Los derechos humanos son secundarios para España. El país presta mayor atención a la defensa de derechos económicos, energéticos o de seguridad para el diseño y desarrollo de sus relaciones bilaterales con países que han sido denunciados por violaciones en esta materia, tales como China, Rusia, Estados Unidos, Colombia, Marruecos y Sáhara Occidental, o Guinea Ecuator. 

Esta es la principal conclusión a la que ha llegado Amnistía Internacional (AI) en su informe presentado este martes 'Voces contra el Olvido', en el que se realiza un análisis de la política exterior española entre 2008-2010 como herramienta de respuesta a la situación de los derechos humanos en el mundo según sus acciones bilaterales o multilaterales. 'El Gobierno español ha tenido una tímida actuación, guardado silencio o incluso mirado hacia otro lado ante las violaciones de derechos humanos con el objetivo de salvaguardar otros intereses', ha afirmado el informe.

Estos datos contrastan con el Plan Nacional de Derechos Humanos que España aprobó en 2008, una iniciativa que comparte sólo con 28 países pero que se ha consolidado como una medida aislada que no ha desembocado en el diseño de una política integral y transversal que sitúe los derechos humanos como un asunto prioritario para la política exterior. Por este motivo, Amnistía ha solicitado que para la próxima legislatura se elabore un nuevo Plan 'vértice de una política de Estado sobre derechos humanos de España'.

También ha sido criticado el papel durante esta legislatura de España como fabricante y vendedor de armas, haciendo negocio con instrumentos utilizados precisamente para vulnerar los derechos humanos. Ha sido proveedor de estados involucrados en conflictos internos e internacionales: Arabia Saudí, Pakistán, Baréin, Siria, Líbano, Israel, Egipto, Libia, Argelia, Marruecos, Sudán, Ghana o Colombia están entre sus clientes. 'Todos ellos son países donde existen claras evidencias de que las armas podrían emplearse para exacerbar tensiones o conflictos latentes, con fines de represión interna, en situaciones de violación de los derechos humanos o para desviarse a países vecinos donde podrían ser utilizadas con tal fin', apunta el texto.

Tampoco todo son malas noticias. En 2007, España sacó adelante una ley para regular las exportaciones de armas españolas , y en la actualidad, está inmersa en negociaciones tras las que se espera aprobar en 2012 un Tratado Internacional de armas que regule el comercio de armamento. Además, el país ha sido valorado positivamente por 'el liderazgo mostrado en la creación de la Comisión Internacional contra la pena de muerte, la ratificación de importantes tratados internacionales, la contribución al sistema multilateral de Naciones Unidas, la defensa del derecho al agua y al saneamiento como derechos humanos, el compromiso con los Objetivos de Desarrollo del Milenio o el impulso de iniciativas para combatir la violencia de género y la discriminación de minorías sexuales en el marco de Naciones Unidas, Consejo de Europa y Unión Europea.'

Amnistía Internacional ha destacado en su informe que ante la Audiencia Nacional española se han presentado querellas por crímenes internacionales cometidos en países tan dispares como Argentina, Chile, Guatemala, China, Ruanda, Sáhara Occidental, El Salvador, Gaza, Marruecos, Irak y Guinea Ecuatorial; considerándose España un referente mundial en la aplicación del principio de jurisdicción universal. Pero la aprobación en 2009 de la reforma del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , que ahora restringe la aplicación de la jurisdicción española en lo penal a víctimas/delincuentes españoles, que se encuentren en España, o estén involucrados en casos de relevancia para el país pero que no hayan sido investigados previamente por tribunales internacionales, 'ha supuesto un lamentable retroceso en la aplicación de este principio y obstaculiza el acceso de las víctimas a justicia y reparación, en una decisión influida por las presiones de Gobiernos como China o Israel', ha explicado AI.

Por este motivo, se ha sugerido al Gobierno que aproveche las revoluciones políticas y sociales que vive gran parte del mundo árabe para encarar las relaciones bilaterales y multilaterales de otra manera. Su propuesta está en los derechos humanos como base de la política exterior española, capaz de exigir avances en materia de derechos humanos a estados a los que nunca se les ha pedido nada, como es el caso de Túnez, Marruecos, Argelia, Egipto o Libia, pero también China, Colombia o Rusia. 

La importancia de su petición radica, según Amnistía, en la influencia que tiene la política exterior de un gobierno sobre las personas. Entre 2008 y 2010, España influyó positivamente en Guantánamo, de donde fueron liberados tres presos. También en Cuba, con quien realizó gestiones para liberar a los presos de conciencia en Cuba;en Rusia por la la condena del asesinato de algunos activistas de derechos humanos o los trámites que emprendió el Gobierno español para acoger a familias de defensores y defensoras de derechos humanos de Colombia o el apoyo de la Embajada española a las madres de Soacha.

Sin embargo, el impacto negativo empaña los buenos resultados. España se negó a acoger al activista chino Hu Jia (actualmente en prisión) y a recibir al enviado especial del Dalai Lama por presiones del Gobierno chino. Tampoco ha reprendido a Estados Unidos las violaciones de derechos humanos cometidos durante la 'guerra contra el terror ' o la falta de información a la familia de Mustafá Setmarian, ciudadano español de origen sirio desaparecido en este contexto en Pakistán en 2005. También extraditó a Rusia al ciudadano checheno Murat Gasayev, pese al riesgo de que fuese sometido a tortura y otros malos tratos, caso que se repitió con la extradición de Ali Arrass a Marruecos, también al amparo de 'garantías diplomáticas' ofrecidas por las autoridades marroquíes. 

Más abajo se recogen las recomendaciones hechas a España para cambiar la orientación de su política exterior en lo que queda de legislatura del PSOE:

- Garantizar la aprobación de un nuevo Plan de Derechos Humanos para la X Legislatura y futuras, convirtiéndolo en el vértice de una política de Estado sobre derechos humanos de España.

- Revisar caso por caso todas las transferencias y exportaciones de armas al Norte de África y Oriente Próximo, cuando exista un riesgo importante de que puede ser usada para cometer violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, la denegación de las solicitudes de autorización y la suspensión o revocación de las ya autorizadas.

- Prestar ayuda a Italia y a terceros Estados para garantizar que las personas que huyen de Libia tienen acceso a protección internacional; y exija a todas las partes implicadas en el conflicto libio que respeten el derecho internacional humanitario. 

- Incluir la defensa de los derechos humanos en sus relaciones bilaterales con China -pedir la liberación de defensores y defensoras de derechos humanos encarcelados injustamente-, Rusia -incorporar temas de derechos humanos en la agenda de este país con motivo del año de Rusia 2011- y Marruecos -promover en la ONU que el mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referendum del Sáhara Occidenteal (MINURSO) incorpore la vigilancia de derechos humanos-.

Y para quien ocupe la dirección del país después, un decálogo de medidas 'para una política exterior española comprometida con los derechos humanos':

1. Adoptar una política de Estado en materia de derechos humanos y hacer de estos derechos un interés nacional de su acción exterior priorizando el apoyo a las víctimas y a los activistas.

2. Fortalecer el sistema universal de derechos humanos.

3. Continuar liderando iniciativas mundiales contra la pena de muerte.

4. Proteger los derechos humanos en la lucha contra la pobreza.

5. No vender armas a países donde puedan utilizarse para violar los derechos humanos.

6. Que las empresas españolas asuman sus responsabilidades en materia de derechos humanos y rindan cuentas por ello.

7. Que haya rendición de cuentas y garantías de no repetición tras lo ocurrido en el contexto de la guerra contra el terror.

8. Recuperar el compromiso con la justicia internacional.

9. Reforzar la actuaciones y mecanismos de protección de los derechos humanos de la Unión Europea como parte de su política exterior para España.

10. Hacer de la defensa de los derechos humanos una prioridad en sus relaciones bilaterales con terceros países.