El Congreso rechaza eliminar las subvenciones que segregan por sexo

La Comisión de Educación del Congreso ha rechazado hoy una Proposición No de Ley del grupo socialista en la que pedía que se retiraran las subvenciones públicas a los colegios que segregan a los alumnos por sexo, opción que sí es respaldada por el PP y por el propio ministro de Educación, José Ignacio Wert.

Para la portavoz popular de Educación, Sandra Moneo, la enseñanza diferenciada es una realidad en España, aunque quizá con menos peso que en países como Francia, Alemania, Reino Unido o Estados Unidos, y lo que implica es "libertad" para los padres a la hora de elegir la educación y el centro que desean para sus hijos.

Moneo ha tachado al PSOE de haber querido "limitar" con su propuesta la igualdad de oportunidades a las familias y de "penalizar" a los que se separan de su ideario. "El resto del mundo sigue la senda de la modernidad, y ustedes se acomodan en estereotipos", ha respondido al PSOE la diputada popular, que ha recordado que en España hay 81.000 alumnos en 184 colegios diferenciados, de los que 109 son concertados, algunos aprobados en la anterior etapa socialista.

Sobre las dos sentencias del Tribunal Supremo que ratificaron el pasado verano la no renovación a dos colegios cántabros del concierto por escolarizar separadamente niños y niñas, Moneo ha manifestado que lo que ha dictado el Alto Tribunal es que "la enseñanza es un medio pero no el único para evitar las desigualdad".

Por su parte, el portavoz socialista Mario Bedera, ha explicado que la Proposición no de ley para el cumplimiento de la Ley Orgánica de Educación (LOE) y de las citadas sentencias del Supremo que habían presentado tenía por objetivo evitar que se pagara con fondos públicos a colegios que separan por sexo a los alumnos, especialmente en un momento de crisis económica.

"Nadie de mi grupo niega la existencia de centros de educación diferenciada, porque lo permite la ley", ha asegurado Bedera, pero ha destacado que en momentos de crisis "los recursos deben estar dirigidos al interés general".

La propuesta del PSOE, tampoco respaldada por CiU ni por el Grupo Mixto, sí ha contado con el apoyo del grupo de Izquierda Plural, cuya portavoz, María García, ha señalado que el PP "ha caído en las redes de la Conferencia Episcopal y no en las de la libertad" de las que habla el PP cuando se refiere a la educación diferenciada.

La Proposición no de Ley presentada por el PSOE ha sido rechazada por 25 votos en contra, 12 a favor y cero abstenciones.

Por otro lado, lo que sí ha conseguido salir adelante en la Comisión de Educación del Congreso, con 24 votos a favor y 13 en contra, ha sido la  Proposición no de Ley del PP por la que se implantarán nuevas pruebas de evaluación en las diferentes etapas del sistema educativo.

Moneo ha destacado que es necesaria una evaluación "transparente y externa" del alumnado al finalizar los ciclos obligatorios para poder medir su rendimiento y tener "la foto propia sobre en qué fallamos y en qué hay que mejorar". La portavoz del grupo popular también ha considerado "necesario precisar los conocimientos mínimos que deben alcanzar todos los alumnos en las distintas etapas".

Desde Izquierda Plural, María Álvarez ha definido la propuesta de "tomadura de pelo" porque ya está incluida en la reforma educativa que prepara el Ejecutivo, y CiU ha dicho que parece que lo que se desea es "controlar" el currículum del alumnado. Es una "ofensiva total contra el Estatuto de Catalunya", según el grupo catalán, que ha definido la propuesta como "ideológica" y "un paso atrás en las competencias autonómicas".

El grupo socialista, por su parte, ha afirmado que "sobra" la propuesta porque ya existen pruebas evaluadoras para los alumnos, y que lo que parece que pretende el PP con esta nueva iniciativa es buscar un ránking de centros.

Por último, la citada comisión ha aprobado otras dos proposiciones no de ley más: una sobre la promoción de la internacionalización y modernización de las universidades españolas con apoyo económico público y privado (propuesta por el PP) y otra sobre la revisión de la política de gobernanza de la Universidad (propuesta por CiU). 

En cambio, se han rechazado las relativas a la atención educativa de la diversidad afectivo-sexual y contra la homofobia en el sistema educativo (de Izquierda Plural); facilitar la liquidez de las universidades (del PSOE); y la homogenización de sueldos de los profesionales de la escuela concertada con la escuela pública (de UPyD).