Baltasar Garzón considera que el Tribunal Supremo le ha causado 'una efectiva y real privación del derecho de defensa', al haber dado por concluida la instrucción de la causa de las escuchas de la Gürtel, sin que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya levantado el secreto que pesa sobre las conversaciones.

Y la indefensión es de tal calibre que, a juicio de la defensa, el propio instructor del procedimiento, el magistrado Alberto Jorge Barreiro, 'de oficio y por propia autoridad' debería anular su auto del pasado 19 de octubre, 'cuyos términos no dejan duda de su fatal vocación inculpatoria'.

En el recurso presentado por Garzón contra la resolución de noviembre que rechazó las pruebas que solicitaba como la declaración del instructor del caso en Madrid, Antonio Pedreira, del querellante, el abogado Ignacio Peláez, y de los policías del caso, la defensa centra su indefensión en el secreto que aún mantiene el TSJM, que está previsto que se levante de forma inminente.

El abogado de Garzón en esta causa, Francisco Baena Bocanegra, considera que esta circunstancia le compele 'a argumentar poco menos que a la desesperada, desde el desconocimiento e ignorancia de extremos esenciales para la defensa', que en cambio sí conocen las acusaciones, puesto que los principales imputados del caso Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez (todos presos) pudieron oír las conversaciones. Los dos primeros ejercen la acusación contra Garzón junto a Peláez, abogado del también imputado José Luis Ulibarri.

Para defender que las pruebas solicitadas por Garzón son necesarias, el recurso recuerda que no gozan sólo de esta condición 'las incriminatorias y negativas para el acusado, sino también las que puedan favorecerle', porque lo contrario constituiría 'una visión inquisitorial de la instrucción, de todo punto preconstitucional'.

E insiste en el eje principal de la defensa: que la intervención de las comunicaciones se adoptó para los imputados presos 'con cualquier persona', no para los letrados. Las que mantuvieran aquellos con sus abogados incluían la salvedad de que se excluyeran las que 'pudieran afectar a la estrategia de defensa'. Por eso es indiferente que no hubiera indicios contra los letrados.

'Hacer depender la calificación de prevaricadores de los autos [en los que se acordó la intervención y por los que Garzón se sentará en el banquillo] de que existan indicios contra las personas, incluidos los abogados, que comunicaran con los afectados destinatarios de la medida, es una exigencia carente de todo rigor y huérfana de todo precedente que la justifique', señala el recurso.

Añade que si la medida hubiera sido contra los abogados se habría mantenido después de que salieran de la cárcel, lo que obviamente no ocurría. Que el juez Jorge calificara de 'cláusulas de estilo', la salvedad que Garzón incluyó para preservar la estrategia de defensa es considerado en el recurso una forma de 'relativizar, cuando no frivolizar' sobre las garantías establecidas.

Una de las razones del juez Jorge para rechazar las pruebas solicitadas por Garzón consistía en que el 11 de mayo, tras tomarle declaración, concedió ocho días a las partes para que solicitaran pruebas y la defensa no solicitó ninguna. El recurso recuerda que mal podía hacerlo cuando solicitaba el sobreseimiento y que 'resulta falto de todo fundamento tratar de sostener, como parece, que si en aquel momento no se pidieron las diligencias, ni son esenciales ni se pueden practicar'.