Las cargas policiales indignan a la comunidad educativa

Las protestas en Valencia contra la "brutalidad policial" y contra los ajustes emprendidos por la Generalitat en servicios públicos como la educación y la sanidad no cesan; más bien al contrario, van en aumento según pasan los días. Ayer volvieron a ser los estudiantes quienes se concentraron en la capital del Turia para exigir la libertad de los ocho detenidos en las protestas estudiantiles del pasado jueves. Los gritos pidiendo la libertad para los jóvenes se unieron a los de aquellos que reclamaban más dinero para educación y menos para financiar grandes eventos como las carreras de Fórmula 1.

Las protestas, a las que se unieron representantes de los partidos de izquierda en la oposición, profesores, padres y jóvenes, entre otros colectivos, se saldaron con otros seis detenidos por desorden público, resistencia y desobediencia a la autoridad. Dos de ellos, además fueron acusados de atentar contra la autoridad. Las manifestaciones de ayer fueron más numerosas que las de otros días, estimuladas en parte por las imágenes que se divulgaron el jueves a través de las redes sociales de las cargas policiales a menores y estudiantes de bachillerato.

Las protestas se saldaron ayer con otros seis detenidos en Valencia

"Es imposible quedarse sin hacer nada. Lo que he visto por internet me parece atroz, policías pegando a niños, pero ¿qué está pasando?", se preguntaba Alfonso, un profesor de un colegio de Valencia que lleva varias semanas concentrándose en su centro educativo contra los recortes de la Generalitat. Los mismos recortes que han hecho que, por ejemplo, en un instituto de El Cabanyal "no haya ni material para los cursos de formación profesional, así que los del módulo de carrocería sólo estudian teoría", explicaba por su parte Pablo González, alumno de ese centro.

Como respuesta a esta situación, y a la "desmesurada" actuación policial, cerca de 500 personas se concentraron ayer ante las puertas del Instituto Lluís Vives, epicentro de las protestas desde el miércoles, cuando la Policía dispersó la concentración y, según el testimonio de los jóvenes (la mayoría de ellos menores de edad), "actuaron con dureza, cogiendo a niños en volandas, pegando puntapiés en las piernas y dando puñetazos", según relatan Alberto y Almudena, a la que han denunciado por "desobediencia y desa-cato a la autoridad". "No hice nada", se defiende, "sólo ayudar a mis dos mejores amigos que estaban a punto de recibir una brutal paliza, la que le dieron a otro chico".

Ayer la concentración llegó hasta las puertas de la comisaría, donde pasaron la noche los detenidos. Allí, un cordón policial de antidisturbios cercó a los jóvenes que acudieron para pedir su libertad e identificó a cerca de cien personas. Además, en ese momento se produjo la detención de otras seis personas. Tras el incidente en la comisaría, los manifestantes acudieron a recibir a los ocho detenidos del jueves, que prestaron declaración ante el juez y fueron puestos en libertad tras pasar 36 horas en dependencias policiales.

"La Policía actuó pegando puntapiés y dando puñetazos", dice una alumna

Los partidos de la oposición ya han pedido explicaciones a la Delegada del Gobierno Paula Sánchez de León, quien, en un comunicado, se limitó a mostrar su apoyo a la actuación policial.

Pero los escolares no son los únicos descontentos y que están en pie de guerra contra los recortes y el despilfarro del Consell que presidía Francisco Camps y que ha dejado una herencia envenenada al actual presidente, Alberto Fabra, también del PP. Los farmacéuticos, reunidos en asambleas el jueves por la noche, han decidido lanzar un ultimátum al Gobierno valenciano y anuncian paros de tres días si no reciben dinero antes de que termine este mes.

Las farmacias valencianas empezarían los paros los días 1, 2 y 3 de marzo en caso de que el Consell no pague la factura de diciembre a finales de febrero, medida que volverán a adoptar los días 13, 14 y 15 de marzo si no cumple el siguiente pago previsto para el 8 de marzo. La Generalitat Valenciana actualmente les debe a las 1.800 oficinas de farmacia cerca de 400 millones de euros, que corresponden a la facturación de los últimos cuatro meses de las recetas a cargo de la sanidad pública.

Los farmacéuticos se quejan de que, si no se cumplen los plazos de retribución, "no se pueden asumir por parte de las oficinas de farmacia ni los pagos a la distribución, ni a los laboratorios, ni a los bancos, ni a los empleados". El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Castellón, Jesús Bellver, va más allá y advierte que "las boticas de la provincia se quedarán sin medicamentos por falta de suministro" si el Gobierno regional no paga ya lo que les adeuda.

Por su parte, el vicepresidente y portavoz de la Generalitat Valenciana, José Císcar, les ha asegurado a los farmacéuticos que, "en el mismo momento" en el que tengan el préstamo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que han solicitado al Gobierno central, pagarán los 120 millones de euros que ya debían haber recibido. Si este crédito no llega antes de fin de mes, las farmacias acabarán cerrando sus puertas.