Tres meses después de la entrada en vigor de la Ley del Aborto, cumplidos ayer, la objeción de conciencia sigue sin estar regulada. Y la situación no parece que vaya a cambiar, a tenor de la falta de iniciativa de las comunidades autónomas, que han cedido la tarea a los colegios médicos.

Sólo Castilla-La Mancha (PSOE) ha regulado por ahora qué profesionales y en qué circunstancias podrán negarse a practicar un aborto alegando que es contrario a sus creencias. Eso sí, ha abierto la puerta a que los médicos de familia puedan objetar, contrariando de esta forma la ley.

La orden que aprobó el gobierno castellano-manchego en julio acotaba el derecho a objetar a los profesionales 'directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo', es decir, 'especialistas en ginecología y obstetricia, en anestesiología y reanimación, los diplomados en enfermería y las matronas'. Estos son los supuestos que, implícitamente, marca la ley.

No obstante, el Gobierno regional ha tenido que recular y ha acabado reconociendo el derecho de los médicos de familia a objetar, después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJCM) haya abierto la puerta a esta posibilidad. El ejecutivo regional tomó esta decisión después de que la semana pasada, el TSJCM decidiera suspender cautelarmente la orden autonómica por una reclamación del Colegio de Médicos de Toledo.

El consejero de Salud de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, reconoce que el auto es 'prudente' y que se 'ajusta a derecho', según publica la página web de la Organización Médica Colegial (OMC).

La Ley del Aborto reconoce por primera vez de forma explícita el derecho de los profesionales sanitarios a objetar. Pero delimita que sean aquellos 'directamente implicados' en la interrupción del embarazo. Los médicos de cabecera son los encargados de rellenar los formularios para derivar a las mujeres que quieran abortar a las clínicas. También deben entregar a las mujeres los sobres con información sobre los riesgos que conlleva un aborto y las alternativas, como las ayudas a la maternidad.

La norma también insta a la administración a articular el derecho 'en un desarrollo futuro'. El Ministerio de Sanidad ha delegado en las autonomías y estas excepto Castilla-La Mancha en los colegios médicos.

La OMC defiende que se abra un debate sobre qué profesionales pueden objetar. El presidente de la Comisión de Deontología, Marcos Gómez, asegura que muchos médicos de familia se declaran objetores porque consideran que los sobres que se dan a las mujeres están incompletos.

Gómez reclama diálogo. En Andalucía y Extremadura, por ejemplo, han eliminado el deber del médico de familia de tener que firmar el parte para derivar a la mujer a una clínica. De esta forma, han evitado que estos profesionales quieran objetar.

Por su parte, Antonio Hidalgo, de la Sociedad de Médicos de Atención Primaria (Semergen), asegura que no se puede objetar a informar a la mujer y a entregarle un sobre informativo, aunque defiende el derecho individual del médico generalista a no firmar un parte.