Nadie exigirá a un inmigrante estudiar español, ni la residencia de ningún trabajador dependerá de un examen sobre costumbres españolas. Tal y como dice la Constitución, los inmigrantes mantendrán los mismo derechos y obligaciones, sin condiciones ni contratos por medio.

El Congreso paró los pies ayer a una propuesta del PP que trataba de cambiar esa situación: el contrato de integración inspirado en el francés y que Mariano Rajoy hizo suyo durante la campaña. Exigía al inmigrante el cumplimiento de las leyes, tener trabajo, aprender español... El 9-M, las urnas hicieron encallar la iniciativa. El PP sólo fue capaz de resucitarla en la Comunidad Valenciana y ayer trataba de salvarle la vida en la Cámara Baja. Ningún grupo se lo permitió.

Pacto de Estado

Uno tras otro, de izquierda a derecha, todo el arco parlamentario respondió unánime con una palabra: Xenófobo. Hubo más coincidencias. CiU, pese a que propuso un compromiso similar en las pasadas autonómicas, ayer presentó una enmienda llamando a un pacto de Estado.
El PSOE trató de explorar el mismo camino, pero el PP lo rechazó. Los minoritarios llamaron la atención al ponente conservador, Rafael Hernando, sobre las contradicciones de la iniciativa. Emilio Olabarria, del PNV puso en duda que sirva para controlar la inmigración ilegal: Sólo se exigirá a quienes ya lleven trabajando un año de forma regular en el país. También irónica, Ana Oramas (CC), recordó que los terroristas del 11-S firmaron un papel comprometiéndose a no delinquir en EEUU. “No vale de nada”, aseguró.

El debate había tenido su anticipo en la reunión del Grupo Socialista. La ponente del PSOE, Concha Gutiérrez, y los diputados Isabel López Chamosa y Manuel de la Rocha apelaron a la conveniencia de hacer “una defensa menos acomplejada” de la política del primer Gobierno de Zapatero. Reclamaron también independencia frente a los presidentes Silvio Berlusconi y Nicolás Sarkozy. Poco después, el portavoz del PSOE, José Antonio Alonso, trasladó argumentos parecidos: Avisó de que no apoyarán una propuesta que tiene “su origen en la extrema derecha europea”.