjería, sino de cultura”, subrayó. Asimismo, la representante de APEI en Gipuzkoa admitió que habitualmente se exigen “garantías mayores” a las personas inmigrantes. Respecto a quienes están refugiadas en Euskadi, sugirió que “debería ser el gobierno quien garantizase estas cosas”. “Los particulares dicen que lo sienten muchísimo, pero que la obra social la haga el sistema. Suena duro, pero es así”, concluyó.

Sin embargo, Afaf Elhaloui tiene una explicación diferente. A su juicio, los problemas que enfrentan las mujeres marroquíes a la hora de encontrar una vivienda se basan, por ejemplo, en el “clasismo”. “No nos alquilan casas porque somos pobres y diferentes…”, comentó la presidenta de Ahizpatasuna. En ese preciso instante, unas turistas francesas se detuvieron a mirar la pancarta. Sacaron la cámara e hicieron fotos. Si hubiesen sacado sus smartphones y llamado a una inmobiliaria, seguramente habrían tenido suerte. Afaf no puede decir lo mismo.