Los estatutos son inapelables, pero las personas que están detrás son las mismas. Este es el criterio que centra los informes que Policía y Guardia Civil elaboran sobre Sortu, el nuevo partido de la izquierda abertzale, para demostrar que no es más que una sucesión de Batasuna. Con esos informes en su poder, la Fiscalía y la Abogacía del Estado presentarán contra Sortu sendas demandas de ejecución de la sentencia que ilegalizó Batasuna, según fuentes gubernamentales.

Los informes policiales recogerán múltiples comparecencias de miembros de la izquierda abertzale ilegalizada durante los últimos meses adelantando la creación del nuevo partido. En ellos, ocupará un espacio destacado la presentación de los estatutos de Sortu el lunes en Bilbao. Al acto acudió una nutrida representación de las últimas mesas nacionales de Batasuna. Uno de sus miembros, Rufi Etxeberria, intervino junto al abogado Iñigo Iruin.

El referente está en la anulación de ASB dictada por el Alto Tribunal en 2007

El Ejecutivo tomará como referente el auto del Tribunal Supremo que consideró 'improcedente' el registro de Abertzalen Sozialisten Batasuna (ASB), la marca con la que la izquierda abertzale radical pretendió concurrir a las elecciones municipales y forales de 2007. Este auto, junto a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la Ley de Partidos y la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que avala la ilegalización de Batasuna han sido los textos que Iruin ha estudiado para elaborar los nuevos estatutos de Sortu y lograr su registro en Interior.

Los Servicios de Información creen que el resultado es impecable y que no hay ni una sola afirmación en ellos que pueda ser utilizada en contra de la legalización. Y destacan una expresión: 'No se trata de la reconstitución o refundación de organizaciones ilegalizadas, sino de materializar una nítida separación y una indubitada ruptura respecto de ellas'.

La Policía no ve un solo motivo de impugnación en los estatutos de Sortu

No obstante, la Fiscalía y la Abogacía del Estado sostendrán ante la Sala 61 del Tribunal Supremo que no se da tal ruptura y que Sortu incurre en fraude de ley. En este sentido, argumentarán que miembros de la dirección de Batasuna, procesados por pertenencia a ETA al haber ostentado esa responsabilidad, han tutelado e impulsado la creación del nuevo partido Sortu, como quedó de manifiesto en las comparecencias públicas que engrosan los informes policiales que adjuntarán en sus demandas de ejecución de sentencia.

En este punto hay una diferencia con el fallo contra ASB. En aquella ocasión, no fue necesario recurrir a la demostración del citado tutelaje porque las tres personas que aparecían como promotoras del partido habían desempeñado puestos de relevancia en Batasuna. No así ocurre en Sortu, formación para la que se ha escogido cuidadosamente a cuatro promotores que no han integrado en el pasado listas electorales ni se han significado como miembros de la formación ilegalizada. Según marca la Ley de Partidos, el Ministerio tiene, desde su inscripción el miércoles, un plazo de 20 días hábiles para advertir indicios de ilicitud penal en la inscripción de Sortu y dar traslado a la Fiscalía. Esta, a su vez, dispone de otros 20 días si recurre la inscripción ante el Tribunal Supremo.

El presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, pidió ayer confianza en el Alto Tribunal en su labor 'de contraste sobre la pretendida legalidad' de Sortu. Hasta que se pronuncie, el jefe del Ejecutivo pidió un 'debate lo más objetivo posible dentro del Estado de derecho'.

La Fiscalía cuenta desde hace meses con informes policiales sobre los planes de la izquierda abertzale de crear un nuevo partido, así como sobre la posibilidad de que recurra, en el caso de fracasar, a agrupaciones de electores, o a una coalición con Eusko Alkartasuna para concurrir a los comicios forales. Esos informes han estado encima de la mesa durante las reuniones de coordinación con Fiscalía y Abogacía del Estado celebradas en Interior.

En los que elabora aún la Policía se incluirán referencias al documento Hacia una estrategia independentista de un pueblo organizado, en el que el considerado último ideólogo de ETA, Ekaitz Sirvent, apostaba en 2009 por poner 'la fuerza armada' de ETA al servicio de 'una alianza nacional'. La Policía cree que ahí se rediseña el entramado de la izquierda abertzale, incluyendo la creación de un nuevo partido con el que regresar a la legalidad.

Entre tanto, un 70,4% de los ciudadanos se muestra en contra de que el Tribunal Supremo permita concurrir a Sortu en las elecciones de mayo, según el Barómetro de La Sexta.